“No sabíamos esto, enviaremos nota a la CSJ para reforzar seguridad de jueces”

San Pedro Sula, Honduras.

Una investigación publicada este jueves por LA PRENSA Premium reveló la alarmante inseguridad que enfrentan 58 jueces en los juzgados de San Pedro Sula, sacudiendo los cimientos de la Corte Suprema de Justicia y motivando el pronunciamiento de jueces a nivel nacional, quienes denuncian las deplorables condiciones en las que deben impartir justicia.

Adultos mayores con enfermedades preexistentes, sin entrenamiento adecuado para responder a amenazas, con acceso limitado a armas y con escaso respaldo policial, son parte de los riesgos colaterales que enfrentan a diario los jueces para ejercer su labor en los juzgados sampedranos. Esta crítica situación salió a la luz gracias a los testimonios de un grupo de jueces que acudió a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium para exponer públicamente su realidad.

En San Pedro Sula también se enfrenta una grave escasez de defensores públicos. De los tres nombrados, dos renunciaron, dejando solo uno, quien, debido a problemas de salud no puede cumplir con sus funciones de manera regular, lo que obliga a otros jueces a cubrir sus turnos.

La problemática excede los límites de San Pedro Sula. En el caso de los juzgados de Villanueva, se ha dado a conocer que actualmente solo cuentan con tres jueces, quienes se encargan de todas las materias.

Además, están trabajando en condiciones de hacinamiento en una casa, con solo un guardia de seguridad para custodiar el lugar. A pesar de recibir una cantidad abrumadora de casos, el personal es insuficiente para atender la carga de trabajo.

Tampoco disponen de jueces de turno extraordinario, lo que les obliga a realizar turnos nocturnos, además de su jornada habitual de lunes a viernes, de 7:30 am. a 4:00 pm. Esta situación es de conocimiento de la máxima autoridad del Poder Judicial desde el año pasado, pero aún no se ha tomado ninguna medida para resolverla.

Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), que representa a aproximadamente 570 jueces y magistrados a nivel nacional, admitió que desconocían la situación de vulnerabilidad que enfrentan los jueces en San Pedro Sula, así como en otras regiones del país, hasta que el problema fue expuesto por Diario LA PRENSA.

“Ya hemos recibido reacciones de jueces a nivel nacional, incluyendo los del juzgado que coordino y en Tegucigalpa; sin embargo, aún no hemos tenido ningún acercamiento con las máximas autoridades del Poder Judicial. A raíz de esta noticia, ya se informó a un grupo de jueces en San Pedro Sula que enviaremos una nota formal solicitando el apoyo de las autoridades superiores”, declaró Cardona la mañana de este jueves.

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La directiva señaló que existe un presupuesto destinado para la activación de una unidad de protección de operadores de justicia, contemplada incluso en el reglamento, pero a pesar de estar aprobada, aún no ha entrado en funcionamiento.

“No contamos con un respaldo significativo en temas de seguridad, pero confiamos en que, a través de esta nota formal, podamos obtener el apoyo necesario para reforzar la seguridad en los edificios del Poder Judicial a nivel nacional y garantizar protección para los jueces”, añadió.

La Asociación de Jueces expresó su esperanza de que la presidenta magistrada del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, convoque próximamente a las asociaciones para establecer una mesa de diálogo que permita identificar y proponer soluciones concretas para garantizar la seguridad de los jueces.

“Sabemos que en varios juzgados la administración ha implementado un sistema de huellas para el ingreso, pero esto no soluciona el problema de fondo. Me enteré de esta situación porque otros abogados comenzaron a compartir la noticia de LA PRENSA, desconocía las condiciones que están enfrentando en San Pedro Sula. Aquí en Tegucigalpa contamos con mayor seguridad y presencia policial, pero la cantidad de custodios asignados en San Pedro Sula es claramente insuficiente”, cuestionó Cardona.

Tras la circulación de la noticia este jueves, la Asociación de Jueces comenzó a recibir en privado múltiples denuncias de otros togados en el país. Entre ellas, la de un juez que reportó que en su lugar de trabajo solo cuentan con un guardia, quien labora constantemente agotado y con sueño debido a los turnos diurnos y nocturnos. Otro juez denunció que debe alternar turnos de día y de noche porque no hay personal que pueda reemplazarlo.

“Las medidas a implementar serían para el próximo año, especialmente en los juzgados que manejan delitos y están más expuestos, así como contratar más personal donde sea necesario, pero particularmente en San Pedro Sula, donde la carga jurisdiccional es más alta. Por eso, allá se requiere un apoyo inmediato o urgente para garantizar la integridad física de los jueces”, concluyó Cardona.

Las amenazas a los jueces no solo se limitan a los peligros externos, sino que también incluyen problemas internos como la falta de personal de seguridad, la carencia de formación especializada para enfrentar amenazas y el agotamiento de los pocos guardias asignados a los juzgados. Algunos jueces informaron que trabajan en condiciones de extrema vulnerabilidad, con personal de seguridad insuficiente.

Los jueces y magistrados que laboran en los juzgados de San Pedro Sula están expuestos no solo a las tensiones internas del sistema judicial, sino también a peligros externos derivados de las acciones de pandillas y organizaciones criminales. Estos grupos tienen intereses directos en los casos que se manejan en los tribunales, desde procesos relacionados con delitos de narcotráfico, extorsión y secuestros, hasta asuntos vinculados a delitos violentos y asesinatos, que son comunes en la región.

En muchos casos, los jueces se sienten abandonados por el sistema de justicia, ya que, a pesar de la gravedad de la situación, los recursos destinados a su seguridad son mínimos y no se reflejan en un plan integral de protección.

Además, el hecho de que San Pedro Sula sea un epicentro del crimen organizado en Honduras aumenta el riesgo de que los jueces se conviertan en objetivos prioritarios de estos grupos. Las pandillas y el crimen organizado buscan generar un clima de terror para que el sistema judicial sea percibido como débil e incapaz de impartir justicia, lo que favorece sus intereses ilegales.

En este contexto, el reportaje ha dado visibilidad a una problemática que afecta el correcto funcionamiento de la justicia en el país. La inseguridad en los juzgados no solo pone en peligro la vida de los jueces, sino que también amenaza la transparencia y eficacia del sistema judicial, un tema que requiere una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes para evitar que esta situación se agrave aún más.