San Pedro Sula, Honduras.
Las desafortunadas declaraciones del ex presidente Lobo con respecto a los actos de corrupción en el IHSS han sido otra de sus acciones de rúbrica intelectual. Las implicaciones legales a las que se ha expuesto son enormes y el Ministerio Público está obligado a realizar las investigaciones pertinentes. ¡Lobo nunca entendió que ni calladito se ve bonito, peor aún cuando vierte declaraciones que despiertan sentimientos de repudio e indignación!
El sistema nacional de salud fue sacrificado para nutrir los deseos de riqueza de los amigos del ex gobernante, saquearon al IHSS y a la Secretaría de Salud. Y por su parte las actuales autoridades de la Secretaría de Salud, que también eran autoridades en el gobierno de Lobo, quieren distraer la opinión pública de una forma tan pueril que no sólo se exhiben como objeto de burla si no que se están exponiendo a la deducción de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de los empleados públicos, e incumplimiento de una orden judicial.
Es posible que la ministra de Salud, y sus asesores, no se hayan percatado que las audiencias de descargo que realizan a los empleados del Hospital “Dr. Mario C. Rivas” se están haciendo sin haber seguido el correcto procedimiento legal por lo que, en un amparo, fácilmente se va a decretar la nulidad del acto reclamado, es decir, que todo ese tiempo y dinero que se invirtió en querer buscar un inexistente chivo expiatorio, se va a ir por la coladera por un error de procedimiento. Por otro lado estas audiencias están sirviendo para señalar las deficiencias en materiales, medicamentos y personal con que se ha trabajado en los últimos años, evidencia de la cual perfectamente puede asirse el Ministerio Público y utilizarla contra las mismas autoridades que hoy gravitan allá en la altura que les ha otorgado su cargo. Como diría alguien, que en este momento se me escapa el nombre, las autoridades de la Secretaría de Salud “están brincando sobre el lomo” de un gran banco de arena movediza al verter declaraciones en las que afirman que a los hospitales los van a dotar de medicamentos, materiales y más personal asistencial, aceptando inocentemente, que en efecto los hospitales estaban desabastecidos. “A confesión de parte, relevo de pruebas”.
Estas personas van a tener que explicar al Ministerio Público la razón de su desacato a la sentencia 587-2013 en el juicio que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió el 1 de abril del 2014 a favor de LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS otorgando la garantía constitucional y ordenando a las secretarías en los despachos de Salud Pública y Finanzas para que los hospitales públicos del país “mantengan todos los insumos y aparatos en óptimas condiciones”, y “denunciar y ejercer las acciones correspondientes ante la noticia de que se están ejerciendo actos de corrupción con los medicamentos, aparatos médicos, contratación de personal, contratos de suministros en general, encaminados a reducir, redefinir o desviar los fondos designados para garantizar el derecho a la salud, y lograr que se castiguen a los responsables”.
Sólo hay que ver al ex director del IHSS y poner las barbas en remojo.
