Otra vez estamos obnubilados por los resultados, al grado que creemos que los mismos resultados – es decir los fines – justifican los medios, irregulares o no. Por lo que irrespetamos la ética y caemos peligrar las instituciones, comprometiendo los intereses patrios. El primero de estos momentos de locura colectiva ocurrió en los ochenta. Los Estados Unidos, en aplicación de su política hacia Nicaragua, adonde se había instalado en 1979 un gobierno hostil, apoyado por Cuba, Libia y la Unión Soviética, nos empujó hacia el irrespeto de la ley. Obligó a la Fusep a cometer actos ilegales, como torturas, desaparición de personas, encubrimiento de cadáveres y destrucción de pruebas. Convencieron a Álvarez Martínez que el mejor comunista era el muerto, por lo que había que eliminar a los sospechosos e incluso a los colaboradores con la guerrilla salvadoreña.
En algún momento, Valvar Martínez, intoxicado por una política diabólica, llegó a decir que prefería librar la guerra en Nicaragua antes que derramar una gota de sangre de un soldado hondureño en territorio nacional. Es obvio – y no se puede disimular– que no se puede luchar contra el delito violando la ley. Irrespetar el Estado de derecho y abandonar el debido proceso para lograr resultados no solo es una irresponsabilidad, sino que una ingenuidad que en algún momento quienes lo hagan deben rendir cuentas. Por ejemplo, los Estados Unidos obligaron a la Fusep a que violara la ley en una operación ilegal para entregar a Matta Ballesteros. Los oficiales implicados todavía están procesados sin que nadie les respalde, moralmente siquiera. (Las violaciones a los derechos humanos no prescriben)
La Ley de Privación de Dominio tiene varios artículos inconstitucionales. Desconoce el principio de inocencia, autoriza el asalto al debido proceso y confisca bienes a los indiciados, los cuales remata en forma cuestionable. De todas las acciones ilegítimas en algún momento los afectados procederán en contra del Gobierno y este –sin llamar a cuentas a los responsables– tendrá que pagar con el dinero de todos. Las reformas aprobadas por el Congreso Nacional no afectan en nada la lucha contra la delincuencia ni protege a nadie más allá de lo que establece la Constitución de la República. Lo que se está haciendo es nada más rectificando para que cuando vengan los reclamos de los afectados –muchos de los cuales ni siquiera han nacido, por lo que no pueden ser culpables por más que se retuerzan las cosas– el Gobierno de Honduras y los implicados en las acciones de hoy tengan formas de defenderse. Cumplir la ley, ¡da seguridad¡.
Hay muchos irresponsables. Con tal de quedar bien con los Estados Unidos violan le ley hondureña olvidando que si hay sociedad en la que se respeta el debido proceso es en la patria de Lincoln. Incluso cuando Trump quiere hacer algo cualquier juez puede descalificar las acciones suyas amparado en el ordenamiento legal, cuyo cumplimiento es la base de la prosperidad de la gran nación del norte.
El Presidente puede vetar la ley. Asumiendo una responsabilidad que no quisiera para mí porque no solo pondrá a prueba su condición de abogado entendido, que cursó Filosofía del derecho en forma presencial, sino que su habilidad política para evitar un descalabro en sus relaciones con el Congreso. Debe asesorarse bien. Buscar abogados fuera de su entorno estudiantil para que lo asesoren. No debe de creerle mucho al encargado de negocios de USA en Tegucigalpa, puesto que da la impresión, además de no ser abogado, que no conoce nada del debido proceso seguido en su país, en el que, por ejemplo, el sistema penal es tan garantista – como lo era el de Honduras en el siglo pasado, tal como me dijera Edmundo Orellana Mercado – que los jueces dictan medidas cautelares para que los acusados se defiendan en libertad. Cosa que aquí no se hace, sino que se condena a los indiciados en los medios de comunicación, se destruye la honra de las personas y se les da un trato desigual a los pobres que, incluso, son obligados a fotografiarse cuando el juez ni siquiera ha iniciado el estudio de sus casos.
Gobernar es prever y evitar condenas futuras.
