Evo Morales llegó a la Presidencia de Bolivia en la década anterior prometiendo un nuevo aire y oportunidades para los relegados y desposeídos indígenas bolivianos, grupo étnico del que procede.
En días pasados, después de unas polémicas elecciones, interpuso renuncia a su cargo bajo la premisa de no querer el derramamiento de sangre.
Desde lejos no podemos conocer a ciencia cierta todos los elementos y acontecimientos que han llevado a esta crisis institucional en el país sudamericano, pero hay algunas cartas sobre la mesa que sí podemos identificar.
El primero de ellos es que los índices económicos de Bolivia mejoraron ostensiblemente bajo el régimen de Evo, disminuyendo la pobreza extrema, los índices de analfabetismo, el producto interno bruto aumentando, el acceso a la salud y educación universales para las mayorías y otros aspectos importantes que se coadyuvan para fortalecer la economía de una nación.
Pero llegó el año 2016, donde el pueblo boliviano fue llamado a un referéndum para pronunciarse sobre la posibilidad de que el mandatario se postulara a una nueva reelección (prohibida por la Constitución), y ganó el “No”. Aun con todos los índices de desarrollo antes referidos, la ciudadanía se negó a permitir una nueva postulación del líder cocalero.
¿Qué sucedió? Morales fue a la Corte Suprema, que en resolución le dio vía libre a su anhelada reelección. Llegó el día 20 de octubre de 2019 y apareció en pantalla la película ya vista en Honduras, se violenta la Constitución, se fue el sistema, aparecieron los votos rurales y Evo ganó. Los de la izquierda radical alegarán al cansancio que fue golpe de Estado; los de la derecha conservadora y retrograda dirán que fue transición, lo cierto es que Latinoamérica siguen sin levantar cabeza por las polarizaciones ideológicas que no permiten que el Estado de derecho con su institucionalidad sea el marco en el cual se desarrollen nuestras naciones.
