“No tenemos cárceles de máxima seguridad”: Gustavo Sánchez

SAN PEDRO SULA

“No tenemos cárceles de máxima seguridad, fue un discurso político que fue vendido y nunca tuvo aplicación”, afirmó el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, al referirse al grave problema que existe en los centros penales desde donde se sigue extorsionando a los hondureños.

LA PRENSA Premiun dialogó con el comisionado Gustavo Sánchez sobre la problemática del delito de extorsión y cómo pretenden ejecutar el plan diseñado para combatir este crimen.

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Una serie de investigación de LA PRENSA Premium desnudó las formas de extorsión que se cometen fácilmente desde las cárceles hondureñas, donde los privados de libertad han montado especies de “call center”, pues siguen teniendo acceso a celulares y red wifi para comunicarse libremente.

Dentro de la Penitenciaría Nacional de Támara, según conoció este rotativo, en el módulo Casa Blanca este “call center” trabaja de manera coordinada llamando a cientos de ciudadanos para exigirles dinero.

Tras recibir amenazas vía llamadas, mensajes de WhatsApp y hasta con videos, muchas víctimas terminan haciéndoles depósitos de dinero vía transferencias electrónicas.Lo increíble es que ese mismo dinero lo reclaman dentro de las pulperías que hay en las cárceles, por medio de aplicaciones que facilitan los envíos sin restricciones.

“Lo de los centros penales fue vendido como de máxima seguridad y no lo son, no porque no tengan la disposición de infraestructural para tal fin, sino que el factor humano ha fallado”, explicó Sánchez.

Expresó que no se tomaron las medidas, se violentaron mucho las garantías constitucionales a lo interno y el proceso de sistematización de los privados de libertad nunca se llevó a cabo.En los centros penales nunca hubo bloqueadores de señal de celulares, sostuvo.

Nunca cumplieron con la ley que lo establecía: “No se aplica, no se aplicó nunca, se hicieron discursos bien bonitos en los medios de comunicación, pero nunca fue efectivo y y eso es lo que queremos implementar ahora con mejor tecnología”.

Indicó que se estaba trabajando en comprobar la identidad de los reos -verificar si realmente son ellos o hay personas suplantadas-, por lo que están censando a unos 20 mil privados de libertad “para ver si lo que tenemos en las fichas son ellos de verdad”.

Sánchez recalcó que el problema de las cárceles tiene más de 20 años, así que “no tenemos una varita mágica para decir ‘se terminó la extorsión’, pues lo que tenemos dentro son escuelas del crimen, siempre fue así y no se puede cambiar en meses”.

Cabe recordar que la Policía Nacional es responsable de los centros penales desde marzo y asumieron la última instalación en julio de este año y ya se están implementando medidas.

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“El control es nuestro, pero existe una crisis heredada de los últimos 20 años que se debe tratar de manera integral para que haya una sostenibilidad y una transformación en los próximos años”, manifestó.

El director policial sostuvo que no en todas las cárceles se cometen delitos desde adentro, porque en algunas se cumplen las medidas, pero en otras no tanto.

“Ya nosotros tenemos identificado muy bien cómo se hacen las extorsiones, cuándo se hacen y las estrategias que usan para realizar los ilícitos en esos lugares y ya tenemos las medidas que se van a emplear”, indicó.

La Policía Nacional lanzó un plan integral para el tratamiento de las extorsiones, que contempla ocho puntos a seguir a corto, mediano y largo plazo.

El plan inició con la puesta en marcha del decreto ejecutivo número PCM 29-2022 en el cual quedaron suspendidas garantías constitucionales durante 30 días a partir de las 6:00 pm del martes 6 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023.

El decreto faculta a las autoridades policiales y militares a hacer allanamientos sin órdenes judiciales, al igual que capturas y registros durante las 24 horas del día en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y La Lima.

Para las autoridades policiales, las restricciones a ciertos derechos en determinadas zonas son parte de la primera fase del plan estratégico, el cual se podría ampliar después de los 30 días en las mismas colonias, así como en otras ciudades que se enfrentan a las extorsiones.

A mediano plazo tienen contemplado adquirir equipo tecnológico de punta para la intervención de llamadas telefónicas así como de georreferenciación (localizar el punto de origen), pues el que tienen en Honduras -afirman- ya está obsoleto y deben cambiar el tipo de tecnología a una más avanzada.

Otro de los puntos del plan estratégico requiere el trabajo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque se propone la regulación de billeteras electrónicas, así como un mejor rastreo de los verdaderos propietarios y transferencias de dinero a cuentas bancarias en el sistema financiero.

Para lograr la judicialización de casos, planean crear una unidad de investigación financiera orientada a la búsqueda del dinero en los bancos, así como la localización de propiedades y otros bienes comprados con fondos provenientes de las extorsiones.

En tanto, con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) deberán controlar la venta de sim cards, para lo cual deberá hacerse obligatoriamente presentando una copia de cédula de identidad.

Además, han contemplado reformas a los códigos para que menores de edad tengan penas graves de reclusión cuando cometan delitos de extorsión.

El objetivo es que no sean utilizados por los grupos criminales para recibir el dinero de las extorsiones que entregan las víctimas.Esos menores también deberán pasar a centros penales al cumplir los 18 años como lo establece la ley, pero no se aplica en la realidad, pues quedan siempre en los mismos centros de internamiento.

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Pese a las supuestas restricciones, los privados de libertad parecen conseguir con facilidad celulares y dentro de las prisiones siempre tienen Internet, lo que les facilita la comunicación para delinquir.

Incluso, en 2015 fue aprobado el decreto 43-2015 que crea la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicación en Centros Penitenciarios, la cual obligaba a los proveedores de esos servicios a instalar soluciones técnicas para impedir las comunicaciones y a Conatel a hacer las supervisiones para el cumplimiento.

Sin embargo, nada de eso ha frenado a los extorsionadores y tampoco las autoridades han logrado acusar a miembros de estructuras criminales, cabecillas o independientes que están operando detrás de las rejas, pues los investigadores y fiscales afirman que es difícil probar ante los jueces ese delito.