Managua.
Nicaragua nacionalizó el fin de semana la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan con un esquema de corrupción y lavado de dinero del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ley establece que todos los inventarios de DNP pasarán a ser “propiedad total” del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El texto fue aprobado con 73 votos a favor en el congreso de 92 escaños dominado por el oficialismo.
La nacionalización de la DNP, que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, “es un robo al Estado” de Nicaragua, consideró ayer un político opositor.
La denominada “Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense” no establece el monto que pagará el Estado a DNP, advirtió el político y abogado opositor Eliseo Núñez.
Eso quiere decir, según el opositor, que el hijo de Ortega y sus socios en DNP podrán definir el precio sin seguir los parámetros de expropiación que establece la Ley de Hidrocarburos. “En el caso de nacionalizar por la vía ( Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se manda (por Catastro); pero como lo hicieron por una nueva ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado”, alertó.
La DNP importa el 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores. La demanda nacional es suplida por la multinacional de origen suizo, Puma Energy, que además de combustibles terminados abastece a otros distribuidores del mercado local.
Nicaragua nacionalizó el fin de semana la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) tras sanciones impuestas por Estados Unidos que la vinculan con un esquema de corrupción y lavado de dinero del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ley establece que todos los inventarios de DNP pasarán a ser “propiedad total” del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El texto fue aprobado con 73 votos a favor en el congreso de 92 escaños dominado por el oficialismo.
La nacionalización de la DNP, que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, “es un robo al Estado” de Nicaragua, consideró ayer un político opositor.
La denominada “Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense” no establece el monto que pagará el Estado a DNP, advirtió el político y abogado opositor Eliseo Núñez.
Eso quiere decir, según el opositor, que el hijo de Ortega y sus socios en DNP podrán definir el precio sin seguir los parámetros de expropiación que establece la Ley de Hidrocarburos. “En el caso de nacionalizar por la vía ( Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se manda (por Catastro); pero como lo hicieron por una nueva ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado”, alertó.
La DNP importa el 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores. La demanda nacional es suplida por la multinacional de origen suizo, Puma Energy, que además de combustibles terminados abastece a otros distribuidores del mercado local.
