San Pedro Sula, Honduras.
No deja de resultar difícil de aceptar la reacción de la sociedad ante el aumento de la violencia infantil y juvenil tanto dentro como fuera de las escuelas y colegios del país. Por qué difícil de aceptar. Porque este aumento de la violencia infantil y juvenil puede ser una consecuencia lógica de vivir en una sociedad azotada permanentemente por la violencia, con una media de 18 muertes diarias, con una cobertura mediática de la violencia que muchas veces excede el límite de lo tolerable, cómo podemos seguir creyendo que nuestros niños y jóvenes pueden crecer física, socialmente y mentalmente sanos en semejante clima de violencia e inseguridad. Cómo no dejar un espacio para reflexionar acerca de cómo este clima de creciente violencia e inseguridad ciudadana está afectando seriamente el comportamiento de niños y jóvenes, volviendo el tratamiento de estas desviaciones sociales un asunto sumamente complejo.
Si seguimos siendo rehenes de las modas legales, vamos a seguir aprobando leyes que responden a las tendencias del momento, leyes que se aprueban para acallar la conciencia social, escandalizada por momentos, pero que luego caen en el olvido legal y práctico, pues no tienen relación alguna con las causas de la violencia, solo tratando los efectos de una conducta que tiene raíces profundas en el acontecer social del país. En el caso del acoso estudiantil, sea este físico, emocional o sicológico, cuando se presenta de manera grave, es decir cuando va más allá de la molestia tradicional que se puede presentar en un ambiente infantil o juvenil, todos tenemos que acordar que algo está fallando dentro de la cadena de vigilancia y supervisión de los maestros.
Es decir, atribuir una cuota única de responsabilidad a los maestros por el abuso y el acoso sería injusto, pero tenemos que decir que esta cadena de vigilancia y supervisión interna de los centros educativos, cuando falla, es responsabilidad de los maestros, quienes no atienden adecuadamente los síntomas de esta violencia, miran para otro lado cuando las quejas se presentan o no están preparados ni saben cómo reaccionar ante los síntomas claros de violencia, actitudes que se convierten en el caldo de cultivo de la violencia más extrema y sádica.
En una escuela un niño abusador, de reconocida conducta violenta, quien acosaba y atacaba permanentemente a los compañeros fue expulsado hasta que casi ahorca a un niño mucho menor que él.
Las razones para no disciplinarlo o expulsarlo de manera preventiva y correcta. Los maestros no querían problemas con la ley, ni con los padres. Pero es entonces cuando los padres deben reclamar por la responsabilidad de los maestros, ellos son en última instancia responsables de que estas conductas juveniles luego sean criminalizadas, cuando no atienden a las quejas en el momento oportuno, cuando maestros llenos de prejuicios ven las quejas como síntomas de un delator más que de una patología de violencia que tiene que ser atendida; es entonces cuando los padres debemos responsabilizar de esta violencia a las cadenas de vigilancia y supervisión de los centros educativos, pues confiamos nuestros hijos en sus manos y alguna responsabilidad deben tener en al menos no denunciar oportunamente semejantes abusos que muchas veces se cometen bajo la mirada de maestros indolentes y prejuiciados que no reaccionan de la manera que deberían hacerlo. Mientras los padres no apaguen la televisión por unas horas para dedicar más tiempo a sus hijos y los maestros no cumplan su deber, más dinero se tendrá que destinar a abrir cárceles y reformatorios, en vez de dedicarse a prevenir y tratar esta violencia juvenil.
