Mientras en Estados Unidos ejecutivos de la empresa de comunicaciones LatiNode ya admitieron el pago de soborno a funcionarios de Honduras, en el país, el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, informó que las investigaciones fueron contundentes, pero depende del Ministerio Público y el Poder Judicial aplicar lo pertinente a los implicados hondureños en el delito.
En el ámbito nacional, el TSC investigó y detectó responsabilidades penales contra funcionarios hondureños, pero nadie guarda prisión por el caso.
El presidente del TSC, Jorge Bográn, dijo que las investigaciones están bien fundamentadas e incluso los auxilió un experto internacional en telecomunicaciones.
“Nuestro informe fue bien fundamentado para el ilícito penal. Fue remitido entonces al Ministerio Público, que determinó que el informe estaba apegado a derecho y lo judicializó, lo presentó a los tribunales de justicia y éstos decidirán si hay o no fundamentos”, añadió.
“Para nosotros, el informe fue contundente, pero compete a un juez decidir eso porque no es nuestra jurisdicción. Para nosotros había suficiente material para dictar por lo menos una resolución de comisión de delito”, dijo el funcionario.
Indagaciones del MP
Aclaró que el MP judicializó los casos, pero hasta ahora el Poder Judicial no ha determinado ningún fallo contra los implicados, aunque eso no implica criticar las actuaciones de ese poder del Estado.
En este caso, la Fiscalía investigó hasta en Estados Unidos, procurando saber cuáles eran los funcionarios A, B y C, señalados de recibir un soborno de unos 10 millones de lempiras, (500,000 dólares), a cambio de favorecer a LatiNode.
En diciembre del año pasado fueron capturados Jorge Granados, director de LatiNode, y Manuel Cáceres, vicepresidente de esa empresa, en Miami, sede de la empresa, según el Departamento de Justicia norteamericano.
Dichos funcionarios representan a la empresa encargada de proveer tecnología y en 2005 ganó un acuerdo de interconexión con Hondutel que le permitiría establecer una red entre Honduras y EUA para el tráfico de llamadas internacionales.
El soborno, según la acusación, fue para que les redujeran las tasas de pago a Hondutel, mantener el contrato y lograr otros beneficios económicos.
Caso sigue abierto
El expediente del soborno de la empresa LatiNode a exfuncionarios continúa abierto, aseguraron autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción.
Que el ejecutivo de LatiNode Jorge Granados, colombiano, se confesara culpable ante un tribunal federal de Miami de haber autorizado el pago de sobornos a exfuncionarios zelayistas indica, según la Fiscalía, que sus procedimientos estaban en el camino correcto.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, dijo que se están deduciendo responsabilidades al que soborna y al que recibió el dinero.
“Se confirma que son ciertas las acusaciones incoadas por el Ministerio Público en los tribunales de que hubo miembros de LatiNode que sobornaron a funcionarios hondureños”, indicó.
Se esclarecerá caso
En octubre pasado, el fiscal Luis Rubí y Henry Salgado viajaron a Estados Unidos a solicitar al Departamento de Justicia una asistencia en el envío de las pruebas que faltaban, las cuales no se remitieron por la crisis política. La petición de asistencia judicial se hizo invocando la Convención Interamericana contra la Corrupción, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA.
En vista de que este organismo no reconoce a Honduras, se paralizó el trámite de envío de la información. Salgado confía en que si Honduras retorna a la OEA, se enviarán las evidencias.
El Ministerio Público accedería a documentos a los que, por razones de investigación, no se tenía acceso.
“Esta información es importante para seguir deduciendo responsabilidades a las personas vinculadas, entre ellos, el funcionario A”, expresó.
Aún no se conoce la identidad del funcionario A.
Los acusados
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara en abril de 2009 un informe sobre el soborno, el Ministerio Público acusó en junio de ese año a cinco sospechosos.
Se acusó al exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, por cohecho, fraude y abuso de autoridad.
Fue capturado en julio de 2009 y luego liberado al pagar una fianza.
Su causa fue elevada a juicio oral y público.
Es el funcionario B que cita el informe del Departamento de Estado.
La Fiscalía acusó, además, al exgerente Jorge Rosa por cohecho y fraude.
La Corte de Apelaciones confirmó el auto de prisión por cohecho y fue sobreseído por fraude. Se defiende en libertad.
Asimismo, el MP acusó al exgerente Jacobo Lagos por fraude. Tras dictarle el auto de prisión, la Corte de Apelaciones instruyó al Juzgado Penal a que le aplicara un sobreseimiento definitivo.
El cuarto imputado es Óscar Danilo Santos, antiguo asesor legal de Hondutel, por abuso de autoridad, fraude y cohecho. Tiene auto de prisión y la causa fue elevada a juicio oral.
Santos es considerado el funcionario C y guarda prisión por otra causa: espionaje telefónico.
Finalmente, la Fiscalía acusó al otrora asesor legal Julio Flores por violación de los deberes de los funcionarios. Se le dictó auto de prisión con medidas sustitutivas.
Les pagaban en cuentas secretas
El ex gerente general de LatiNode, Jorge Granados, y el ex vicepresidente de desarrollo de negocios de la empresa, Manuel Cáceres, fueron arrestados en Miami y se enfrentan a 19 cargos por incumplimiento de la regulación contra sobornos incluida en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, FCPA, además de cargos por lavado de dinero, indica el comunicado.
Como compañía, LatiNode se declaró culpable en abril de 2009 por el pago de $1.9 millones en sobornos destinados a recibir tarifas preferenciales para las llamadas de larga distancia internacional entre Honduras y EUA.
La compañía debió pagar una multa de $2 millones.
Según el agente especial a cargo de la división de Miami del FBI, John V. Gillies, los cargos contra los ejecutivos reflejan los esfuerzos no sólo para investigar los supuestos actos de corrupción de una entidad, sino identificar a los individuos responsables de estas acciones.
Después de que LatiNode se adjudicara un contrato con Hondutel en 2005 para usar sus líneas con el fin de establecer una red entre Honduras y EUA y brindar llamadas de larga distancia, Granados y Cáceres y un abogado de LatiNode comenzaron a pagar sobornos a funcionarios hondureños con el propósito de bajar los precios.
Los sobornos se discutieron en correos electrónicos y se pagaron por medio de cuentas bancarias secretas.
