Juan Orlando Hernández volverá a Honduras o pasará el resto de su vida en una cárcel de EEUU

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), en caso de ser declarado culpable de participar en una conspiración de tráfico de cocaína, tendrá que pasar el resto de su vida en una fría celda de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos o volverá a casa, como dice su esposa, Ana García, para disfrutar de la libertad.

Con vestimenta que nunca pensó que usaría, un uniforme de reo e identificado por la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) con el número 91441-054, el exmandatario cumplirá el mes próximo dos años de permanecer recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, llamado simplemente MDC Broolyn, para enfrentar un juicio en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

Inevitablemente, Hernández, arrestado en su casa en Tegucigalpa por la Policía Nacional el 15 de febrero de 2022, deberá comparecer ante el riguroso Castel, quien decidió celebrar un singular juicio simultáneo en el cual participarán, además, el general Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, acusados de narcotráfico e implicados en la misma conspiración.

El juez tiene programado el inicio del juicio el 5 de febrero. De los tres acusados, solamente Hernández, a través de su abogado Raymond Colon, solicitó el 10 de enero una prórroga de 30 a 45 días bajo varios argumentos: el defensor arguyó que se encontraba mal de salud y el imputado, por medio de una carta, alegó que no tienen tiempo para revisar parte de las pruebas incriminatorias recibidas hasta hace poco.

Ana García publicó en X que el juez Castel “no autorizó” la prórroga, “ni la asignación de un abogado de la defensa pública para ayudar” y anunció la creación de una solicitud de ayuda económica en GoFundMe con el fin de recaudar dinero con el cual pagarán a un defensor adicional.

Indistintamente de cualquier eventualidad en las próximos días, Castel podría enviarlo a una cárcel de máxima seguridad para que cumpla una pena de varios años de prisión o purgue una similar cadena perpetua (más treinta años) como la que le impuso (30 de marzo de 2021) al hermano, Juan Antonio Hernández, conocido por sus amigos y en el mundo de la mafia como Tony, quien permanece encarcelado en la Penitenciaría de los Estados Unidos, Victorville, CA (UPS Victorville).

El 14 de febrero de 2022, Estados Unidos le solicitó al Estado de Honduras la extradición de Hernández. Las autoridades lo capturaron un día después en medio de rumores que indicaban que tenía intenciones de fugarse a Nicaragua. El 21 de abril de 2022, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) lo transportaron en un avión desde la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa a Estados Unidos para que compareciera horas después (22 de abril de 2022) ante el juez de primera instancia de Nueva York, Stewart D. Aaron.

Según la acusación formulada por la Fiscalía de Nueva York, “desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández (...) participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

La Fiscalía tiene pruebas que indican que el expresidente para financiar su campaña presidencial en 2013 recibió 1 millón de dólares de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, exlíder del Cártel de Sinaloa, a cambio de permitir y proteger los cargamentos de cocaína que esa organización criminal trasegaba por el territorio hondureño con la participación directa de Tony (arrestado en el Aeropuerto de Miami el 23 de noviembre de 2018) y otros capos de la droga que testificarán contra el expresidente.

Según el departamento de justicia, la investigación de 18 años que concluyó con el arresto y la extradición del máximo líder del Partido Nacional, llamado JOH, la realizaron agentes de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa.

Hernández está imputado de tres cargos. Primero: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos (conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua). Segundo: usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína (conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua) y tercero; conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.