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Los Cachiros firmaron millonarios contratos con gobierno de Pepe

Entre 2010 y 2012, la Secretaría de Finanzas les acreditó más de L60 millones por contratos y pagos.

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San Pedro Sula, Honduras.

Empresas de la familia Rivera Maradiaga, denominada cártel de Los Cachiros por autoridades de Estados Unidos, obtuvieron contratos por más de 60 millones de lempiras (más de dos millones y medio de dólares) y concesiones mineras de parte del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

Devis Leonel Rivera, líder de ese cartel y preso en Estados Unidos, declaró el lunes ante un tribunal de Nueva York que él le pagó enormes sobornos al exPresidente a cambio de protección y contratos gubernamentales.

Entre 2010-2013, parte de las empresas de Los Cachiros participaron en licitaciones y obtuvieron la aprobación de parte de instituciones gubernamentales para desarrollar reparaciones y mantenimiento de carreteras.

El 8 de febrero de 2012, por ejemplo, Hugo Ardón Soriano, director ejecutivo del Fondo Vial y Devis Rivera, gerente de Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar), suscribieron el contrato FV-0004-2012 de “construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la red vial no pavimentada del sector 4 y 5 del departamento de Colón”.

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En febrero de 2012, autoridades del Fondo Vial y Devis Rivera, representante legal de Inmobiliaria Rivera Maradiaga (Inrimar) firmaron un contrato para que esta empresa le diera mantenimiento a 242 kilómetros de carretera no pavimentada de los sectores 4 y 5 del de Colón.

El Gobierno le pagó a Inrimar la suma de L28 millones 729, 514 por el mantenimiento de ese tramo (entre 2012 y 2013), consta en el informe de auditoría número 16/2012 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

En el contrato, el Fondo Vial se comprometió a pagarle a Inrimar en 2012, “por concepto de anticipo, una suma correspondiente al 15% de la obra programada para 2012”, la cual dependía de la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas.

Funcionarios del Fondo Vial, en una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2011, informaron que Inrimar y unas 20 empresas de otros dueños, resultaron ganadoras para desarrollar obras de infraestructura, según el anexo número 4 del acta 119 del Fondo Vial.

Sin embargo, Inrimar, constituida en junio de 2009 en Tegucigalpa, obtuvo pagos posteriormente de parte de la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con un asiento contable, fechado el 31 de diciembre de 2010, esa entidad le hizo dos desembolsos de L18 millones 308,848 y L13 millones 833, 218.

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Por este proyecto, la familia Rivera Maradiaga recibió más de 28 millones de lempiras (al rededor de 1 millón 189,308 dólares).

Otros proyectos

Más tarde, en 2013, Inrimar apareció en la lista de empresas precalificadas (publicada en medios impresos) para la construcción de un centro de alcance, situado en el barrio Zapote Norte, Tegucigalpa. Este proyecto lo desarrolló el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) con el apoyo del Convenio Mérida/Carsi (Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica) avalada por Estados Unidos.

La familia Rivera Maradiaga era propietaria de las empresas Ganaderos Agricultores del Norte, Palma del Bajo Aguán, Inversiones Turísticas Joya Grande, Empresa de Transporte del Norte y Minera Mi Esperanza.

El gobierno de Lobo Sosa también le concedió varios permisos de explotación de recursos minerales a la compañía Minera Mi Esperanza. El 6 de agosto de 2012, le otorgó la licencia para aprovechar por diez años los recursos no mineros en la zona denominada Puerto Rico de Trujillo, Colón.

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En marzo de 2013, el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) incluyó en la lista de empresas precalificadas a Inrimar para construir un centro de alcance en Tegucigalpa.

El Informe de Conciliación de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas en Honduras (EITI-HN), publicado en febrero de 2016, indica que hasta el 31 de diciembre de 2014, Minera Mi Esperanza tenía tres solicitudes para explotar minas en Conquire (Olancho) y Suyatal II, Suyatal III (Gualaco, Olancho).

El 19 de septiembre de 2013, el Departamento del Tesoro designó a la familia Rivera Maradiaga y a todas sus empresas como narcotraficantes. Hasta antes de ese día, los miembros de esta familia podían realizar transacciones bancarias, entre ellas, recibir pagos de la Secretaría de Finanzas.

Cuatro días después de esa designación, el 23 de septiembre, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una circular para que todas las instituciones del sistema financiero remitieran un informe de todas las transacciones de las empresas y miembros de esta familia.

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El gobierno le otorgó permisos para explotación de de recursos naturales a la empresa Minera Mi Esperanza, S.A.