Fiscalía ve irrelevantes pruebas de reuniones con funcionarios de EUA y JOH

NUEVA YORK

La Fiscalía Federal de Nueva York mantiene su firme posición de que las pruebas clasificadas referente a operaciones de la Agencia Antidrogas (DEA por sus iniciales en inglés) contra el narcotráfico en Honduras y las reuniones entre altos funcionarios de agencias de Estados Unidos y el expresidente Juan Orlando Hernández son irrelevantes para ser admitidas en el juicio.

La defensa de Hernández, a través de una carta, exhortó ayer al juez Kevin Castel para que presionara a la Fiscalía y tener acceso al legajo de pruebas clasificadas y que sean presentadas durante el debate.

Sobre el particular, el juez Castel manifestó en una breve resolución: “El Gobierno (la Fiscalía) responderá inmediatamente. Así se ordena”.

Al cierre de esta edición impresa, la Fiscalía no se había pronunciado al respecto.

La defensa de Hernández alega que acceder a las pruebas y admitirlas para el juicio son relevantes para demostrar su inocencia.

“El señor Hernández, quien no es ciudadano de los Estados Unidos, obtuvo su información de fuentes que nunca le habían mantenido en secreto la información que recibió como resultado de su cargo como presidente del Congreso de Honduras y luego como presidente de Honduras”, asegura la abogada de Hernández, Sabrina Shrof.

Indica que “la información contenida en el documento fue compartida libremente con y por el señor Juan Orlando Hernández durante años, antes de ser detenido y luego con quien quisiera compartirlo en el Centro de Detención Metropolitano”.

“El Gobierno (la Fiscalía), después de recibir este documento y después de la revisión de la clasificación, se negó a otorgar a los abogados autorizados la necesidad de conocer o acceder al documento”, cita el documento.

La defensa de Hernández instó a que “el tribunal debe ser consciente de lo siguiente; la información ahora marcada en un nivel superior de clasificación es información que ninguno de los accionistas o el Gobierno intentó proteger y que no fue mantenida estrechamente –nunca–, ni siquiera después de que fue arrestado y detenido en el MDC en abril de 2022”.

Evidencia, además, que la información, marcada con un nivel alto de clasificación, ha sido compartida, fuera de un SCIF, con otros desde que Hernández fue detenido en abril de 2022. Es ahora cuando el Gobierno la ha clasificado en un “nivel alto”.

Acusa que la posición de los fiscales sobre “el documento” infringe indebidamente el derecho del acusado a que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada en su nombre, sin justificación legítima. El abogado defensor debería poder utilizar el documento sin las restricciones que el Gobierno pretende imponer a ese uso”.

Para los fiscales, revelar las pruebas clasificadas en el proceso que se le sigue a Hernández pondría en riesgo investigaciones y operaciones que mantiene en la actualidad Estados Unidos en Honduras.

Los fiscales insisten en que la Corte “debe rechazar el argumento infundado de Juan Orlando de que las identidades de los funcionarios y entidades específicas del Gobierno de Estados Unidos con quienes se reunió son relevantes en este caso, y se le debería impedir testificar sobre sus identidades”.

El acusado -a través de sus defensores legales- sostuvo que se le debería permitir declarar sobre “ciertas actividades encubiertas de Estados Unidos en las que afirmó haber participado” porque ese testimonio demostraría una “creencia de su parte de que no sería sentenciado y encarcelado por autoridades federales, y esta creencia negaba su supuesto motivo para manipulación de testigos”, y el testimonio mostraría “la existencia de ciertos rasgos de carácter y relaciones personales que habrían tendido a refutar los cargos en su contra. Reconoce que otra información se encuentra en un nivel superior de clasificación y debe manejarse de manera diferente.

Aunque los fiscales reconocen que se “ha producido, en un descubrimiento no clasificado, materiales que reflejan algunas de las reuniones de Juan Orlando con funcionarios y agencias del Gobierno de Estados Unidos que no están clasificados y podrían, dependiendo del motivo de la reunión, ser relevantes para este caso”.

Se trata de “131 cables del Departamento de Estado no clasificados presentados a la defensa y hay numerosos cables que identifican a funcionarios específicos del Gobierno de Estados Unidos que se reunieron con Juan Orlando Hernández para discutir los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la corrupción en Honduras”.

Entre estos figura la reunión que Hernández tuvo en febrero de 2018 con la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, sobre “éxitos antinarcóticos” y “esfuerzos anticorrupción”.

Asimismo, un encuentro en noviembre de 2014 con la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, y el Comité de Interdicción de Estados Unidos para discutir “los esfuerzos de Estados Unidos y Honduras para contrarrestar el tráfico de narcóticos”.

Además, una reunión en octubre de 2020 con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, para discutir la cooperación antinarcóticos y la Ley de Soberanía Aérea.

Pero eso no cambia el hecho de que, según los fiscales, igual que con los materiales clasificados y la información discutida en esta presentación, Juan Orlando aún necesitaría identificar una excepción o exclusión de rumores adecuada para ofrecer cualquier conversación durante esas reuniones, y el testimonio ofrecido aún necesitaría pasar una prueba de equilibrio.

El contenido de esas reuniones y cualquier operación o iniciativa específica discutida no son relevantes, y por lo tanto son inadmisibles sobre esa base independiente, además de ser rumores inadmisibles e indebidamente perjudiciales o que puedan confundir las cuestiones.

“Juan Orlando aún enfrentaría un listón muy alto para demostrar que cualquier valor probatorio supera el riesgo significativo de perjuicio injusto al Gobierno o de confusión al jurado”, ratifica la Fiscalía.

El expresidente, sostienen los fiscales, “supuestamente apoyó reformas legales en Honduras que, según él, estaban destinadas a contrarrestar el narcotráfico y la corrupción, pero no tiene nada que ver con las acusaciones de que era una figura central en el tráfico de narcóticos y conspiraciones con armas de fuego”.

Mientras el expresidente Hernández - evidencia la Fiscalía- impulsaba reformas para luchar contra el narcotráfico a espaldas del pueblo, supuestamente recibía sobornos de capos aliados para evitar que fueran perseguidos por las fuerzas de seguridad públicas, capturados y extraditados a Estados Unidos.

“El hecho de que Juan Orlando supuestamente respaldó las reformas destinadas a luchar contra el tráfico de drogas y erradicar la corrupción son inadmisibles e irrelevantes para las acusaciones de que, entre otras cosas, aceptó sobornos alimentados con drogas por parte de Alexander Ardón y Leonel Rivera”, asevera el documento.

Indica que el exmandatario también conspiró con su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez para traficar cantidades masivas de cocaína y que, con la asistencia de miembros de las Policías Nacionales de Honduras y militares, protegieron a sus coconspiradores.

“Su utilización como arma de estas reformas es inculpatoria: las usó para castigar a quienes no lo apoyaban, mientras protegía a quienes sí lo apoyaban. Esto no es contrariamente a la teoría del Gobierno sobre el caso”, establecen los fiscales.

En ese sentido, los fiscales instan a que el juez Castel rechace “los intentos de Juan Orlando Hernández de admitir evidencia de propensión inadmisible sobre su supuesto apoyo a varias reformas legales, que según él, estaban destinadas a combatir el tráfico de drogas y la corrupción”.

Es por ello que solicitó que la información clasificada y las pruebas adjuntas sean selladas y conservadas en los registros del Tribunal y por el Oficial de Seguridad de la Información Clasificada.

Para este día se tiene previsto que se desarrolle una audiencia clasificada a partir de las 9:00 am, hora de Honduras.

En la audiencia participarán los fiscales Kyle Wirsh, Jacob Gutwillig, Elinor Tarlow y David Robles, y la parte de la defensa de Hernández, conformada por Sabrina Shroff, Renato Stabile y Raymond Colon.