Con la detención y enjuiciamiento de algunos de los integrantes de la junta directiva, durante cuya gestión se cometió una serie de irregularidades en el Seguro Social, la novela, que lleva varios años de transmisión, continúa. Hasta ahora, los personajes que guardan prisión son pocos y no hay absoluta certeza sobre los niveles de responsabilidad de cada uno de ellos e, incluso, si no hay culpables por encima del doctor Mario Zelaya, sobre quien ha caído el mayor peso del escándalo.
Las acusaciones en contra de esa junta directiva han sido hechas en relación con el traslado de una gran cantidad de millones de lempiras que debieron servir para cubrir pensiones y compras de medicamentos, pero se utilizaron para la compra y reparación de maquinaria. Se les acusa de abuso de poder y de incumplimiento de funciones que el Estado delegara en ellos. En este caso concreto, dentro de toda la maraña que rodea los casos de corrupción en el IHSS, habría que tener cuidado por lo menos en tres detalles. El primero es que las juntas directivas del Seguro y de otras entidades públicas son integradas por representación. En un afán por elevar los niveles de transparencia se convoca a la empresa privada, al sector obrero o a los colegios profesionales a formar parte de ellas. De ahí que habría que dilucidar si la culpabilidad es solo del representante o incluye a los representados, puesto que los primeros no actúan en nombre propio, sino en el de una entidad. Segundo: las juntas directivas de estas instituciones suelen decidir a solicitud de las gerencias; es decir, el gerente o presidente les presenta una necesidad y les solicita atenderla. Como los miembros de la junta que actúan en representación no trabajan a tiempo completo y solo asisten a reuniones convocadas para tomar alguna decisión no conocen a fondo, ni tienen por qué, las particularidades de cada una de las necesidades presentadas. ¿Ligereza? Tal vez, pero casi con toda seguridad ausencia de malicia, puesto que la toma de las decisiones no les ha reportado ningún beneficio personal. Tercero: de meter a la cárcel a los exmiembros de la junta directiva del IHSS tal vez se lograría lanzar un mensaje a los integrantes actuales para que actúen con mayor responsabilidad, pero, a la vez, pondría en guardia a las personas y a las entidades representadas porque nadie va a querer exponerse ahora a situación semejante y, por lo mismo, podrán negarse a integrar o integrarse a este tipo de directivas.
En el fondo, lo que los hondureños queremos es menos espectáculo y mayor seriedad en las denuncias, ya que lo que últimamente hemos tenido ha sido más show mediático y no una rigurosa aplicación de justicia.
