Fiscalía de EEUU: Abogado de JOH ha tenido años para reunirse con él y prepararse

NUEVA YORK

Dentro de cuatro días el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado finalmente se sentará en el banquillo de los acusados en una corte de Nueva York.

Ayer, tras varias horas de espera, las pretensiones de los abogados del expresidente Hernández de suspender nuevamente el juicio que se le sigue por delitos relacionados al narcotráfico, por un periodo de tres a seis meses, fueron rechazadas por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Con la decisión judicial no hay vuelta atrás ni más dilaciones, el exmandatario de Honduras entre 2014 y 2022 será sometido a un juicio con jurado a partir del martes 20 de febrero.

“Se rechaza la solicitud del acusado de aplazamiento del juicio por 90 a 180 días presentada el 15 de febrero de 2024 aproximadamente a las 6:36 pm. El tribunal dictará una orden más estricta en su momento. El juicio por este asunto se iniciará el día 20 de febrero de 2024 a las 9:30 horas en la Sala 26 b. Así se ordena”, indica el fallo del juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York.

La defensa planteó en un documento que debía frenarse el debate y comenzarse en otra fecha porque el expresidente no había tenido el tiempo suficiente para revisar la gran cantidad de pruebas que la Fiscalía presentará en su contra.

Asimismo, que tenía pensado presentar un grupo de personajes que residen en Honduras como testigos.

“En total, el Gobierno produjo más de 3,300 páginas de informes redactados y no clasificados, de los cuales alrededor de 2,200 se produjeron desde el 13 de enero de 2024, todos los cuales están marcados como confidenciales y solo pueden ser revisados por el acusado en presencia de un abogado”, sostuvo la defensa de Hernández.

Señaló que el exmandatario había identificado a un grupo de testigos a quienes deseaba citar. “Muchos (si no todos) de ellos residen en Honduras. Me han informado que algunos de estos testigos pueden tener visas para viajar a Estados Unidos y a algunos se les han revocado las visas. Si estos testigos de hecho no pueden viajar a Estados Unidos, tendríamos que solicitar a la Corte que testifiquen de forma remota y hacer esos arreglos”, indicó la defensa.

Pero los fiscales de Manhattan salieron al paso y rechazaron las intenciones de los abogados de Hernández.

Sobre el poco uso de una computadora, la Fiscalía expresó que “esas afirmaciones malinterpretan la adaptación que se le está otorgando al acusado mediante el uso de esta computadora portátil personal y no proporcionan una base adecuada para un aplazamiento”.

Con relación a la cantidad de documentos y pruebas, expuso que el acusado ha tenido acceso a todos los informes y “la afirmación de la demandada sobre el volumen de esos materiales es inexacta”.

La Fiscalía de Estados Unidos dice que “el abogado defensor de Juan Orlando Hernández ha tenido años para reunirse con el acusado y prepararse con él en persona”.

“Juan Orlando Hernández ha sido visitado repetida y frecuentemente por sus abogados y abogados principales, asistente legal. Tampoco fueron las reuniones del acusado con sus abogados el único medio por el que tuvo que revisar el descubrimiento en preparación para el juicio”, argumenta en el escrito la Fiscalía.

También rechazó la intención de citar a posibles testigos en Honduras en virtud de que “no existe autoridad para citar a ciudadanos no estadounidenses en el extranjero”.

En ese sentido, los fiscales expresaron que se encuentra preparada para asistir al debate que, según ellos, se extenderá durante dos o tres semanas.

Será durante el desarrollo del juicio que Hernández Alvarado, de acuerdo con la Fiscalía, “tendrá tiempo suficiente durante la presentación del caso ante el Gobierno para consultar con su abogado defensor si debe testificar en el juicio”.

Durante una audiencia de información clasificada bajo la Ley CIPA, el juez Castel también dio un fuerte revés a las pretensiones de Hernández Alvarado de revelar durante el juicio el nombre de funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos y de oficinas como la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés), el Comando Sur, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.

“De conformidad con la Sección 6(c) de la Ley CIPA, 18 U.S.C aplicación. 3 6(c), el Gobierno ha propuesto sustituciones en los Anexos A y B de su presentación clasificada del 16 de febrero de 2024”, señala la resolución judicial emitida ayer.

Es decir, Hernández no puede revelar tácitamente los nombres de las organizaciones, agencias y nombres específicos de funcionarios y exfuncionarios de Estados.

“El tribunal celebró una audiencia clasificada en la tarde del 16 de febrero de 2024. El tribunal determina que las sustituciones propuestas bajo la Sección 6(c) proporcionarán al acusado sustancialmente la misma capacidad para hacer su defensa que la divulgación de la información clasificada específica y, por lo tanto, estas sustituciones se aprueban y dichas sustituciones se realizarán. Así se ordena”, indicó Kevin Castel.

A criterio de la abogada e investigadora Carolina Meléndez, el juez permitió a Hernández usar los anexos A y B de los documentos clasificados que él quiere utilizar para su propia defensa, pero que deberá ser con palabras sustitutas a los nombres reales de las agencias con el fin de garantizar la seguridad del proceso.

“No puede revelar explícitamente el nombre de la información, por ejemplo, nombre de las agencias, personas, eventos específicos, sino que puede hacerlo de una manera sustituta”, afirmó.

Pero, “si durante el juicio, Hernández comienza a revelar nombres de agencias, el juez lo va a callar y la Fiscalía va a objetarlo”.

Tras el nombramiento de los 12 ciudadanos que conformarán el jurado del juicio de Hernández, la Fiscalía ratificará su acusación y comenzarán a evacuar las pruebas.

Son al menos una decena de testigos, entre ellos, los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias el Rojo; Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, y Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de Los Cachiros; el guatemalteco Fernando Chang Monroy, y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, que están listos para testificar en el debate.

El exmandatario Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en el Centro Correccional Metropolitano, en Brooklyn, Nueva York, es acusado de tres cargos: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos (conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua) y dos delitos relacionados con uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína.

TEGUCIGALPA. El que la Fiscalía de Estados Unidos acusara al expresidente Juan Orlando Hernández por tres delitos relacionados al narcotráfico no solo recayó sobre él, sino sobre el Partido Nacional.De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, lo mejor que puede hacer esta institución política es desligarse y “no salir a defenderlo”.

Ante las mismas críticas de la población, Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, dejó en claro que Estados Unidos está juzgando a uno de sus integrantes y no a todo el partido político.

“El Partido Nacional está integrado por un millón 300 mil hondureños, y esos hondureños y el partido no es responsable por los hechos y las acciones o por los señalamientos contra uno de sus miembros”, defendió.

Para Barrientos, el problema no es el señalamiento contra Hernández, ya que coincide en que “es una demanda personal y no contra el Partido Nacional”, sin embargo, por la figura que el expresidente fue durante ocho años frente a la Presidencia de Honduras crea “un mal sabor de boca” entre sus simpatizantes y población en general.

El mayor ejemplo, dijo, es el voto de castigo que tuvo el nacionalismo en las elecciones de 2021, cuando Libertad y Refundación ganó varios votantes solo para que el partido de la estrella solitaria no alcanzara el Ejecutivo.

“El Partido Nacional no tiene por qué salir a defenderlo”, aconsejó Barrientos, refiriéndose a las graves acusaciones que la Fiscalía de Nueva York tratará de comprobar con evidencia frente a un jurado cuando comience el juicio el 20 de febrero de 2024.

Desde que el expresidente Hernández fue extraditado al país norteamericano, los nacionalistas prácticamente se han desligado de él. Incluso, Barrientos aconsejó a aquellos cercanos a Hernández que “deberían de desaparecer de la arena política, porque le hacen mucho daño al Partido Nacional”.

“Si continúan ahí, le van a hacer mucho daño a su partido y van a estigmatizarlo de tal manera que difícilmente va a volver a ganar otro proceso electoral”, advirtió.

El abogado Lester Ramírez, por su parte, opinó que el juicio “va a ser un tema que va a desgastar el Partido Nacional por varios años y que se lo van a sacar de cara, pero la población no ve que sea un problema que les afecte, más allá de la imagen internacional”.