BARCELONA.
Unas 350,000 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron ayer en Barcelona, en una jornada que culminó con choques entre manifestantes y la policía, una semana después de los fuertes disturbios ocurridos tras las condenas de prisión a nueve líderes separatistas.
La marcha, menos multitudinaria que la de hace una semana que reunió a medio millón de manifestantes, fue convocada por las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, y respaldada por un centenar de entidades y por los principales partidos independentistas.
Los participantes llevaron esteladas, la bandera independentista catalana, y pancartas con eslóganes como “La prisión no es la solución”, “Basta de represión”. También se oyeron gritos de “independencia” y “libertad presos políticos”, en referencia a los políticos encarcelados.
Entre los asistentes a la marcha estuvo el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, quien aseguró en declaraciones a la prensa que irá “tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera”.
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Torra aseguró que seguirá adelante con el proyecto independentista “por más inhabilitaciones, por más amenazas, por más sentencias y por más prisiones” que haya y defendió el “legítimo” derecho del pueblo catalán a la autodeterminación y a avanzar hacia la independencia.
También estuvo ayer en Barcelona, aunque por diferente motivo, la vicepresidenta del Gobierno español, la socialista Carmen Calvo, quien se negó a hablar con Torra del derecho de autodeterminación porque “no existe” en ninguna democracia.
En declaraciones a los medios, Calvo reiteró que el Ejecutivo socialista español no puede hablar con Torra si su “empeño” es romper la unidad territorial de España y separar a Cataluña.
“En ninguna democracia existe la posibilidad de romper las reglas del juego unilateralmente”, subrayó.
Las manifestaciones de protesta en Cataluña se mantienen desde que hace dos semanas el Tribunal Supremo hiciera pública la sentencia contra los líderes independentistas que participaron en el proceso secesionista de octubre de 2017, con condenas de hasta trece años de cárcel.
