La ciudad está a las puertas de una nueva demanda judicial por parte de la compañía Sulambiente.
La razón: la compañía reclamó administrativamente el pago de mayores costos por 8,475,879.64 lempiras en el componente de limpieza vial, y la municipalidad se niega a pagar porque el alcalde Roberto Contreras asegura que el contrato no incluye pago por mayores costos.
El contrato con Sulambiente tiene tres componentes: recolección, manejo y limpieza vial y tiene vigencia hasta el año 2030.Se explica como mayores costos el reconocimiento de la variación de costos en insumos, mano de obra, entre otros. Según la alcaldía, esto aplica solo a contratos de obra pública, no a servicios, como es el caso de Sulambiente.
Proceso
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo una investigación especial sobre el tema a solicitud del alcalde Roberto Contreras, el organismo elaboró el informe y da una serie de recomendaciones para que evitar llegar a una demanda.
También sugiere presentar un plan de acción.Ambas partes deben agotar las instancias, invocar la cláusula de solución de controversias; pero no ha sido posible. La compañía lo solicitó, según cruce de cartas, pero la municipalidad no respondió, asegurando que agotarán las instancias para defender los intereses de la ciudad.
La municipalidad presentó inicialmente una manifestación ante el organismo contralor por el informe emitido y luego impugnó su contenido “por vicios de nulidad al no respetarse el debido proceso administrativo y por no estar conforme a ley”.
Ayer, los representantes de ambas partes comparecieron en el foro de televisión Frente a Frente para defender sus posiciones con respecto al informe del TSC.
Comparecieron el alcalde Roberto Contreras; Santiago Cerna, asesor legal; María Sanabria, gerente administrativa de la municipalidad, y por Sulambiente la apoderada legal Doris Imelda Madrid.
El documento
Una buena parte del foro fue para atacar el informe emitido por el organismo contralor. Por alusión en el programa, José Juan Pineda, magistrado presidente del TSC, lamentó que tanto la alcaldía como Sulambiente debatan públicamente un tema que debe ser tratado en las instancias pertinentes.
El informe que tienen a mano allí fue una investigación especial solicitada por el señor alcalde el año pasado, obviamente que cuando se solicita una intervención al Tribunal, o una denuncia que hace el señor alcalde, no significa que le va a favorecer a una u otra parte la investigación, dijo.
Datos
En la impugnación, la alcaldía alega que el informe presenta vicios de nulidad por el irrespeto al proceso administrativo y además las recomendaciones se tendrían que haber dado en una conferencia de salida.
Pineda explicó que la alcaldía sampedrana ya estaba siendo intervenida por el TSC por una auditoría del POA que se hace normalmente a todas las alcaldías, y no es cierto que solamente sea en esa ciudad que se está haciendo auditoría, dijo al referirse a las declaraciones del alcalde, quien cuestionó que hay 12 auditores del TSC en la alcaldía sampedrana.
“Las indagaciones se hacen con el propósito de que las partes respeten las leyes, pero no fue porque se contrataron a 12 auditores que están allí diciendo que fueron contratados por Sulambiente, ya que es una denuncia que debería realmente formalizarla porque por lo menos este su servidor desconoce lo que ha dicho el señor alcalde. El decir esas aseveraciones está faltando a la verdad, a no ser que él presente la denuncia y las pruebas”, dijo Pineda.
Explicó que el informe es un procedimiento que se sigue. “No es una resolución del pleno, por lo tanto el procedimiento está establecido en las normativas de auditorías. Le recomienda a la alcaldía que se respete lo contractuado, en ninguna manera le está diciendo pague o no pague”.
" Ese informe lo que le recomienda a la Alcaldía es que se respete lo contractuado, no se le está diciendo que pague. "
Indicó que la impugnación al documento es legal y luego será conocida por el pleno de magistrados.“No se debe politizar y ni estar demeritando los trabajos de las instituciones del Estado, somos personas serias y vamos a seguir siendo serios y respetuosos de las leyes”, detalló.
“Sí quiero decirle contundentemente, el informe es válido, aunque no lo acepte la alcaldía, el informe es válido y ellos ya presentaron la impugnación”.
El magistrado presidente dejó claro que el informe obviamente todavía no ha llegado al pleno, que lamentablemente si no nombra el Congreso el magistrado que hace falta, allí sí va a haber problema, no se va a poder resolver la impugnación.
Queremos lo mejor para la ciudad de San Pedro Sula, yo soy sampedrano también; pero somos un Estado de derecho y debemos respetar las leyes y la Constitución, nos guste o no nos guste, enfatizó.
