En primer lugar hay que definir quiénes son los actores, cuáles son las funciones y los objetivos que se persiguen. Y para volver la cosa más simpática hay que empezar por los objetivos: una política económica debe fortalecer el bienestar colectivo, favorecer a los más arriesgados y darle consistencia a la vinculación de la nación con los mercados. Es necesario que los actores, en este caso los empresarios – al margen de su tamaño – y los trabajadores asuman la posición protagónica, forjando comunidades productivas en las que, más que el conflicto, se imponga la cooperación. El análisis de Marx ya no es útil, igual hay que matizar algunas afirmaciones de Keynes.
A estas comunidades hay que exigirles producción y productividad para que sus productos tengan calidad y le den satisfacción al consumidor y, al salir al exterior, competir en los mercados, con calidad y precio para obtener ganancias.
El Gobierno no debe intervenir --fuera de áreas específicas, comprobadas por la experiencia-- en la economía. Su función es la de estimular la iniciativa privada y distribuir vía impuestos el producto social, de forma que la acumulación capitalista sea atenuada. Y aquí, los Gobiernos – el de ahora y los futuros – deben definirse: producimos para distribuir con lo que podemos crecer o, en una simpleza infantil, distribuimos la riqueza para empobrecernos todos. El papel del Gobierno no es el de aumentar la dependencia de los pobres, exaltando las virtudes de la pobreza y pedigüeñería, ni mucho menos desarrollando conductas cínicas en que los pobres venden su miseria a cambio de un subsidio gubernamental y un voto para el candidato oficial.
De allí que los impuestos, la tramitología burocrática, antes que obstáculos perversos, deben ser estímulos a la inversión. Y el presupuesto, más que una herramienta para fortalecer al Gobierno, un medio para garantizar la equidad en la distribución del producto social, medio para valorar la eficiencia de quienes lo manejan. El gasto no debe orientarse a fortalecer el poder o satisfacer a los acreedores, sino que estimular frenos a la pobreza y aumentar la capacidad de compra de los consumidores a fin de que puedan fortalecer el mercado interno, animando a los capitalistas –la palabra emprendedores es una paparrucha hipócrita– a invertir para buscar ganancias. Y el Gobierno debe ser garante de la calidad de lo que venden, no solo de los precios. Ahora, nadie garantiza la calidad y la pureza de lo que consumimos, puesto que la legalidad en la que se mueve la burocracia excluye la protección de la salud de los consumidores. La Comisión de Banca y Seguros puede ser una de las pocas excepciones. ¿Es tan difícil una política económica?
