El pleno del Congreso Nacional conoció una iniciativa de ley encaminada a blindar de forma legal a los ciudadanos que se vean obligados a usar la fuerza letal para defender sus vidas, familias y patrimonios dentro de sus propiedades.
El proyecto normativo busca frenar la criminalización automática por parte de los operadores de justicia contra las víctimas de la delincuencia que repelen ataques armados en sus hogares o establecimientos comerciales.
La propuesta legislativa introduce una modificación de fondo en el marco normativo actual para otorgar una protección jurídica diferenciada a las personas particulares frente a los invasores.
"Proyecto Casa Segura, es la doctrina que se utiliza en Estados Unidos y en el Reino Unido que consiste en que usted puede utilizar el uso letal de la fuerza si existe un criminal que ingresa su vivienda, negocio, finca, rancho hacienda o vehículo ocupado por su familia", expresó Alex Berríos, diputado liberal por el departamento de Cortés.
Según el proyectista, la aplicación actual de la justicia penal tiende a equiparar la acción del delincuente con la reacción desesperada de la víctima que se encuentra dentro de su propio domicilio o espacio de trabajo.
El diseño del decreto busca corregir las distorsiones procesales que obligan a los jefes de familia a enfrentar detenciones preventivas inmediatas tras defenderse.
Las autoridades policiales y judiciales suelen procesar penalmente a los propietarios antes de realizar las evaluaciones periciales correspondientes en la escena.
"Esto es a raíz de muchos casos, se ha visto que muchos fiscales y jueces atacan inclusive a los ciudadanos cuando ellos se defienden de una agresión, incluso dentro de su casa, entonces, los ciudadanos deben sentirse en paz y en tranquilidad dentro de sus hogares y esto le va a dar la paz y la tranquilidad a ellos de poder defenderse dentro de su vivienda", detalló Berríos.
Reforma
El cuerpo técnico de la iniciativa establece de forma puntual la adición del numeral 6 al artículo 30 del Código Penal vigente, el cual regula las causas eximentes de la responsabilidad criminal en el país.
La reforma estipula la creación de una "Presunción Especial de Legítima Defensa en Protección de Morada y Propiedad Privada" para beneficiar a quien cause lesiones o el deceso de un intruso.
Dicha condición aplicará cuando el agresor ingrese de forma ilegal, violenta, clandestina o con intimidación a inmuebles legítimamente poseídos o vehículos ocupados.
A pesar de que el ordenamiento procesal penal ya contempla de forma general el estado de inocencia para todos los encausados, el proyecto pretende instituir un estatus de fuero especial aplicable en el acto de la defensa domiciliar.
Esto obligará a los jueces de letras a dictar medidas distintas a la prisión preventiva mientras se evacuan las diligencias investigativas en las judicaturas. "Ya existe una presunción de inocencia, pero lo que se está haciendo o lo que estoy promoviendo es una presunción especial para cuando se den este tipo de casos dentro de las propiedades sea negocio, rancho, vivienda o incluso el vehículo ocupado", precisó el diputado liberal.
El mecanismo de la reforma penal no anulará los procedimientos de recolección de indicios ni las capacidades técnico-científicas del Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o la Dirección de Medicina Forense.
Los entes asignados a la criminalística mantendrán la obligación de realizar los peritajes balísticos, forenses y técnicos para descartar escenarios delictivos encubiertos. El proyecto prevé que si las investigaciones técnicas demuestran que el propietario incurrió en una ejecución sumaria, un acto de venganza personal, una simulación de robo o un exceso desproporcionado de la fuerza, la presunción quedará desvirtuada de inmediato.
"La Policía Nacional y la fiscalía igualmente le da detención al ciudadano que se defendió dentro de su vivienda, lo pone a la orden del juez, sin embargo, el juez ya por orden del Código Penalz del cambio que yo estoy promoviendo, deberá presumir que él está haciendo una legítima defensa", pormenorizó Berríos.
La propuesta técnica destaca además que las estructuras criminales dedicadas a la extorsión comercial han convertido los pequeños negocios y haciendas en blancos fijos de ataques armados, obligando a los comerciantes a adoptar medidas de fuerza extrema.
El diputado remarcó que el principio de inviolabilidad del domicilio consignado en la Constitución debe ser respaldado por normativas penales secundarias que sean realistas ante el contexto de violencia delictiva que golpea a las comunidades.
