Los presidentes de la mayoría de los países de América del Sur han decidido acabar con Unasur, el club de países gobernados por regímenes de izquierda de la pasada década, y crear una nueva entidad, de la que, por supuesto, han dejado fuera a Venezuela, porque el régimen de Maduro no comparte los principios democráticos ni las políticas de libre empresa que profesan los gobernantes de estas naciones.
Esta exclusión cierra aún más el cerco alrededor del chavismo, que se ha quedado con pocos amigos en el continente y al que solo han decidido extender la mano otros gobiernos en naciones en las que o tienen un muy particular concepto de democracia o en las que principios como libertad de prensa o respeto a los derechos humanos son, prácticamente, desconocidos, como en los casos de Rusia y China, u otros, como Turquía o Irán, que están dirigidos por miembros de partidos políticos de inspiración religiosa que no ven con simpatía el disenso o la libertad de pensamiento.
Esta exclusión de Venezuela también tiene sentido porque no se puede volver la mirada hacia otro lado mientras los habitantes de un país vecino sufren hambre, persecución, cárcel y exilio. En momentos como el que están atravesando ahora los venezolanos es en los que más se valora la coherencia y la solidaridad de los pueblos democráticos.
Ya bastante hemos tenido en Latinoamérica con el caso cubano, en el que todo un pueblo ha sido sometido, a lo largo de sesenta años, a una dictadura de familia y de partido, mientras otros estados, formalmente democráticos llegan, incluso, a buscar congraciarse con la dictadura.
La historia de la humanidad ha sido testigo de situaciones penosas en las que crueles tiranías han sido toleradas y contra las que no se actuado por una especie de respetos humanos que carecen de toda justificación; genocidios auténticos no han recibido la condena unánime de gobernantes tibios que han permanecido indiferentes ante el sufrimiento y la opresión ajenas.
El antecedente que se está sentando, gracias a la valentía de Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay y Perú, debe servir como patrón de conducta para la futura convivencia entre los estados de la región. Cuando un gobierno, como el de Nicolás Maduro, violenta los derechos de los ciudadanos de su país, el resto de los países deben asumir una conducta más digna y que evidencie un interés por preservar la democracia. De lo contrario, el devenir puede depararnos desagradables sorpresas. Es cuestión de principios.
Esta exclusión cierra aún más el cerco alrededor del chavismo, que se ha quedado con pocos amigos en el continente y al que solo han decidido extender la mano otros gobiernos en naciones en las que o tienen un muy particular concepto de democracia o en las que principios como libertad de prensa o respeto a los derechos humanos son, prácticamente, desconocidos, como en los casos de Rusia y China, u otros, como Turquía o Irán, que están dirigidos por miembros de partidos políticos de inspiración religiosa que no ven con simpatía el disenso o la libertad de pensamiento.
Esta exclusión de Venezuela también tiene sentido porque no se puede volver la mirada hacia otro lado mientras los habitantes de un país vecino sufren hambre, persecución, cárcel y exilio. En momentos como el que están atravesando ahora los venezolanos es en los que más se valora la coherencia y la solidaridad de los pueblos democráticos.
Ya bastante hemos tenido en Latinoamérica con el caso cubano, en el que todo un pueblo ha sido sometido, a lo largo de sesenta años, a una dictadura de familia y de partido, mientras otros estados, formalmente democráticos llegan, incluso, a buscar congraciarse con la dictadura.
La historia de la humanidad ha sido testigo de situaciones penosas en las que crueles tiranías han sido toleradas y contra las que no se actuado por una especie de respetos humanos que carecen de toda justificación; genocidios auténticos no han recibido la condena unánime de gobernantes tibios que han permanecido indiferentes ante el sufrimiento y la opresión ajenas.
El antecedente que se está sentando, gracias a la valentía de Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay y Perú, debe servir como patrón de conducta para la futura convivencia entre los estados de la región. Cuando un gobierno, como el de Nicolás Maduro, violenta los derechos de los ciudadanos de su país, el resto de los países deben asumir una conducta más digna y que evidencie un interés por preservar la democracia. De lo contrario, el devenir puede depararnos desagradables sorpresas. Es cuestión de principios.
