Para reducir los elevados niveles de inseguridad, particularmente, aunque no de manera exclusiva, en los centros urbanos, sin excluir las zonas rurales, es necesario integrar la acción represiva del Estado con medidas paralelas de prevención y fortalecimiento de los distintos órganos y dependencias oficiales.
Tal es el consenso entre distintos juristas hondureños especializados en la rama penal, proponiendo la integración simultánea de diversas medidas en un todo, si es que se desea obtener resultados concretos y medibles en el corto, mediano y largo plazo.
La población demanda hechos antes que meros enunciados verbales. Honduras se encuentra entre los países latinoamericanos más peligrosos para la integridad de las mujeres y ambientalistas, permanentemente expuestos a ser agredidos y asesinados. Coinciden en que las reformas penales aprobadas, por sí solas, son insuficientes, y requieren ser complementadas con un paquete holístico recíprocamente vinculante.
Entre otras medidas señalan las siguientes: ataque sostenido y permanente en contra de la corrupción, a todos los niveles, que haga posible el fin de la impunidad; el saneamiento del sistema judicial, infiltrado por el crimen organizado, que bien soborna o amenaza, creando tribunales especializados integrados por personal idóneo, tanto en lo profesional como en lo ético.
Fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, incluyendo al asignado a los centros penales, los que deben contar con personal previamente investigado y profesionalizado, devengando emolumentos acordes con sus responsabilidades.Mejora significativa en la investigación criminal, para lo cual la comunidad internacional puede colaborar de manera significativa con entrenamiento técnico, dotación de laboratorios, cámaras de vigilancia, perros detectores de drogas, armamento disuasivo, logística.Coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. La debilidad e inconsistencias en la elaboración y presentación de requerimientos fiscales resulta en la no efectividad para poder comprobar la culpabilidad del o de los imputados, por lo cual no son condenados, otorgándoseles cartas de libertad que inducen a perpetrar renovadas acciones delictivas.También se plantea la revisión de la actual legislación penitenciaria y realizar un censo de la población recluida en centros de detención, reclasificándola de acuerdo al grado de peligrosidad y gravedad de los delitos perpetrados.Durante la gestión del expresidente Ricardo Maduro se prometió la aplicación de una estrategia de “cero tolerancia” con el delincuente. Lamentablemente, los resultados obtenidos fueron muy limitados.Hoy se busca retomar y mejorar tal enfoque, mismo que para ser efectivo debe ser integral, sostenido e incluyente para superar las contraofensivas lanzadas por el hampa y el narcotráfico, cada vez más poseedor de recursos humanos y materiales que le facilitan el creciente control territorial a distintas regiones de la nación.
