The New York Times
Por: Genevieve Glatsky, Farnaz Fassihi y Julie Turkewitz/The New York Times
CIUDAD DE PANAMÁ — Cuando los primeros autobuses de migrantes recién liberados llegaron a la Ciudad de Panamá desde un campo de detención al borde de una selva, tres personas estaban visiblemente enfermas. Una necesitaba tratamiento para el VIH, dijo un abogado, otra se había quedado sin insulina y una tercera sufría convulsiones. Reinaban la confusión, el caos y el miedo.
“¿Qué voy a hacer?”, preguntó un migrante en voz alta. “¿A dónde voy a ir?”.
Estas son las preguntas que se hacen docenas de migrantes deportados a Panamá en febrero por la Administración Trump, como parte de los extensos esfuerzos por expulsar a millones de personas de Estados Unidos.
Al principio, las autoridades panameñas encerraron al grupo de unas 300 personas en un hotel. Luego, quienes no aceptaron la repatriación a sus países de origen fueron enviados a un campamento vigilado al borde de una selva. Finalmente, tras la indignación de los grupos de derechos humanos, las autoridades panameñas los liberaron y los transportaron de regreso a la Ciudad de Panamá en autobús. Ahora, los migrantes restantes —de Irán, Afganistán, Camerún, Etiopía, Uzbekistán y otros lugares— son libres, pero están varados en un País que no los quiere, muchos de ellos durmiendo en el gimnasio de una escuela puesto a disposición por un grupo de ayuda, sin tener una verdadera idea de qué hacer a continuación.
Entrevistas con 25 de ellos ofrecieron una perspectiva de quiénes están siendo expulsados de Estados Unidos y qué sucede una vez que llegan a Centroamérica.
Aliados en la guerra
La región se ha convertido en un elemento clave del proceso de deportación que el Presidente Donald J. Trump intenta impulsar a toda marcha. Sin embargo, la decisión de enviar migrantes allí ha planteado interrogantes legales, ha puesto a prueba a gobiernos aparentemente desprevenidos y ha dejado a personas en sitios donde carecen de redes de apoyo y estatus legal a largo plazo.
La mayoría de los migrantes afirmó que, al llegar a EU manifestaron a las autoridades su temor a regresar a sus países, pero que nunca se les dio la oportunidad de solicitar asilo formalmente.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EU, afirmó en un correo electrónico que los migrantes habían sido “deportados correctamente”. Añadió que “ninguno de estos extranjeros manifestó temor a regresar a su país de origen en ningún momento durante el procesamiento o la custodia”. Desde que asumió el cargo, Trump ha enviado a cientos de migrantes de todo el mundo a Panamá, Costa Rica y El Salvador.
Entre quienes se encuentran varados en Panamá está Hedayatullah Zazai, de 34 años, quien afirmó haber servido en el Ejército afgano, trabajando junto a Fuerzas Especiales y consultores estadounidenses. Tras la toma del poder por los talibanes, huyó a Pakistán, dijo, luego a Irán, luego voló a Brasil y caminó a EU.
Entre los deportados también se encuentran cristianos iraníes que afirmaron estar amenazados en su País, y varias mujeres afganas de la minoría étnica hazara que afirman sufrir persecución bajo el régimen talibán.
Otra deportada es Simegnat, de 37 años, una mujer amhara que viaja sola desde Etiopía y que, dijo, su origen étnico hizo que las autoridades sospecharan de colaborar con un grupo rebelde. Contó que huyó después de que su casa fue incendiada, su padre y su hermano fueron asesinados y la policía le anunció que ella seguía. Ella y varias otras personas, temiendo por sus familiares en su País, pidieron no ser identificadas con sus nombres completos.
La mayoría de los migrantes describió haber cruzado la frontera entre México y Estados Unidos a principios de este año, donde fueron detenidos durante aproximadamente dos semanas, luego esposados por funcionarios estadounidenses y subidos a un avión con destino desconocido.
Panamá ha otorgado a los deportados permisos de 30 días que les permiten permanecer en el País temporalmente y les ha dado la opción de extender su estancia a 90 días. Aunque Panamá cuenta con un programa de asilo, los migrantes han recibido información contradictoria sobre la probabilidad de recibir protección legal a largo plazo.
Otra opción es encontrar otro país que los acepte. Pero eso requeriría un análisis legal caso por caso, dijo Silvia Serna, abogada que forma parte del equipo que presentó una demanda calificando de ilegal la detención de los migrantes por parte de Panamá.
Artemis Ghasemzadeh, una cristiana iraní de 27 años, se ha convertido en una especie de líder del grupo tras publicar un video tras ser detenida, pidiendo ayuda al mundo.
“No sé qué pasará ahora”, dijo Ghasemzadeh. “Por el momento, estamos en manos de Dios”.
Alex E. Hernández, Ruhullah Khapalwak y un reporterode Addis Ababa, Etiopía, contribuyeron con reportes.
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