Reubicarán y reclasificarán a reos de maras y crimen organizado

San Pedro Sula

Un desarme general y la reclasificación y reubicación de reos sobresalen entre las medidas anunciadas ayer por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, como parte de la primera etapa del plan de intervención en los centros penales de Honduras.

Analistas y operadores de justicia coinciden en que, pese a que son acciones repetitivas, ya que gobiernos anteriores intentaron aplicarlas, son positivas porque habrá un impacto notable de llegar a efectuarse.

Este plan se desprende de una crisis carcelaria que se agudizó luego de los tiroteos simultáneos registrados el pasado 9 de abril en cuatro cárceles y que dejaron como saldo un muerto y siete heridos.

El programa fue anunciado ayer en conferencia de prensa. Denominado “Solución contra el crimen”, aprobado por el Consejo de Defensa y Seguridad y que dirige la presidente hondureña Xiomara Castro, contiene las siguientes 10 medidas a poner en marcha: desarme a través de registros manuales y electrónicos en todas las instalaciones físicas; bloqueo total de la señal telefónica e intervención de las líneas oficiales para el registro de comunicaciones internas y externas; y remoción y depuración del personal penitenciario y policías, incluyendo una evaluación a directores de las cárceles de El Pozo (Santa Bárbara), La Tolva (El Paraíso), Támara (Distrito Central) y El Porvenir (Distrito Central).

Asimismo, se incluye la instalación de emergencia de monitoreo y vigilancia con control central las 24 horas del día; traslados y reubicación de reos de las cuatro prisiones con mayor concentración de presos, considerando la gravedad de crímenes de los acusados y el estado del proceso (sentenciados o no); y la reclasificación y aislamiento de reos con vinculación al crimen organizado, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.

El plan contempla la revisión de expedientes administrativos de reos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluación de la situación jurídica para el otorgamiento de indultos en casos menores; revisión y práctica de pruebas de confianza al recurso humano policial y civil; aumento del número de agentes penitenciarios y policiales, dotación de equipo de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y ajuste salarial; y la creación de un banco de datos de presos para asegurar el registro de su identidad.

La subsecretaria destacó que los resultados del plan se mirarán paulatinamente en el tiempo y serán el inicio de un cambio real tras décadas donde el crimen organizado y la corrupción penetraron el sistema penitenciario. Villanueva aseguró que velarán por los derechos humanos de los presos, incluyendo su condición sanitaria, vida digna y justicia.

El objetivo principal, según citó la patóloga a medios de comunicación, es reformar las cárceles y recuperar el control sin importar que se copien modelos de otros países que hayan resultado efectivos y que se ajustarán a la realidad de Honduras.

“Voy a contar a uno por uno (presos) con auditorías hasta que estos números (cantidad de presos) tengan congruencia con sus expedientes”, agregó la funcionaria, ya que hasta el momento, el sistema penitenciario nacional cuenta con 19,966 presos en 26 establecimientos (18,773 hombres y 1,193 mujeres).

Diversos sectores concuerdan en que, aunque las medidas anunciadas son positivas, son un tanto repetitivas con relación a intervenciones anteriores o de otros países, por lo que tocará que esperar su cumplimiento final. En todo caso, lo primero por hacer y de carácter urgente pasa por una limpieza general de las cárceles y luego proceder a la reubicación, clasificación y realización de pruebas tanto a prisioneros como a personal interno.

Maritza Burgos, juez coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, expuso que “escuchar estas medidas realmente es bonito, no es la primera vez que se anuncian, pero habrá que ver sí finalmente las aplican. Para clasificar los presos tocará irse a lo que indica la Ley del Sistema Penitenciario, no solo se debe hacer según delito, también hay que medir el grado de peligrosidad, aunque claro, es positivo porque así se evita el hacinamiento y se acaba con los autogobiernos donde las autoridades pierden el control”.

La especialista en materia penitenciaria aplaudió la depuración del personal, pues argumenta que durante muchos años el régimen carcelario ha estado en manos de personal no capacitado para su manejo. A su vez, previó que de las 10 medidas anunciadas por el Gobierno, solo se cumplirá una a corto plazo, tomando en cuenta lo que representa intervenir cada centro.

El abogado y criminalista Gonzalo Sánchez calificó las medidas anunciadas como “excelentes”, pues aduce que son una buena decisión para frenar lo que acontece en las cárceles.

“Es cierto que estas estrategias casi son las mismas de otros lados o tiempos pasados, sin embargo, démosle el beneficio de la duda (a la viceministra) y ojalá que le vaya bien, porque si le va mal a ella, también le irá mal a la sociedad. La corrupción que ha habido es de antaño, hay que entender que no será de la noche a la mañana el cambio, esto, calculo, le llevará si toman medidas extremas, de seis meses a un año” para mirar resultados contundentes.

El exmiembro de la Policía declaró que “ella tuvo que haberse asesorado, no se va a lanzar con estas estrategias así nada más, pero sostengo que la mejor apuesta pasa por la prevención”. Sánchez concluyó diciendo que las cárceles no deben manejarlas los militares, sino la Policía, pero con la debida preparación.

Mientras tanto, Nelson Castañeda, director de Seguridad Ciudadana de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que replicar algunos aspectos de modelos de otros país es positivo, mas no si se copian en general, pues puede desencadenar errores. “Esperamos que no se trate de una improvisación, ya que estamos trabajando bajo la misma dinámica de años anteriores donde los planes no han funcionado”, dijo.

El representante de la sociedad civil enfatizó en lo importante que es aplicar este plan en su mayoría en el marco de la prevención del delito y que todo se desarrolle de una manera integral. Castañeda recordó lo importante que es para la Policía recuperar la confianza, por lo que esta “es una nueva etapa para el sistema penitenciario del país”.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), aconsejó que se apueste por hacer funcional el proceso de rehabilitación en la sociedad y que haya una gracia constitucional donde el indulto sea bienvenido para ayudar a muchos presos que, en lugar de permanecer en los recintos, apoyen al sostenimiento de sus familias.

“También pedimos que acaben con estas cárceles de máxima seguridad y que todo lo anunciado sea ejecutado de manera sensata y utilizando la lógica dentro del marco de los derechos humanos”, expuso.

Organismos internacionales sostienen que los episodios de violencia en cárceles de Honduras evidencian la deficiencia estructural en materia de hacinamiento, gestión penitenciaria y garantía de seguridad integral de reos. En las cárceles impera la sobrepoblación, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras. Además, las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.