24/05/2024
01:07 AM

80% de secuestrados en México son hondureños

La Pastoral de la Movilidad Humana destaca que al fin los países se interesan en los migrantes.

    Cuando casi se cumple un año de haber comenzado el proceso de acercamiento entre organizaciones relacionadas con los migrantes, la Pastoral de Movilidad Humana en México afirma que la mayoría de secuestros y asaltos a centroamericanos en México afecta en un 80% a hondureños.

    Para ellos hay un avance significativo en las medidas que pudieran adoptarse y ven con buenos ojos que los países centroamericanos alcen la voz por los connacionales después de los eventos dolorosos de San Fernando Tamaulipas en agosto y el secuestro de migrantes el 16 de diciembre de 2010.

    Para los defensores de los migrantes, escuchar la voz de los Gobiernos centroamericanos preguntándole a México qué está pasando con los centroamericanos es buena señal, ya que en el reciente pasado la Iglesia era la única que alzaba la voz y presionaba, exigiendo un trato humanitario a los llamados “sin papeles”.

    “Vemos un avance en algo que anteriormente ni tocaban los Gobiernos. La ocupación que el Gobierno Federal Mexicano tiene en el asunto migratorio nos hace pensar que estamos en un momento adecuado para construir a favor de los migrantes y exigir el respeto de sus derechos”, manifestó Leticia Gutiérrez, de la Pastoral de Movilidad Humana.

    Los más vulnerables

    Los hondureños son, entre los que migran a Estados Unidos, los más perjudicados por los delincuentes que operan en el sur de México.
    Aunque estas bandas no son selectivas, para el crimen organizado, los migrantes son sus mercancías y por lo tanto se vuelven vulnerables para que sean secuestrados en el trayecto.

    Una de los puntos que ahora exige la Iglesia Católica es dar atención a las víctimas del secuestro y a quienes dan testimonio de los crímenes.

    “Están en un trabajo de iniciativa de ley migratoria que las organizaciones consideran un paso para la solución porque los asuntos migratorios van más allá de una legislación. Es una de las cosas que les urgen a los países de Centroamérica porque las víctimas, si son liberadas o deportadas, no son acompañadas en sus lugares de origen”, expone.

    “Si no se atiende este problema social, los Gobiernos de Centroamérica están recibiendo personas torturadas, que vieron y fueron testigos de asesinatos, y no podemos dejar a la gente así. El daño psicológico repercute en la sociedad y la familia y esto debe ser atendido por los Gobiernos”, manifestó Gutiérrez.

    Pero esta violencia no sólo afecta a hombres y mujeres: los niños y niñas adolescentes son blanco de estos grupos.

    Los menores empiezan a salir de sus comunidades de origen, los hijos buscan a sus padres y los menores no entienden el peligro que encuentran en territorio mexicano; no sólo es el peligro del traficante o del que los acompaña, sino la vulnerabilidad de estos menores tienen por la red de trata, señala.

    Estadísticas

    Cualquier dato sobre los migrantes será pequeño porque no hay registro ni estadísticas que permitan ver las cantidades reales de secuestrados.

    “San Fernando nos deja ver un solo evento, un secuestro en que se llevan a más de 70 personas y eso es un hecho. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2009 emitió un informe especial sobre secuestros y dice, de los testimonios recabados, que 9,778 personas fueron secuestradas en 2010 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que van más de 10,000 secuestros”, apunta la activista.

    El informe revela que todo México ahora es un peligro para los que migran.

    Entre los avances, también se valora el esfuerzo por tener cambios en la legislatura.

    La ley general de población en México es obsoleta: data de 1979. Eso ha hecho que al Poder Legislativo le urja emitir la ley con carácter más humanitario y visión humana.

    Desde el 3 de febrero, cuando empiecen los debates en el Parlamento, se verá la voluntad de los diputados respecto a ese asunto. En la nueva ley, una de las cosas que se plantean es que los migrantes puedan denunciar, independientemente de su situación migratoria.

    Ministerio Público y la PGR de México trabajarán en conjunto

    México. Las acciones sobre el asuntos migratorios entre los países centroamericanos y México dan sus primeros pasos.

    La reunión inicial de estas entidades dejó claro que hay voluntad de dar seguimiento a los delitos diarios contra los migrantes.

    La aplicación de la ley de lavado de activos, en el caso específico del dinero manejado por el crimen organizado, es uno de los puntos que se deben seguir para obtener la información que permita conocer los movimientos de estos grupos criminales en México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

    Fiscales especializados del Ministerio Público serían integrados para comenzar las acciones que poco a poco revelen la identidad de los individuos que extorsionan a familiares de los migrantes secuestrados en la ruta a Estados Unidos. El fiscal adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, en su visita a México, manifestó que la Procuraduría General de la República de México y el Ministerio Público de Honduras han comenzado las coordinaciones para coadyuvar en la problemática de migrantes y los posibles delitos en el paso de migrantes de Honduras a Estados Unidos.

    “Se ha convenido que en el marco legal y en el marco de memorándum de entendimiento hay leyes que nos rigen para la información financiera, leyes que nos facultan para investigar delitos contra hondureños en el extranjero si la autoridad extranjera no ha usado los derechos que le corresponden en su territorio”, apuntó Urtecho.

    En febrero volverán a reunirse para evaluar avance de acuerdos

    La cercanía que México y Honduras están teniendo respecto a los migrantes ha hecho que se piense en grande.

    Tras la reunión entre los vicecancilleres de Honduras y México, Alden Rivera y Rubén Beltrán, ya se habla de conformar un bloque regional con los 17 países de América Latina que tienen ciudadanos que quieren llegar a Estados Unidos.

    Los acuerdos establecidos en el encuentro del sábado avanzan y una primera medida es conocer los frutos de los esfuerzos en un plazo de 60 días. La comisión de alto nivel ha fijado la fecha de la reunión de seguimiento para el 22 de febrero. En ella se evaluarán acciones y avances en asuntos migratorios y se darán a conocer los resultados.

    Desde el sábado anterior, en el Distrito Federal, los representantes de las instituciones que deben coordinar acciones comenzaron su trabajo.

    Funcionarios de la Procuraduría General de la República de México y el Ministerio Público en Honduras comenzaron a establecer las bases del trabajo conjunto. El director de Migración de Honduras y el de México coordinaron el trabajo conjunto que permitiera obtener una base de datos de los connacionales que transitan por territorio hondureño y mexicano.

    Los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores consolidaron acuerdos que desde octubre del año anterior habían dado las bases del trabajo conjunto en pro de los migrantes.

    “La tarea ahora es de instituciones, dándole un seguimiento a los puntos que hemos acordado en el comunicado”, dijo el vicenciller Alden Rivera.