Este es el estribillo escuchado habitualmente cuando queda al descubierto algún escándalo o cuando la sapiencia o deficiencia del funcionario genera irregularidades que, aunque deslumbre la evidencia, están de acuerdo a la ley mientras no se demuestra lo contrario y ya se sabe cómo se encuentran rincones que transforman el silencio en barreras.
La historia del Registro Nacional de las Personas, “institución de seguridad nacional”, se va escribiendo durante décadas con “sangre, sudor y lágrimas” de los hondureños por sus deficientes servicios, por la endémica escasez de recursos con que es apoyado y por la contaminación de la política partidaria con activistas y con el manejo de la documentación en los períodos electorales.
Lo último proporcionado por el RNP es el anuncio del cierre de oficinas, pues no hay fondos para pagar los alquileres de unas 280 de las 310 en las que trabajan unos 1,500 empleados, cuya planilla absorbe la mayor parte del presupuesto. Nada extraño que no haya papel, por lo menos a la vista; que las impresoras reclamen tinta para no oxidarse; o que los dueños de los inmuebles exijan el cumplimiento de los contratos, lo de la Enee, Hondutel o el IHSS es parte del mismo capítulo.
“No queremos llegar al extremo de cerrar, pero si no tenemos ningún apoyo, tendríamos que cerrar oficinas”, es la síntesis proporcionada por Gerardo Martínez, subdirector técnico de la institución en contraste con lo que no hace mucho proponían los ejecutivos: nueva cédula de identidad para lo cual, sin duda, se requeriría además tecnología de punta.
Hoy el mensaje cambia a supervivencia con una propuesta de solución que repite el estribillo “todo con la ley”. Abrir la puerta, eso sí, no del todo, para que a la documentación, calificada de seguridad nacional, en la que se halla contenida la existencia y el estado legales de cada hondureño, pueda acceder la banca.
Y es que, según Jorge Reina García, director del RNP, el organismo es “al mismo tiempo una institución de servicio”, lo que no explica es que este es para los propietarios de los datos proporcionados en custodia, como en caja fuerte, al Estado. La venta, parcial o regulada, no será más que abrir total y oficialmente la puerta para que la información individual, como está ocurriendo ya, entre plenamente en la pugna por el mercado y en las estrategias comerciales con un deterioro mayor de la tranquilidad e intimidad de los hondureños.
La petición de datos, como excepción, debe tener su vía legal con un mandato judicial, porque no convence que “la consulta de la base de datos” en ningún momento sea una entrega. Protejamos lo que queda de “seguridad nacional” en el RNP y no permitamos que sigan traficando con la intimidad personal.
