El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, notificó dos informes de auditorías que revelan responsabilidades de tipo civil y penal contra Rafael Pineda Ponce.
Las supuestas irregularidades detectadas corresponden a dos auditorías practicadas por el órgano contralor en la gestión de Pineda Ponce como ministro de la Presidencia en el Gobierno interino del 29 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010. El primer informe, el 004-2010-DASSJ, se refiere a una responsabilidad penal detectada en la investigación especial hecha a una cuenta de cheques de la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado. “Existen indicios de responsabilidad penal, opinión que, si es compartida por esa Fiscalía, hará que esa dependencia entable la acción penal correspondiente ante los tribunales de justicia respectivos”, señala un oficio firmado por el magistrado Jorge Bográn, dirigido al fiscal general Luis Rubí.
La auditoría expone: “Blanca Mélida Chávez, gerente administrativo de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, mediante memorándum de fecha 05/01/2010, solicitó al profesor Rafael Pineda Ponce, secretario de Estado, la autorización para el cambio de los beneficiarios de 22 cheques..., comprobamos que los cheques fueron modificados en su cantidad y nombre de los beneficiarios”. Se detallan cuatro casos de entrega de cheques que suman una cantidad superior a 388,500 lempiras, pero posteriormente se comprobó que no fueron recibidos por quienes se consignaban como beneficiarios.
El dinero se había destinado para reconstrucción de centros educativos y becas, pero se investiga si tendrían otro destino. Un segundo informe, el 003-2011-DASSJ, se refiere a una responsabilidad civil que se habría cometido en la gestión de Pineda Ponce al frente del Ministerio de la Presidencia. La auditoría comprobó que Pineda Ponce, mediante Decreto Ejecutivo No. A-016-DP-2009, autorizó el pago de una bonificación especial a funcionarios y empleados de la Secretaría del Despacho Presidencial.
