Aún no arranca desarme en centros penales de Honduras
El proceso de intervención se realizará en cada una de las cárceles, comenzando por El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.
Foto: Archivo.
Desde abril se han registrado tiroteos dentro de los penales, dejando muertos y heridos.
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lun 22 de mayo de 2023
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SAN PEDRO SULA
A paso lento camina la anunciada intervención de las cárceles de Honduras. Aunque ya se fijaron los diez puntos que engloban el proceso, que va desde mantener la vigilancia 24 horas con tecnología hasta separar estructuras criminales que están en los mismos recintos penitenciarios, la mayoría están pendientes de ejecutar.
Actualmente hay una junta interventora presidida por la doctora Julissa Villanueva, siendo los comisionados adjuntos Sandra Rodríguez y el abogado Mario Chinchilla.
Puntos cumplidos e incumplidos
- > 1. Desarme real, a través de registros y electrónicos permanentes, en el 100 por ciento de las instalaciones. De este punto solo han hecho un operativo grande en La Tolva, donde decomisaron unos mil proyectiles, una pistola y un revolver con municiones, celulares, bolsas pequeñas con marihuana, cuatro pasamontañas y cargadores.Desde los primeros días de abril comenzaron a registrarse tiroteos simultáneos en las cárceles de La Tolva, El Pozo y Siria. Dentro de los recintos los miembros de las pandillas y maras tienen en su poder fusiles de grueso calibre que no han sido decomisados.
- > 2. Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas. No se ha cumplido este punto debido a que no se han instalado equipos de bloqueos o barreras en los centros penitenciarios desde donde los reos hacen llamadas extorsivas y envían mensajes. Los privados de libertad aún continúan utilizando celulares para comunicarse con los miembros de sus estructuras criminales que están afuera de las cárceles y les ordenan cometer crímenes, así como extorsiones. Los mismos reos lanzan las amenazas vía celular.
- > 3. Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos penitenciarios, iniciando en Támara, La Tolva, El Pozo y El Porvenir. Los directores fueron removidos, pero no policías que tienen años dentro de los centros penales. La doctora Julissa Villanueva anunció que algunos directores de centros penales habían renunciado, luego el 11 de abril hizo algunos nombramientos de oficiales de policía a quienes la ley no le permitía que ella les diera acuerdos, pues tenía que tener aprobación de la PN.
- > 4. Instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día. Las cámaras en centros penales han sido destruidas, como en el caso de El Pozo, donde crímenes de impacto como el de Magdaleno Meza quedaron grabados y fueron filtrados, pero de otros casos no hay videos.Las fiscalías de Homicidios y Derechos Humanos han solicitado material audiovisual por varios crímenes, pero en el caso del asesinato de Plutarco Ruiz, perpetrado en la cárcel, dijeron que las cámaras habían sido destruidas en El Pozo por los mismos privados de libertad.
- > 5. Traslados y reubicación de privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados ), iniciado en Támara, La Tolva, El Pozo y Siria. Según autoridades penitenciarias, la reubicación será un proceso, pues primero comenzarán con las intervenciones de cada uno de los centros penitenciarios y luego planificarán los traslados. Comenzarán por el centro penitenciario de Ilama conocido como El Pozo.
- > 6. Reclasificar y aislar los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas. Sobre esta medida no se ha hecho nada, pues según expertos en seguridad, primero tienen que desarmar a los pandilleros. Tampoco las autoridades han dado a conocer si los miembros de estructuras criminales como la pandilla 18 estarán en una sola cárcel, al igual que los de la MS. Según fuentes consultadas, esos grupos ya tienen el liderazgo en los recintos penitenciarios desde hace tiempos.
- > 7. Revisar los expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de indulto en casos de menores.
- > 8. Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial civil y que integra las cárceles. De esta medida solo se ha aumentado el número de personas, pero no han hecho las pruebas de confianza, pues requieren de alto presupuesto.
- > 9. Aumentar el número de agentes penitenciarios y policiales, dotarles de equipo de comunicación y tecnología, uniforme y capacitación, y la revisión de ajuste salarial. Un grupo de agentes penitenciarios se graduó el 2 de mayo y se sumarán a las labores en las cárceles. En un comunicado del 2 de mayo las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) indicaron que todos los empleados recibirán un aumento de 1,200 lempiras retroactivo a partir de enero de 2023 y que el personal de contrato tendría su acuerdo después de aprobar pruebas.
- > 10. Crear bancos de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad. Desde hace varios años se supone que estaban creando una base de datos, pero los reos se resisten a dar sus verdaderos nombres, pues muchas veces lo usan en suplantaciones. En las cárceles, hasta noviembre de 2022 había 19,527 reos, pero solo 2,255 habían recibido su cédula de identidad, pues fueron los que se enrolaron voluntariamente. Los cabecillas de las maras usan los nombres de otros aliados para lograr salir de las prisiones.
Esta interventora, pese al plan, ha enfrentado impasses, pues hasta la semana pasada les dieron acuerdo a los directores y altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Incluso, se conoció que el comisionado de Policía, Adonay Hernández, nombrado como director del INP, solo firma documentos legales como enlace y no como su cargo.
Proceso largo
Para Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), el problema de los centros penales no se acabará de la noche a la mañana, porque no es fácil y no se va a restablecer la gobernanza al interior de los mismos.
" La colusión que hay con policÍas tiene que ver con las armas que hay dentro de los penales. "
“Nosotros como Codeh hemos propuesto que se dividan los grupos de sentenciados. En otro lugar los de la Mara Salvatrucha y en otro centro penitenciario el grupo de los 18, porque hay que hacer una reestructuración de todo el sistema carcelario del país”, apuntó.
Sobre el primer punto propuesto por las autoridades de lograr el desarme de los reos, Maldonado dijo que hay colusión con determinados miembros de la Policía y algunos sectores de los privados de libertad. “Si se logra enviar diferentes grupos a los centros se podría terminar el negocio de las armas”.
El representante del Codeh afirmó que seguirán haciendo su trabajo como veedores en el sistema penitenciario de Honduras y anuentes a colaborar con la junta nominadora.
Agregó que con los cambios de personal es muy importante que se hagan rotaciones en los reclusorios para evitar la colusión, así como la amistad manifiesta entre el custodio y el privado de libertad.
Cabe mencionar que ni miembros de la interventora ni las autoridades del INP se han reunido con jueces de los juzgados de ejecución para ver la situación de los procesos legales de los privados de libertad.
Descongestionamiento
La jueza Marisa Burgos, coordinadora del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, afirma que con la defensa pública se ha elaborado un plan de descongestionamiento en los presidios, el cual va dirigido en la primera etapa para mujeres privadas de libertad. Relató que desde 2017 que se cerró el centro penal de San Pedro Sula toda esa población se encuentra disgregada a nivel nacional y eso ha causado un retraso en los procesos penales.
" Si tienen plan de descongestionamiento lo deben hacer en conjunto con el poder Judicial. "
Recalcó que procedentes del valle de Sula hay al menos 430 mujeres recluidas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) entre procesadas y condenadas.
Informó que visitarán la penitenciaría femenina con un grupo técnico compuesto por abogados de la defensa pública, psicólogos, asesores y jueces de ejecución para revisar las causas, entrevistar a las privadas de libertad, traer sus propios medios de pruebas y luego pedir algún incidente que amerite y aplicar la retroactividad para las que fueron condenadas con el viejo código.
El juzgado de ejecución de San Pedro Sula en 2023 ha excarcelado a 140 privados de libertad y se han cambiado medidas privativas de libertad en materia de niñez a 23 menores, según cifras oficiales.
Dato
- > 800 privados de libertad de la zona de Cortés están recluidos en la cárcel de Siria en Francisco Morazán, donde irán los jueces.
De mujeres recluidas en el centro penitenciario, se pretende tener unos 50 casos que podrían gozar de algún beneficio que la ley lo permita para estar en libertad.
Los jueces son del criterio que el INP debería reforzar los consejos técnicos en los centros penales como Támara, donde hay más de 7,000 privados. No pueden responder a los medios de prueba porque también deben contestar solicitudes, hacer excarcelaciones y no se dan abasto para dar respuestas.
