Para el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Serna, Rigoberto Cuéllar, y un equipo técnico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, que defendieron anoche el polémico contrato de los cien megas de energía térmica, no hay más opción técnica y económica que comprar energía sucia para superar los apagones en una parte del país.
Anoche llegaron ante el pleno legislativo con el fin de hacer labor de convencimiento para que los diputados aprueben esta semana el oneroso contrato que se pretende otorgar por 16 años, por la vía de la “emergencia”.
Los diputados que conocen profundamente el tema señalaron que hay anomalías en el documento que la Enee pretende oficializar, si el Congreso lo aprueba, con la empresa Westport, que sería beneficiada con este contrato considerado por expertos el más caro en la historia de Honduras.
Westport es considerada una empresa de maletín porque solo tiene dos empleados registrados en Connecticutt, Estados Unidos.
Según los reportes publicados en portales de transparencia, solo reporta ingresos por más de 90,000 dólares al año.
La Enee pretende que se apruebe el contrato oneroso para suplir necesidades de energía en la zona de occidente, valle del Aguán, Olancho y Puerto Cortés.
El contrato fue introducido en el plenario y turnado a una comisión de dictamen.
Los cuestionamientos
El diputado Antonio Rivera Callejas se preguntó qué ahorro puede haber si Westport generará con diésel.
Cuestionó que se pretenda aprobar un contrato por una supuesta emergencia, pero por 16 años. El diputado Toribio Aguilera, del Pinu, advirtió que el contrato está lleno de trucos.
Uno de ellos, dijo, es que el contrato establece que el Estado proveerá el gas para que Westport genere energía durante 15 años.
Advirtió que el Estado no tiene donde almacenar ese gas y, por tanto, el Estado no cumplirá el contrato.
El diputado Toribio Aguilera dijo que había otras inconsistencias en el contrato, pero no podía exponerlas por falta de tiempo en el pleno.
Los precios, dijeron, en el primer año serán de 25 centavos de dólar el kilovatio hora y con el gas licuado, a partir del segundo año, trece centavos, es decir mucho más bajos que los actuales térmicos.
Un sondeo realizado por LA PRENSA el fin de semana entre los diputados respecto a la aprobación del contrato señalaba que la mayoría se oponía a él por considerarlo leonino y por opinar que es ridícula una emergencia por 16 años.
Anoche en el Congreso se percibía todo lo contrario. Una buena parte cambió de opinión y se mostró en favor de superar los apagones que tienen hartos a los hondureños con la adquisición de energía térmica.
Ya se maneja que el contrato será aprobado el viernes de esta semana, según el anuncio del presidente del CN, Juan Orlando Hernández, en la reunión con los jefes de bancada.
Sindicatos protestan por altos costos de servicios básicos
Una multitudinaria marcha hicieron ayer los miembros de la Plataforma de Sindicatos Públicos para defender los servicios que recibe el pueblo hondureño y exigir que no se sigan privatizando.
La manifestación comenzó alrededor de las diez de la mañana desde la avenida Circunvalación y se desplazó por la Tercera Avenida hasta llegar al parque central, donde leyeron sus consignas desde un estrado ubicado en la primera calle.
Más de mil personas eran parte de unos 15 sindicatos públicos de la costa norte del país que marcharon elevando su voz de protesta contra los altos costos que paga el pueblo por los servicios básicos.
El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Stenee, fue uno de los que tuvieron mayor presencia. Miguel Aguilar, presidente del Stenee, explicó que la movilización tiene el objetivo de defender las empresas del Estado condenando el modelo privatizador. Los miembros de la Stenee piden rescindir el contrato con la empresa Semeh y que esas funciones regresen a la Enee para que pueda leer, facturar y cobrar el servicio que presta a los usuarios y lograr un ahorro de 25 millones de lempiras mensuales. Exigen también una rebaja en el ajuste por combustible a la energía eléctrica, algo factible, pero no hay voluntad política real y contundente del Gobierno, según su opinión.
Los miembros de la Plataforma de Sindicatos pidieron un estricto control de precios de los productos de la canasta básica y de los insumos para producir, ya que el Estado no debe avalar la especulación que tanto daña al pueblo pobre.
