La tensa situación en Nicaragua y la condena de la comunidad internacional por el peligroso nivel de represión contra la oposición al régimen de Daniel Ortega están terminando de echar por la borda las esperanzas que mantenían sectores políticos en las elecciones generales del 7 de noviembre.
Las actuaciones irracionales que han persistido contra medios de comunicación, estudiantes que han protestado en las calles y de organizaciones civiles que han sido críticas ya adelantaban el endurecimiento hacia los partidos de oposición en la recta final a los comicios de noviembre, aunque pocos fueron capaces de vislumbrar la escalada de estas acciones, que han llegado a la persecución penal de candidatos a la Presidencia. Esos tristes y condenables acontecimientos han dejado en claro que el orteguismo no está dispuesto a dejar el poder, así no tenga el respaldo popular y se moleste el planeta entero.
Igual ha quedado claro que para la familia Ortega la reputación internacional está sobrevalorada y que han decidido seguir en un gobierno que se aísla, enfrentando condenas y sanciones que terminarán dañando a todo el país.
Al gobierno del presidente Daniel Ortega —en el poder desde el 2007— se le ha venido acusando de haber desmantelado a las instituciones democráticas, silenciado a la disidencia más crítica y construido un andamiaje con sus allegados, una estrategia que le permite controlar toda la institucionalidad nicaragüense, desde la Suprema Corte, la Asamblea Nacional hasta instituciones electorales. “Todas las piezas para armar una dictadura”, alertan analistas políticos.
Con ese entramado se aprobaron reformas electorales y las dos leyes que facilitaron los procesos judiciales para encausar a los opositores, comenzando por Cristiana Chamorro, la candidata que es favorita en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales. Sin ella en la boleta le queda la vía libre a Ortega, que busca su cuarto mandato consecutivo.
Esas iracundas acciones penales para frenar a la oposición, que sorprendieron al mundo esta semana, sumadas al hostigamiento contra la prensa, críticos y líderes sociales, “siguen socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes”, han sentenciado organizaciones de derechos humanos, que llaman a la comunidad internacional a sumarse en la defensa de la democracia que, ahora mismo, pende de un hilo en Nicaragua.
