Tegucigalpa, Honduras.
Del Poder Ejecutivo depende que entre en operaciones la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza.
La Superintendencia, adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, debió entrar en funcionamiento en abril de 2015, pero la falta de presupuesto y un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra las pruebas de confianza atrasaron su instalación.
Su inmediata operatividad ha sido planteada luego de que los miembros de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional anunciaran que pedirán al Congreso la disolución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Nacional (Diecp).
Incluso, el depurador Omar Rivera afirmó que se necesita “pulverizar” a la Diecp por los malos resultados obtenidos desde su creación en materia de depuración policial. El presidente de la comisión de presupuesto del Congreso, Francisco Rivera, declaró que no ha llegado a la Cámara ninguna solicitud para la aprobación del presupuesto para el funcionamiento de la Superintendencia.
“Entiendo que la misma depende del Poder Ejecutivo, y en el momento que introduzcan una iniciativa para aprobar el presupuesto de la Superintendencia, se aprobarán en este Congreso”, comentó.
El congresista señaló que en cuestiones de presupuesto la comisión no actúa de oficio, tiene que haber una solicitud debidamente justificada y en la que se identifiquen las fuentes de financiamiento.
La Superintendencia practicará las pruebas de confianza no solo a los policías, sino también a todos los operadores de justicia y hasta los empleados del Poder Ejecutivo que el Presidente designe.
El diputado Walter Banegas dijo que las pruebas de confianza deben ser validadas por una institución especializada. Afirmó que por falta de certificación de los operadores de justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial han reportado resultados mediocres, sobre todo en la lucha contra la corrupción.
Por esta razón urgió poner en funcionamiento la Superintendencia y darle otro rol a la Diecp. De acuerdo con la ley, la Superintendencia será una entidad con independencia técnica, funcional, administrativa y presupuestaria.
Del Poder Ejecutivo depende que entre en operaciones la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza.
La Superintendencia, adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, debió entrar en funcionamiento en abril de 2015, pero la falta de presupuesto y un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra las pruebas de confianza atrasaron su instalación.
Su inmediata operatividad ha sido planteada luego de que los miembros de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional anunciaran que pedirán al Congreso la disolución de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Nacional (Diecp).
Incluso, el depurador Omar Rivera afirmó que se necesita “pulverizar” a la Diecp por los malos resultados obtenidos desde su creación en materia de depuración policial. El presidente de la comisión de presupuesto del Congreso, Francisco Rivera, declaró que no ha llegado a la Cámara ninguna solicitud para la aprobación del presupuesto para el funcionamiento de la Superintendencia.
“Entiendo que la misma depende del Poder Ejecutivo, y en el momento que introduzcan una iniciativa para aprobar el presupuesto de la Superintendencia, se aprobarán en este Congreso”, comentó.
El congresista señaló que en cuestiones de presupuesto la comisión no actúa de oficio, tiene que haber una solicitud debidamente justificada y en la que se identifiquen las fuentes de financiamiento.
La Superintendencia practicará las pruebas de confianza no solo a los policías, sino también a todos los operadores de justicia y hasta los empleados del Poder Ejecutivo que el Presidente designe.
El diputado Walter Banegas dijo que las pruebas de confianza deben ser validadas por una institución especializada. Afirmó que por falta de certificación de los operadores de justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial han reportado resultados mediocres, sobre todo en la lucha contra la corrupción.
Por esta razón urgió poner en funcionamiento la Superintendencia y darle otro rol a la Diecp. De acuerdo con la ley, la Superintendencia será una entidad con independencia técnica, funcional, administrativa y presupuestaria.
