Seis meses de estado de excepción no han parado a homicidas ni extorsionadores

San Pedro Sula, Honduras.

El trágico suceso en el que perdieron la vida 13 personas en un billar de Choloma el pasado sábado se convirtió en la gota que colmó el vaso. Ante la ola de violencia, las autoridades hondureñas establecieron nuevas medidas en un intento improvisado y bajo presión pública por restaurar el orden y garantizar la seguridad ciudadana.

Este suceso destaca una vez más la necesidad de una revisión exhaustiva de políticas de seguridad y un replanteamiento de estrategias empleadas.

Desde ayer domingo de 9:00 pm a 4:00 am entró en vigencia un toque de queda “especial” en Choloma, en un tiempo de 15 días prorrogables. La misma medida será a partir del 4 de julio para San Pedro Sula, para ponerle un alto a las pandillas y crimen organizado (narcotraficantes).

Fuentes de la Policía pormenorizaron a este medio de comunicación que los ciudadanos deben permanecer en sus hogares durante el toque de queda, salvo excepciones de emergencia.

Personas que trabajen en horarios nocturnos como maquilas o restaurantes deberán estar adentro mientras tanto, en su defecto, llegando horas antes o saliendo tiempo después de lo permitido para evitar ser arrestados por 24 horas. Otros establecimientos como bares, cantinas y afines tendrán que cerrar operaciones en el margen de horario del toque de queda.

Esto entra en funcionamiento luego que la presidenta Xiomara Castro lanzara la Operación Candado Valle de Sula dentro del plan de seguridad que ha llamado Solución Contra el Crimen y el Estado de Excepción, que ya había implementado desde noviembre. La operación está dirigida por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien cuenta con el respaldo de altos cargos militares y policiales.

En una conferencia de prensa ayer, representantes de la Policía Nacional y Militar no descartaron que más adelante se aplique lo mismo en todo el valle de Sula.

Entre las nuevas acciones figuran la inclusión de otros 1,000 policías a los barrios y colonias, más patrullajes, retenes móviles y fijos, saturaciones y allanamientos en viviendas o lugares concurridos, así como registros y detenciones.

Indicaron también que propondrán al Congreso Nacional tipificar como terroristas a mareros y pandilleros. Además, se ofreció recompensa de 800,000 lempiras (unos 32,390 dólares) para quienes faciliten capturas de asesinos de últimas masacres en Choloma y San Pedro Sula.

El homicidio múltiple de Choloma se sumó, entre otros grotescos eventos, a la del pasado martes cuando 46 mujeres murieron en una reyerta e incendio en la cárcel de mujeres también conocida como Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas) en Támara, en la capital hondureña.

Estas recientes tragedias generan cuestionamientos, ya que ocurren en medio de un estado de excepción implementado desde el 16 de diciembre de 2022 para endurecer la seguridad pública y sobre todo para combatir el crecimiento exponencial de la extorsión.

Hoy se cumplen 193 días, equivalentes a casi siete meses, desde que la Secretaría de Seguridad dictó un estado de excepción ante el crecimiento exponencial de la extorsión y otras incidencias; sin embargo, pese a esfuerzos y recursos invertidos en esta medida, los resultados han sido cortos.

Según datos recopilados hasta mediados de junio por LA PRENSA Premium, el número de detenidos por este delito es sorprendentemente bajo con relación a la magnitud del problema.

Mediante análisis se identificó que, en efecto, tras diciembre pasado aumentaron los arrestos a nivel nacional, con pequeñas variaciones entre uno y otro mes; no obstante, a 2,051 de estos se les imputó como delito el tráfico de drogas, seguido de portación ilegal de armas con 1,288 casos y a 321 por robo.

Se encontró que de los cerca de 4,500 detenidos en todo el país, principalmente en Francisco Morazán, Cortés y El Paraíso, apenas a 211 se les atribuyó como delito la extorsión.

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Las cifras dejan entredicho la efectividad por parte de equipos de seguridad estatales, puesto que 3,935 detenidos fueron consignados en archivos como que no pertenecían a una estructura criminal en específico, sí 301 de ellos eran afines a la Mara Salvatrucha, 214 de la Pandilla 18 y el resto a otras organizaciones de menor presencia territorial.

Un informe del Ministerio Público (MP) detalla que entre el 16 de diciembre de 2022 y junio de este año se acusó y judicializó a 5,478 personas, la mayoría por tráfico de drogas, pero apenas 62 fue por extorsión, significa que 149 de los remitidos por la Policía no se les acreditó tal causa.

Por décadas se ha sabido que maras y pandillas están detrás del problema extorsivo, pero en los expedientes que procesó la Fiscalía en el marco del estado de excepción irónicamente solo aparece un miembro de la Pandilla 18, los demás son de oficios varios: mecánico; barbero; comerciantes; bartender; agricultor; taxista; amas de casa; chapeador de solares; zapatero; ayudante de vendedor; pintor de carros; recepcionista de call center; estilista y guardia de seguridad.

Los números hablan por sí solos, es por eso que el criminólogo Herman Vogelsang dice que esta medida fue fallida desde el inicio. “Ellos (pandillas) tienen controlado todo, saben quién entra y sale, están bien asesorados y usan mejores estrategias que la misma Policía. El estado de excepción lo hicieron a quemaropa por presión a la Presidenta, pero no ha funcionado”, dijo. Vogelsang insiste que el mecanismo debe continuar, pero solo si se cambian las estrategias.

Pese a que la extorsión fue la punta del “iceberg” que motivó el estado de excepción en el país, la lucha contra este flagelo ha sido evidentemente inútil, puesto que organizaciones continúan sin freno agenciándose de millones de lempiras con el negocio del “impuesto de guerra”.

Así lo constatan dirigentes del transporte en San Pedro Sula y Tegucigalpa, quienes confiaron a este rotativo que desde el anuncio de la medida, más bien, han surgido nuevos grupos extorsionadores y quienes ya exigían continúan haciéndolo a las diferentes rutas. Coincidieron que desde entonces no han parado asesinatos en el rubro, quemas de unidades y paralizaciones.

Los amplios recursos logísticos, presupuesto y facultades adicionales no han podido lograr que la Policía alcance números positivos en materia de seguridad pública y control del crimen.

Cifras oficiales indican que del 16 de diciembre de 2022, cuando el Gobierno adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022, por medio del cual se determinó suspender varias garantías constitucionales, hasta el 12 de junio de este año, ocurrieron 1,584 homicidios, sin contar los más de 130 asesinatos perpetrados en los últimos 14 días.

Enero, febrero y mayo habían sido los meses más violentos durante la vigencia de la medida. Aunque la mayor parte de operativos diurnos y nocturnos se han concentrado en las ciudades, en zonas como el Distrito Central, San Pedro Sula, Tocoa y Choloma reportan elevados índices de violencia.

Los hombres son más las víctimas de la delincuencia, con 1,411 decesos, pero los casos de mujeres siguen en aumento a mitad de año, con 170 hechos, en comparación a 306 decesos contabilizados en todo 2022.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), comenta que si bien es cierto, aumentó el presupuesto de entidades como la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco), hay ejes sin cumplirse.

“Esperábamos a junio una reducción en extorsión u otros delitos, pero al final proyectamos que cerraremos con un año violento. Urge un plan integral de instituciones, poner a funcionar el 911, fortalecer unidades investigativas, juzgados y Ministerio Público”, instó el miembro de sociedad civil.

Organismos externos concuerdan que la impunidad rodea el 95% de los casos por falta de investigación y estrategias. Los números que recuentan autoridades no se alejan de esta versión, pues durante el estado de excepción, del total de homicidios, 750 casos están en proceso de investigación y en 447 eventos se concluyó que fue por enemistades personales.

Investigaciones sostienen que jornaleros, agricultores y labradores son las primeras víctimas, pero en cerca de 500 muertes violentas ni siquiera se tiene el dato registrado. Esta situación ha generado dudas, críticas y se cuestiona si el estado de excepción fue la respuesta adecuada para enfrentar la escalda de violencia que abate al país.

1. Alrededor de 111 quejas fueron interpuestas en 17 departamentos del país contra miembros de la Policía Nacional, cuya dependencia, dirección o unidad no fue posible individualizar por parte de la persona denunciante.Hubo 60 denuncias contra elementos de la Dipampco y otras 22 en contra de militares.

2. Las denuncias estuvieron asociadas a uso desproporcionado de la fuerza durante los arrestos, intimidación y amenazas durante allanamientos, vigilancia afuera de sus casas, disparos al aire afuera de sus establecimientos, imprecisión de las autoridades al momento de requerirlos, prohibición de ingreso de familiares donde los detenidos.

3. Entre los hallazgos importantes revelados por el Comisionado Nacional de Derechos Humano (Conadeh) figuran insuficientes argumentos para comprobar la proporcionalidad e idoneidad de la medida y existen graves falencias en el registro de la información de detenidos, ya que de 505 personas su identidad no fue consignada.