Entre ametralladoras y lanzagranadas: más de 445,000 armas de guerra quitaron de manos del crimen organizado y maras

San Pedro Sula, Honduras.

Se estima que la vinculación de armas con factores de riesgo e incidencia es de más del 70% sobre las muertes violentas que ocurren en Honduras, utilizándose armas de fuego como instrumento principal, sin contar con las personas que resultan heridas.

La legislación actual está desactualizada en cuanto a un control riguroso de armas, municiones y explosivos que se mueven en el mercado hondureño, sobre todo aquellas confiscaciones asociadas a estructuras criminales, concluyen expertos.

Las armas que ha decomisado durante años la Policía hondureña representan números impresionantes y golpes millonarios a la operatividad del crimen organizado, bandas independientes y sobre todo contra la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha, las más estructuradas en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Datos oficiales que conoció LA PRENSA Premium detallaron que de enero de 2013 al 16 de agosto de 2022 se decomisó un total de 3.1 millones de armamento.

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De la cifra anterior, el informe mostró que se quitaron 445,220 armas de guerra en todo el país, además de contuso cortantes (hachas, sables y otras), cortantes (navajas, cuchillos y más), punzantes (varillas puntiagudas, puntas o cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico o redondo y con punta), chimbas (son artesanales, pero letales), escopetas (arma de seguridad privada y para uso en unidades especiales), pistolas, proyectiles, revólveres, tubos y garrotes.

En el período de tiempo analizado se identificó que por encima de todos los departamentos, Santa Bárbara reportó casi 500,000 requisas de este tipo, seguido de Olancho con 346,850 y Lempira con 338,653.

Sorprendentemente y contrario a lo que se pensaría, no son San Pedro Sula ni el Distrito Central los municipios donde más reportes hubo, las estadísticas mostraron que la ciudad el que encabeza más incidencias relacionadas al decomiso de armamento es Santa Rita, Yoro, que registró 48,465, le siguieron Olanchito, Yoro, con 36,450 y San Marcos, en Ocotepeque, con 35,101.

Las autoridades policiales indicaron escuetamente que durante 2018, 2019 y 2020 fueron los años cuando mayores decomisos hubo en el territorio nacional.

Una fuente que estuvo durante mucho tiempo ligada a la seguridad pública, pero que pidió omitir su identidad, comentó que “según los estándares internacionales, lo decomisado debe ser destruido o almacenado, pero aquí vuelven a recircular. De hecho, no recuerdo cuándo fue que destruyeron armas, pues acostumbran a robarlas, a reportarlas como perdidas e incluso suelen ser asignadas a instituciones de seguridad del Estado, pero el principal problema es que muchas no son del calibre permitido para uso oficial, por lo que algunas terminan en manos de empresas de seguridad”.

Hay una brecha distante entre decomisos de armas a estructuras criminales y comisos de evidencias a particulares que hayan cometido delitos como homicidio.

El reglamento demanda que las armas decomisadas a grupos delincuenciales debe enviarse inmediatamente al Ministerio Público (MP) para que las presenten durante el juicio como evidencias y tras finalizar la etapa judicial deben pasar a un almacén del ente fiscal.

Mientras tanto, cuando se trata de comisos a individuales, en algunos casos se suelen reasignar a personal de seguridad de instituciones como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía o en su defecto se llevan a un almacén especial del MP.

“En el pasado las armas quedaban en manos de la Policía, pero todo cambió por problemas como la venta de armas. Es una gran cantidad de armas decomisadas todos los años, por ejemplo, hay artefactos explosivos o de grueso calibre que son de uso exclusivo de Fuerzas Armadas por ser equipo de guerra, entonces pasan a la Compañía de Logística del Ejército”, ejemplificó el criminalista Gonzalo Sánchez.

“El Ministerio Público está obligado a custodiar las armas, pero eso no quiere decir que eviten llegar a manos de organizaciones criminales, de hecho hay tráfico de armas mayormente en las aduanas, ya que les hacen buenas ofertas, ellos al final son humanos y pueden sucumbir”, apuntó el experto.

Para el analista en seguridad, el general en condición de retiro, Luis Maldonado, “es extraño que Cortés, siendo el segundo círculo de criminalidad, no repunte en las cifras oficiales, siendo un circuito donde se mueve mucha arma ilegal”.

Sobre la circulación masiva de armas de guerra, el especialista opinó que “siempre se ha sabido de la conexión entre las instituciones de seguridad y justicia y el crimen organizado. No se descarta que hayan recirculado tras su decomiso, no sé a cuánto asciende, pero sí es una realidad que se da”.

“El trafico de armas es un delito internacional y después de la guerra fría quedo mucho armamento bélico”, agregó Maldonado.

Los especialistas consultados concordaron que todo el arsenal sustraído durante los últimos 10 años en Honduras no representa un golpe real para el crimen organizado ni maras y pandillas, ya que estas poseen el suficiente dinero para adquirir armamento de todo calibre a través del contrabando.

Pese a que la Secretaría de Seguridad pregona que los controles en las aduanas del país son ahora más rigurosos, el crimen organizado continúa ingeniándoselas para traficar armas especialmente por puntos ciegos e incluso en varios casos frente a sus “narices” sin que los oficiales de fronteras se den cuenta.

El crimen organizado y las maras y pandillas han pasado a usar armas características de ejércitos en guerra, explosivos y artefactos de tecnología sofisticada, para desarrollar sus actividades ilegales. Su armamento representa una amenaza potencial contra la seguridad.

Otro reporte competencia de Aduanas de Honduras al que accedió LA PRENSA Premium develó que apenas 299 armas fueron interceptadas entre años los 2010 y julio de 2022.

El listado arrojó que entre los hallazgos figuraban escopetas, fusiles, pistolas, revólveres, chimbas y ametralladoras. Los mayores decomisos se registraron en aduanas de Choluteca, Trojes, El Paraíso; Omoa, Cortés; y Bonito Oriental, Colón.

El rotativo contactó al departamento de comunicaciones de la Policía para tener sus impresiones acerca de la circulación masiva de armas, pero no se recibió respuesta al cierre de esta edición.