Desaparecieron más de 100 armas de la Policía: fusiles, pistolas y lanzagranadas

No es noticia nueva que durante años se ha capturado con droga a cabecillas e integrantes de menor rango de la Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y demás estructuras independientes que operan a sus anchas en el país, pero la principal utopía radica en que varios han sido localizados con armas e indumentaria policial que fuentes oficiales desconocen cómo llegaron a sus manos.

Información obtenida por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y un análisis propiamente elaborado desvela que en los últimos 12 años y medio (2010-agosto 2022) la Policía Nacional, a través del Departamento de Armería y Municiones, registró el desaparecimiento de 115 armas orgánicas (institucionales).

Entre el armamento perdido figuran pistolas y fusiles de diversos calibres, marcas y modelos, así como una lanzagranadas que suele ser utilizada por miembros de Fuerzas Especiales, Antidisturbios/Antimotines y militares. Del total, la Policía apenas recuperó 28 y varias de estas las usaban estructuras delincuenciales.

Según se conoció, dos de las armas policiales fueron hurtadas durante 2017 en el almacén de evidencias del Ministerio Público que opera en la ciudad de Tocoa, otras dos que fueron decomisadas el 9 de julio de 2020 en Tegucigalpa y luego sustraídas por razones desconocidas, fueron encontradas en fechas distintas durante el 2021 en poder de miembros de grupos organizados en el departamento de Cortés.

Por otro lado, sobre 16 armas decomisadas el 12 de abril y que fueron solicitadas en devolución durante el 2021, se supo que el Ministerio Público informó que ya no estaban en el módulo administrador de archivos, evidencias y documentos históricos que funciona en la capital.

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Un oficio con No. 4867-2022 muestra que hubo 81 personas de la Policía detenidas e investigadas por suponerlas responsables de la ausencia de múltiples armas de fuego entre 2019 y los primeros ocho meses de 2022. Un total de 10 miembros fueron cancelados tras un exhaustivo proceso interno: cinco en 2021, dos en 2020 y tres en 2019.

Los datos corresponden a indagaciones realizadas por la Dirección de Policía, ya que antes de la vigencia de la Ley de la Carrera Policial (2018 hacia atrás) cada una de las direcciones y unidades policiales a nivel nacional gestionaba los procesos disciplinarios del personal.

Por otro lado, un informe de la Unidad de Administración y Custodia de Evidencias y Expedientes de la Fiscalía muestra que 43 armas de fuego, que no necesariamente eran de la Policía, desaparecieron en el mismo período de tiempo de sus almacenes: siete en Siguatepeque en 2013, cinco en Santa Bárbara durante 2014, dos en Tela en 2018, una en Danlí en 2018 y finalmente en Tegucigalpa fueron 28 armas entre 2018 y 2022.

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) notificó a este rotativo que entre 2018 y agosto de 2022 recibieron 111 expedientes (105 hombres y seis mujeres) por extravío de armas por parte de funcionarios policiales que correspondían a un policía técnico, 94 agentes, un clase I, tres clase II, dos clase III, cinco subinspectores, cuatro inspectores y un subcomisario.

Bases de datos de procesos penales cotejados apuntan a dos casos en donde los imputados sustrajeron armas de fuego en la postal policial de El Triángulo, Trujillo, Colón, así como en la UDEP No. 1, La Ceiba, Atlántida. Ambas personas fueron condenadas por hurto agravado y hurto de armas de fuego de la Secretaría de Segurida; la Didadpol recomendó su cancelación de acuerdos de nombramiento.

Omar Rivera, exintegrante de la Comisión Depuradora de la Policía, consideró que en el desaparecimiento de las armas incidieron factores que combinados pueden generar un “un cóctel terrible” en cuanto a seguridad.

El analista afirmó durante entrevista que “existe una deficiencia administrativa de la institución policial al no tener control de sus inventarios, también a lo largo de los últimos años se creó dentro un clima de solidaridad y tolerancia donde si se extraviaban armas no había sanciones reales”.

Rivera cuestionó, además, “la impunidad y débil investigación, da pesar que se hayan extraviado tantas armas y otros artefactos y no investigaran para saber dónde finalmente culminaron”.

A la fila de opiniones se sumó la máster en psicología forense y criminología, Seyda Gonzales, quien lamentó la falta de controles que existe al interior de los cuerpos de seguridad del país.

“Deben implementar un plan efectivo para registrar las armas que manejan. Lo más triste es que a la fecha no hayan deducido suficientes responsabilidades penales ni administrativas como corresponde”, sostuvo la entrevistada.

A criterio de la experta y académica, a lo interno de la institución policial habría personas que están siendo amenazadas o quizá manipuladas para “trasegar” las armas que desaparecieron “por arte de magia”.

Entretanto, Reina Rivera, consultora en seguridad pública, subrayó que “el extravío de armas institucionales siempre es un tema de preocupación por su vínculo con hechos delictivos o crimen organizado para generar una sensación de que la responsable de la criminalidad es precisamente la autoridad y eso vuelve difícil la persecución del delito”.

La profesional del Derecho puntualizó que esto está asociado con el deficiente control de armas en almacenes y en las distintas estaciones policiales donde usualmente no hay medidas rigurosas y donde particulares o personal de alto rango puede ingresar sin que los encargados lo eviten.

Al ser consultada sobre las armas almacenadas en el Ministerio Público y que luego desaparecieron, la analista comentó que “sí pueden llegar armas policiales, de hecho se suele hacer para analizarlas ante alguna investigación en curso”.

El manual de procedimientos de la Policía detalla que antes de entregarse las armas deben llevarse a Registro Balístico Nacional de la Dirección Investigaciones (DPI) y el proceso lo realiza el departamento de Armería y Municiones.

Para asignar armas de reglamento y munición se pide entre otros requisitos: número de solicitud, identidad, acuerdo de nombramiento y acuerdo interno de Recursos Humanos. El acta de entrega de armas es el único documento que acredita la asignación para uso policial, la cual debe contener entre otros: lugar y fecha de entrega, firmas del jefe de almacén de armería y de quien recibe.

El director de Logística, directorio estratégico y direcciones nacionales deben actualizar el inventario de armas asignadas a todo el personal, incluyendo las extraviadas y en calidad de comiso con su respectivo soporte. Además, están facultados para programar semanalmente las inspecciones agendadas o imprevistas.

El silencio de la institución armada y se seguridad impide saber con certeza si estas armas perdidas podrían eventualmente haber caído en su mayoría en manos de criminales, pues únicamente aseguraron mediante una solicitud enviada que “fueron extraviadas por nuestros funcionarios y luego robadas por personas ajenas en casos asociados con enfrentamientos, accidentes viales, robos y hurtos”.

LA PRENSA Premium pidió a su sección de Comunicaciones una declaratoria de respuesta oficial ante lo ocurrido con el armamento, sin embargo, no hubo respuesta alguna al cierre de esta edición.