Tensión en desalojo de más de 200 familias campesinas en Tocoa
Centenares de policías ingresaron a finca Camarones y desalojaron a cerca de 200 familias campesinas que tenían ocupadas las tierras
- 08 de diciembre de 2025 a las 14:59 -
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Una tensa y conflictiva jornada se registró este lunes al mediodía en la finca Camarones, ubicada en la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa, Colón, donde un operativo policial ejecutó un desalojo contra más de doscientas familias campesinas que habitaban el lugar desde hace varios años.
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El procedimiento comenzó en las primeras horas de la mañana, cuando un numeroso contingente de agentes de la Policía Nacional ingresó a la propiedad con la orden de recuperar el terreno reclamado por la Corporación Dinant, en el marco de un prolongado conflicto agrario en el Bajo Aguán.
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Las familias campesinas, organizadas en grupos que han permanecido en la zona desde la ocupación inicial del predio, manifestaron su oposición al desalojo, asegurando que existían acuerdos previos con el gobierno que no estaban siendo respetados.
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De acuerdo con testimonios de habitantes y reportes preliminares de medios locales, la resistencia de los pobladores generó momentos de tensión que escalaron rápidamente a enfrentamientos entre las partes involucradas.
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La presencia policial se incrementó a medida que avanzaba la mañana, con el propósito declarado de despejar la finca y permitir la entrada de representantes de las empresas extractoras de aceite que operan en la región.
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El desalojo se enmarca en una serie de acciones judiciales asociadas al conflicto por la tierra en el Bajo Aguán, un tema que ha sido motivo de controversia y disputas entre campesinos y empresas agroindustriales durante más de una década.
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Los campesinos afectados aseguran que la medida contradice compromisos previamente establecidos con instituciones gubernamentales y denuncian que no fueron tomados en cuenta procesos de diálogo y mesas técnicas impulsadas en años recientes.
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Mientras tanto, las autoridades policiales han explicado que el operativo se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial y que los cuerpos de seguridad actuaron bajo protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.
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Hasta el momento, la situación en los alrededores de la finca se mantiene bajo vigilancia, con presencia policial y con las familias desalojadas buscando alternativas temporales mientras definen sus próximos pasos legales y organizativos.
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Organizaciones sociales de la zona han solicitado a las autoridades la instalación de un espacio de mediación urgente para evitar que el conflicto escale y para retomar rutas de negociación que permitan una salida pacífica y duradera al problema agrario en el Bajo Aguán.
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