El documento elaborado entre el Cohep, BCIE y el IOA señala que el próximo presidente de la república debe asumir el compromiso de continuar con el proceso de la reforma eléctrica, y, en consecuencia, designe a un funcionario del más alto rango responsable de coordinar todas las acciones políticas, técnicas y financieras que permitan completar la implementación de las disposiciones de la LGIE.