Los trabajadores del sector público tendrán que conformarse este año con mantener los salarios que ganan actualmente, luego que la administración Lobo Sosa decidiera que no habrá ajustes salariales en el presente año.
La decisión se toma en momentos en que muchos empleados en sectores como Educación y Salud ni siquiera reciben sus pagos actuales.
r público y que fue publicado en La Gaceta el pasado 6 de febrero. “Con base en lo establecido en el Decreto Legislativo 18-2010 del 28 de marzo de 2010, contentivo de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera, para el ejercicio fiscal 2013, quedan congelados los aumentos salariales en la administración pública”, reza el citado artículo.
Esa medida le permitirá a la administración Lobo Sosa contener el excesivo gasto corriente y destinar esos recursos para cubrir otras partidas como el servicio de la deuda pública, principalmente la interna.
Según la Secretaría de Finanzas, la masa salarial de la administración pública (48,449.9 millones de lempiras) representa el 31.64% del Presupuesto asignado para este año, que es de 163,226.2 millones de lempiras, de los que el Gobierno tiene asignado 89,544.4 millones y el resto 73,681.8 millones es para las instituciones estatales descentralizadas.
En 2012, el gasto en sueldos y salarios ascendió a 44,628.8 millones de lempiras, menor a lo programado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del sector público, que era de 47,754.6 millones.
Compromiso pendiente
La medida de contener la masa salarial fue acordada por el Gobierno hondureño con la última misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estuvo en el país a comienzos de diciembre de 2012 y que vino con el objetivo de practicar la Consulta del Artículo IV.
Así está contemplado en el resumen de esa evaluación divulgado el pasado 15 de febrero en el portal electrónico del FMI, el que tácitamente dice: “Los directores (del FMI) apoyaron los planes para reducir la masa salarial del sector público”.
El congelamiento de los ajustes salariales fue parte de los compromisos acordados por la administración Lobo Sosa en el período 2010-2011, los que estuvieron en línea con lo programado en la Carta de Intenciones que firmó el Gobierno en septiembre de 2010 y que expiró el 31 de marzo del año pasado.
No obstante, diversos sectores habían solicitado al Gobierno recortar una gran cantidad de servidores públicos por contrato, lo que permitiría un significativo ahorro en el gasto corriente y, por ende, el déficit fiscal sería menor; pero la medida fue desaprobada por el presidente de la República.
La medida de efectuar recortes, sin embargo, no tuvo eco en las autoridades gubernamentales, quienes consideran el alto costo político que tendría la medida en pleno año electoral, por lo que la descartaron de tajo.
