La contribución de la empresa privada al desarrollo de Honduras es determinante, su influencia delinea las políticas públicas, legitima los Gobiernos y ejerce presión en cualquier dirección en que sus intereses se vean afectados, algo legítimo y parte del juego de intereses en una democracia participativa. En la crisis poselectoral de 2017, el papel de la empresa privada se mostró conciliador, pero muy enérgico y decidido a solicitar que el Estado se reforme, que los políticos establezcan reglas claras del juego y que las instituciones de despoliticen para que respondan a la Constitución. La lección aprendida para los empresarios es clara, no se puede dejar en las manos solas de los políticos aquellos asuntos de nación, que nos incumben a todos, porque a todos nos afectan. Me parece una lección de vida, interesante, y que si la empresa privada encaminara esfuerzos en la dirección apuntada, podríamos ver una empresa privada comprometida con los intereses más sagrados de la nación y el resultado sería el fortalecimiento de la legalidad y el Estado de derecho. Lo que quiero expresar es que si los empresarios entendieron que no pueden mirar de reojo cuando los políticos manosean la cosa pública, si entendieron que no hay asunto de Estado que nos les incumba, esa actitud de vigilancia, si fuera permanente, nos daría una nación diferente; porque hay momentos en que los empresarios se conforman con las dádivas de los Gobiernos, solapándoles sus abusos contra la ley y la Constitución, por pura comodidad con sus intereses.
Porque hace cinco años la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, alegando la inconstitucionalidad y el carácter confiscatorio del pago del impuesto del 1.5% en concepto de impuesto sobre la renta para las empresas que declaran pérdidas. Tengo que decir que no he estudiado a profundidad este caso como tema fiscal, pero reputados juristas que he consultado siempre coincidieron tanto en la inconstitucionalidad como en el carácter confiscatorio de dicho tributo. Sin embargo, el punto es que hace cinco años los empresarios demandaron una decisión constitucional sobre este tema ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta jamás respondió a su pedido, a pesar de haberse reunidos los requisitos técnicos para tal acción y estar en los presupuestos legales que contempla nuestra Carta Magna.
Entonces cabe la pregunta ¿Vivimos en un Estado de derecho? Existe aquí el imperio de la ley. Cómo podemos hablar de legalidad, de Estado de derecho, mientras una petición totalmente legal, ejerciendo todo el derecho que la Constitución les concede a los ciudadanos y a las instituciones, no se responde jamás y los empresarios se conforman con que es mejor esperar una respuesta del juego político a que responda el Estado de derecho. Son estas situaciones que después se lamentan, son estas situaciones donde la empresa privada se calla por razones obvias, que luego les hacen creer a los políticos que pueden hacer lo que quieran, que ellos son los que controlan todo el poder y ante ellos se debe rendir todo, desde la ciudadanía hasta la Constitución.
No hay quien deduzca responsabilidades a los encargados de impartir justicia constitucional, no hay un mecanismo que permita que respondan por sus dilaciones o que justifiquen su tardanza. Ahora los empresarios celebran que finalmente el Gobierno haya decidido, por un camino político, quitarles gradualmente el pago del 1.5% y el Estado de derecho, la legalidad, la institucionalidad no cuenta. Pero el Estado de derecho no se fortalece con esta aceptación de los empresarios y ningún ciudadano debería aceptar como dádiva del Estado, lo que la Carta Magna le garantiza, justicia.
