TEGUCIGALPA, HONDURAS
El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, ha presentado su Plan de Gobierno "Juntos Vamos a Estar Bien 2026-2030", el cual se fundamenta en una visión que enlaza la ética pública (deontología) con la política social y económica.
El plan busca crear sinergias que generen empleo y promuevan la cohesión social, mientras se fortalece el Estado de derecho, haciendo énfasis en el respeto al principio de legalidad y la provisión de seguridad jurídica y certidumbre política para el país.
La visión central de Asfura para Honduras es una nación que gestiona su vida republicana en democracia y libertad, donde las oportunidades se transforman en una fuente constante de "trabajo, trabajo y más trabajo".
Este enfoque busca dignificar las condiciones de vida del pueblo hondureño y poner fin a la migración forzada por pobreza e inseguridad.
El candidato sueña con una Honduras donde los ciudadanos puedan construir su futuro junto a sus seres queridos, sin temor a la inseguridad ni a las propias autoridades.
Enfoque en seguridad jurídica
El plan subraya que la seguridad jurídica es esencial para todos, desde el ciudadano común que requiere el respeto a sus derechos sociales básicos hasta las empresas que necesitan un clima amigable de negocios, ya que la generación de empleo es vista no solo como un objetivo económico, sino como un compromiso social que garantiza recursos, salud y educación.
Se destaca que el proyecto de gobierno requiere una voluntad política democrática y la gestión de la vida republicana bajo valores republicanos, lo que implica el respeto a la independencia de los poderes del Estado y la rendición de cuentas.
Se propone, específicamente, garantizar la autonomía de los poderes públicos, modernizar los procesos electorales y fomentar la participación ciudadana en la fiscalización pública. Bajo el lema "Seguridad: Trabajar y Vivir sin Miedo", el plan aborda la seguridad como un asunto de vida y responsabilidad fundamental de las instituciones estatales.
Las acciones se estructuran en torno a la Prevención Social, con programas comunitarios de prevención de la violencia y oportunidades para jóvenes en riesgo; la investigación criminal, fortaleciendo capacidades forenses para lograr la cero impunidad; la lucha antiextorsión, con una estrategia nacional que incluye unidades especializadas y protección a víctimas; los controles territoriales mediante la presencia de fuerzas interagenciales contra el crimen organizado y el narcotráfico; y la gobernabilidad, promoviendo un desempeño transparente y probo de los cuerpos policiales.
En el sector energético, el plan aborda la crisis señalando que las pérdidas eléctricas (estimadas en hasta un 38.6%, equivalentes a aproximadamente USD $535.5 millones anuales) son el "epítome de la ineficiencia".
La estrategia se centra en la Reducción de Pérdidas mediante medidores inteligentes y la lucha contra el fraude; la repotenciación de la red con nuevas subestaciones y la adopción de tecnologías de Red Inteligente (Smart Grid); el Abastecimiento mediante el fomento y la diversificación de la matriz energética con énfasis en fuentes renovables; y la Reestructuración institucional, buscando la autonomía de los entes reguladores y mejorando la gobernanza de la Enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica).
Respecto a la Infraestructura para el Desarrollo, el plan identifica que solo el 21.3% de la red vial principal está pavimentada. Las acciones incluyen invertir en el pavimento y rehabilitación de 5,000 km de la red vial y la creación de un Fondo Nacional de Mantenimiento Vial garantizado. Además, se busca solucionar el colosal déficit habitacional, que supera los 1.2 millones de viviendas.
La meta es el lanzamiento de un programa de construcción de 550,000 viviendas nuevas de interés social en 10 años, sumado a la mejora de otras 750,000 viviendas existentes, esperando que esta inversión genere 1 millón de empleos directos e indirectos. El sector agroindustrial, que genera entre el 35% y 40% del empleo y el 70% de las exportaciones, es crucial.
El plan busca enfrentar la inseguridad alimentaria, marcada por déficits en maíz (30%) y frijol (12%), mediante el Fomento a la Producción de granos básicos, la provisión de asistencia técnica, semillas mejoradas y sistemas de riego eficientes, y el establecimiento de un programa nacional de reservas estratégicas de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Además, se impulsa la adaptación al cambio climático y se facilita el acceso a financiamiento para el sector.
En cuanto a la Transformación Industrial, el plan se centra en la industria manufacturera, el mayor generador de empleo formal con más de 380,000 afiliados.
La estrategia se basa en tres pilares: la Modernización Industrial mediante la adopción de tecnologías avanzadas (automatización e IA); la reactivación maquiladora a través de la simplificación de trámites y la oferta de incentivos fiscales y tarifas energéticas competitivas; y la estrategia de Nearshoring (relocalización), creando una oficina dedicada y desarrollando zonas francas especializadas para atraer inversiones. Se plantea una transformación urgente de los sistemas de Salud y Educación.
Propuestas en Salud y Educación
En Salud, las prioridades son la reducción de la mora quirúrgica con campañas masivas y telemedicina, la garantía de disponibilidad de medicamentos con un sistema centralizado de compras y distribución, la mejora de la atención a accidentes viales y la ampliación de la infraestructura sanitaria.
En Educación, el enfoque es la calidad e inclusión, con una Transformación Curricular con énfasis Steam, la implementación de programas de becas y el fortalecimiento de la vinculación al sector productivo a través de la formación técnica y vocacional. Finalmente, la Política de Desarrollo Social busca reducir la pobreza multidimensional, el desempleo y la migración forzada.
Las acciones se enfocan en expandir el acceso a servicios básicos de calidad (agua, saneamiento y energía) para la población vulnerable; invertir en capital humano a través del desarrollo infantil temprano y la ampliación del acceso a la educación preescolar; la promoción de Empleo de Calidad mediante incentivos al sector privado y apoyo a las Mipymes; y el fortalecimiento de la Protección Social con la expansión de programas de transferencias monetarias condicionadas y la protección a grupos vulnerables.
Todo esto se coordinará a través de un Registro Social Unificado para garantizar la focalización y la transparencia en la inversión social.
