La demanda se centra en disposiciones de la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en EUA sin inspección federal.
Los indocumentados se verán afectados en cuanto a transporte, trabajo y hasta al acudir a ciertos hospitales, pero hay derechos constitucionales que toda persona puede invocar
