SAN PEDRO SULA.
El hombre les había dado su número de celular a los agentes días antes y en varias ocasiones llegó al depósito a darles para que le probaran un camión que pretendía cambiar con ellos, según la acusación presentada en los juzgados. Los uniformados, lejos de entregarle el automotor a su dueño, lo golpearon, torturaron y apuñalaron y luego, creyendo que estaba muerto, intentaron deshacerse del cuerpo unos kilómetros adelante, siempre en la carretera hacia Ticamaya.
La sala cuarta del Tribunal de Sentencia, en San Pedro Sula reprogramó para el próximo viernes 2 de agosto el juicio oral y público contra cuatro policías de Tránsito acusados de abuso de autoridad y tentativa de asesinato en contra de un ciudadano. Esto sucedió el 31 de agosto de 2016.
La decisión de la terna de jueces de reprogramar por segunda ocasión el inicio del juicio se origina en que la defensa de los acusados interpuso un recurso en la Corte de Apelaciones local. Los encausados Juan Antonio Vásquez Hernández, Tomás Corea Corea, Fredy Hernández Serén y Jairo Lorenzo Benítez Mateo estaban asignados al depósito de carros decomisados en Ticamaya, carretera a Choloma, Cortés. A este predio son llevados los vehículos decomisados por la Policía de Tránsito.
Los hechos sucedieron la noche del 31 de agosto de 2016 cuando al depósito de carros decomisados llegó el ahora testigo protegido a pedirles que no lo siguieran extorsionando, pues ya les había entregado 30,000 lempiras.
| Luego de extorsionar a un ciudadano, los exagentes presuntamente lo torturaron y apuñalaron. Cuando pensaron que había muerto lo fueron a lanzar a una zona cercana al depósito de carros decomisados, de Ticamaya.
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Vecinos del lugar que vieron cuando botaron el cuerpo llegaron en auxilio del hombre, quien les dio el número telefónico de su mujer, quien llamó a la autoridad al instante.
Después se desplazó hasta el lugar una patrulla que rescató al hombre para llevarlo a un centro hospitalario privado de San Pedro Sula.
Por esta presunción, los expolicías fueron capturados por agentes técnicos de investigación criminal el jueves 23 de febrero de 2017 en las oficinas de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte en Calpules, San Pedro Sula.
La detención se dio por una orden de captura del Juzgado de Letras Penal Unificado que la emitió el 2 de enero de ese mismo año.
