500 policías antiextorsión tendrá Honduras

SAN PEDRO SULA

Un presupuesto de más de 134 millones de lempiras para el salario de 500 policías será asignado a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) como parte del plan estratégico en contra de las extorsiones.

Sumado a lo anterior, la Policía Nacional tiene un plan de crecimiento institucional con una proyección de incorporar dos mil funcionarios policiales al año, pues aseguran que Honduras debe tener como mínimo 30,000 policías y actualmente solo cuentan con 18,500 uniformados.

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En ese sentido, las autoridades policiales estiman que con estas altas en los próximos cuatro años se llegaría a una fuerza de 25,000 policías a nivel nacional para todas las dependencias.

De los 2,000 agentes policiales que pretenden graduar en los próximos meses, 500 serán asignados a la lucha contra la extorsión y crimen organizado de la Dipampco en las diferentes regiones del país.

El Plan Integral para el Tratamiento de las Extorsiones requiere un presupuesto adicional de 60 millones de lempiras para otros funcionarios adicionales.

También contempla 5 millones de lempiras para capacitación, así como 26.7 millones para equipo táctico y una inversión de equipo tecnológico por un valor de 618 millones de lempiras.

Además, estipulan el alquiler de 200 vehículos, para lo cual requieren 135 millones de lempiras.Asimismo, se incluyen líneas presupuestarias para pagar gastos de gasolina, viáticos, arriendo de edificios, pago de información y gastos de funcionamientos.

En el presupuesto total del plan, que ya comenzó con la fase de acciones operativas, asciende a exactamente 1,095,068.84 lempiras.

Las autoridades afirman que entre las primeras acciones habilitaron operaciones de la Dipampco en Santa Rosa de Copán, Copán; La Esperanza, Intibucá; Tocoa, Colón; y Danlí, El Paraíso.

Ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca ya contaban desde hace varios años con las oficinas donde los ciudadanos pueden recurrir a interponer las denuncias de extorsiones.

En las ciudades donde recién asignan personal de la Dipampco no han habilitado oficinas, pues las autoridades aseguran que es un proceso.

Esas oficinas deben estar separadas de las instalaciones policiales como en el resto de las ciudades, pues las víctimas de extorsión llegan a interponer las denuncias así como a recibir asesorías cuando son amenazados.

Por ahora, los agentes realizan operativos en las terminales de buses así como en las calles en el caso de Santa Rosa de Copán.

Según el plan estratégico antimaras, en la ultima década han sido detenidos 10,239 miembros de estructuras criminales, de los cuales 10,120 eran de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha.

El sistema penitenciario actualmente registra una población de 19,617 privados de libertad, distribuidos en los 25 centros penales y un anexo habilitado en el primer Batallón de Infantería.

Los centros con mayor hacinamiento son la Penitenciaría Nacional de Támara, donde hay 4,590 reos, y el Centro Penal de Siria, con 2,530 reclusos. Ambos concentran el 36.29% de la población penitenciaria total.

Según datos estadísticos obtenidos de las bases de los centros penales, 2,368 privados de libertad están en el módulo de la Pandilla 18 y 1,289 en el módulo de la MS- 13.

Se estima que hay en promedio tres pandilleros libres por un privado de libertad, según el informe de la Policía, por lo que se estaría ante una población aproximada de 11,500 miembros activos de pandillas.

Para las autoridades policiales, los vacíos legales impiden actuar a los operadores de justicia, además limitan el acceso a tecnologías de última generación a lo interno de las cárceles en el país, lo que ha permitido a los privados de libertad la materialización de delitos como el tráfico de drogas, extorsión y otros delitos graves.

Para el combate contra las extorsiones en todos los rubros la Policía pretende sumar a instituciones como Ministerio Público, jueces con jurisdicción nacional, Registro Nacional de las Personas (RNP), Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Instituto de la Propiedad, entre otros.

Otra acción fue la suspensión de garantías en los barrios más conflictivos y aunque en muchos municipios afectados por las extorsiones no hay restricciones de los derechos, la Policía no descarta que sean agregados a medida que se desarrolla el plan estratégico.