Los Ángeles, Estados Unidos.
El futuro de la Acción Diferida, que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a casi 700,000 jóvenes indocumentados en EEUU, descansa en una batalla legal sin precedentes tras la demanda presentada por siete estados contra el Gobierno por no haber acabado con el programa, señalan expertos.
La demanda presentada esta semana por Texas y otros seis estados contra el Gobierno, por continuar con las renovaciones del Daca, ha generado una situación legal que podría llevar a la administración a procesar las renovaciones en unos estados y en otros se declare impedido para hacerlo.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso el martes una demanda en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare ilegal Daca (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovándolo.
Además de Paxton, la demanda también fue suscrita por los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, quienes esperan que el tribunal emita una orden para que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (Uscis) detenga las renovaciones.
El caso ha sido asignado al juez federal Andrew Hanen, quien en el pasado falló en contra de la ampliación de Daca.
Cuarto fallo
Stephen H. Legomsky, profesor emérito de leyes de la Universidad de Washington y asesor principal durante la Administración Obama para la creación de Daca en 2012, dijo que es probable que el juez Hanen condene el amparo migratorio por las mismas razones que falló en contra de la ampliación del beneficio en 2015.
“Hanen es un apasionado opositor de las políticas de inmigración de Obama, y es poco probable que haya cambiado su forma de pensar. Si esto sucede, habrá mandatos contradictorios”, advirtió.
Existen dos mandatos preliminares de tribunales de San Francisco y Nueva York, que ordenaron al Gobierno federal continuar aceptando las renovaciones de Daca. Un tercer tribunal en Washington determinó hace poco que el Gobierno reabra el programa a nuevos solicitantes, aunque retrasó la implementación de la orden para que explique por qué terminó el programa.
Incertidumbre
Con la demanda entablada por Texas y los otros seis estados, se abre la posibilidad de que el tribunal correspondiente emita una orden en dirección contraria a las tres anteriores.
El profesor Niels Frenzen, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad del Sur de California (USC), estima que recae en la propia Administración Trump determinar qué decisión acatar. “A falta de una orden clara de un tribunal superior (ya sea un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema) el Gobierno tendría que elegir qué órdenes seguir”, resalta Frenzen.
Legomsky apunta que será el Departamento de Justicia, encabezado por Jeff Sessions, un conocido opositor a Daca, el que recomiende las vías legales a seguir. Pero el especialista vislumbra que el Departamento de Seguridad Interna siga procesando las solicitudes de renovación en California, Washington y Nueva York, y detenerlas en el Distrito Sur de Texas, al mismo tiempo que tomar una decisión “políticamente discrecional” sobre qué hacer con todos los demás.
En medio de este dilema legal, Frenzen y Legomsky consideran que los defensores de Daca como el Gobierno federal buscarán una decisión urgente en las cortes de apelaciones, que finalmente llevaría la discusión a la Corte Suprema.
Frenzen y Legomsky insisten en que la solución sigue en manos del Congreso, que podría hallar una solución para los “soñadores” mucho antes de que las mismas cortes lleguen a un fallo final.
El futuro de la Acción Diferida, que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a casi 700,000 jóvenes indocumentados en EEUU, descansa en una batalla legal sin precedentes tras la demanda presentada por siete estados contra el Gobierno por no haber acabado con el programa, señalan expertos.
La demanda presentada esta semana por Texas y otros seis estados contra el Gobierno, por continuar con las renovaciones del Daca, ha generado una situación legal que podría llevar a la administración a procesar las renovaciones en unos estados y en otros se declare impedido para hacerlo.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso el martes una demanda en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare ilegal Daca (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y prohíba al Ejecutivo continuar renovándolo.
Además de Paxton, la demanda también fue suscrita por los fiscales de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, quienes esperan que el tribunal emita una orden para que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (Uscis) detenga las renovaciones.
El caso ha sido asignado al juez federal Andrew Hanen, quien en el pasado falló en contra de la ampliación de Daca.
Cuarto fallo
Stephen H. Legomsky, profesor emérito de leyes de la Universidad de Washington y asesor principal durante la Administración Obama para la creación de Daca en 2012, dijo que es probable que el juez Hanen condene el amparo migratorio por las mismas razones que falló en contra de la ampliación del beneficio en 2015.
“Hanen es un apasionado opositor de las políticas de inmigración de Obama, y es poco probable que haya cambiado su forma de pensar. Si esto sucede, habrá mandatos contradictorios”, advirtió.
Existen dos mandatos preliminares de tribunales de San Francisco y Nueva York, que ordenaron al Gobierno federal continuar aceptando las renovaciones de Daca. Un tercer tribunal en Washington determinó hace poco que el Gobierno reabra el programa a nuevos solicitantes, aunque retrasó la implementación de la orden para que explique por qué terminó el programa.
Incertidumbre
Con la demanda entablada por Texas y los otros seis estados, se abre la posibilidad de que el tribunal correspondiente emita una orden en dirección contraria a las tres anteriores.
El profesor Niels Frenzen, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad del Sur de California (USC), estima que recae en la propia Administración Trump determinar qué decisión acatar. “A falta de una orden clara de un tribunal superior (ya sea un tribunal de apelaciones o la Corte Suprema) el Gobierno tendría que elegir qué órdenes seguir”, resalta Frenzen.
Legomsky apunta que será el Departamento de Justicia, encabezado por Jeff Sessions, un conocido opositor a Daca, el que recomiende las vías legales a seguir. Pero el especialista vislumbra que el Departamento de Seguridad Interna siga procesando las solicitudes de renovación en California, Washington y Nueva York, y detenerlas en el Distrito Sur de Texas, al mismo tiempo que tomar una decisión “políticamente discrecional” sobre qué hacer con todos los demás.
En medio de este dilema legal, Frenzen y Legomsky consideran que los defensores de Daca como el Gobierno federal buscarán una decisión urgente en las cortes de apelaciones, que finalmente llevaría la discusión a la Corte Suprema.
Frenzen y Legomsky insisten en que la solución sigue en manos del Congreso, que podría hallar una solución para los “soñadores” mucho antes de que las mismas cortes lleguen a un fallo final.
