“Muertas” siguen cientos de cámaras del 911 en el valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Kevin Fúnez, un informático apasionado seguidor del equipo de fútbol Marathón, murió en mayo de este año, víctima de un ataque. Durante una madrugada que parecía rutinaria, su vida se apagó en un instante en la 20 calle del segundo anillo de San Pedro Sula, cuando desconocidos le dispararon en la cabeza.

Lo que en un inicio se perfilaba como una tragedia que podría aclararse gracias a cámaras de seguridad, pronto se convirtió en una dolorosa frustración para su familia y para aquellos que clamaban por justicia.

Había una cámara del Sistema Nacional de Emergencias 911 en la zona, pieza clave que pudo ayudar a la Policía a identificar y dar rostro de los responsables, pero la realidad es que la cámara no funcionaba, nunca grabó, no había evidencia, no había ese video que todos esperaban para allanar el camino de las investigaciones.

Entre los años 2022 y 2023, las constantes crisis de apagones y mal estado de cámaras de vigilancia del 911 dejaron a las principales ciudades de Honduras en vulnerabilidad. Los ciudadanos lo sabían, los delincuentes también, cada apagón significaba riesgo para la seguridad pública y un reto adicional para las autoridades.

Han pasado ya un año y ocho meses desde que la presidenta Xiomara Castro encomendó a una comisión interventora, liderada por Miroslava Cerpas, la tarea de rescatar a la atribulada institución.

Con promesas de cambio y soluciones concretas, la comisión asumió el desafío de corregir los problemas que habían afectado su funcionamiento, pero el panorama actual es un reflejo del pasado: los mismos problemas persisten.

Las promesas de mejora total se han desvanecido entre informes y reuniones, mientras los problemas que alguna vez se pensaron temporales se han convertido en un estado permanente. Lo que debía ser un camino hacia la recuperación se ha convertido en larga espera, donde la intervención no ha logrado devolver la estabilidad que tanto se dijo.

Una fuente que prefirió mantener anonimato, pero que ha sido parte del equipo operativo del 911 durante varios años, reveló a LA PRENSA Premium que en San Pedro Sula, de las cerca de 800 a 900 cámaras instaladas, unas 400 están operativas, significa que apenas funcionan entre el 45% y 50% de los dispositivos.

El dato es más que preocupante, ya que refleja que un abrumador 50% o 55% de las cámaras no operan o realizan monitoreos en tiempo real, una falla crítica en un sistema que debería garantizar seguridad de una ciudad marcada por la violencia. Esta situación no es exclusiva de San Pedro Sula, la fuente aseguró que el problema se extiende a otras regiones del país.

“No funcionan por el sistema que se tiene, es chino, no soporta toda la carga, hay cámaras que no reproducen”, confesó el informante, quien, con su experiencia forense, expuso con claridad el corazón del problema.

Según explicó, el fallo radica principalmente en deficiencias de la fibra óptica y conectividad. El sistema actual, limitado por su capacidad, solo puede soportar un número determinado de cámaras en operación simultánea. Se trataría de un Sistema de Gestión de Video (VMS, por sus siglas en inglés) genérico, un programa limitado y similar a sistemas de cámaras comunes que se suele utilizar en centros comerciales.

“El sistema con el cual se trabajaba era más eficiente, y cuando se caía, era porque no había energía eléctrica o por sobrecarga de aguas lluvias. Ahora, si un caso llega y la cámara no funciona, este queda impune porque no se puede hacer más nada”, agregó.

Más del 80% de reportes que ingresan a la estatal regional son por accidentes de tránsito, seguidos de casos de escándalo público, violencia doméstica y otros.

Entre el 1 de enero y 8 de octubre de este año, según datos brindados por el 911 regional, las cámaras captaron 3,066 incidentes en diversas áreas monitoreadas, el centro de control operativo de San Pedro Sula recibió y atendió 177,624 llamadas de emergencia, estas cifras abarcan la actividad de tres departamentos: Yoro, Cortés y Santa Bárbara. La Unidad de Respuesta y Emergencia Médica gestionó 3,620 atenciones, brindando apoyo directo a situaciones ocurridas en el área.

Pese al esfuerzo de operadores, el volumen de alertas sigue creciendo, y con cámaras fuera de servicio en muchos puntos clave, su trabajo se vuelve complejo.

Según se conoció, en el valle de Sula funcionan 1,900 dispositivos de videovigilancia operados por la estatal, divididos entre San Pedro Sula y muchas menos en Choloma, La Lima, San Manuel y Villanueva, en Cortés; en Tela, Atlántida; así como en El Progreso, Yoro; Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas y La Entrada, en Copán; además de Gracias, Lempira; Choluteca, Choluteca; San Lorenzo y Nacaome, Valle. En el caso de Tegucigalpa se concentran aproximadamente 950 dispositivos.

Pese a reparaciones, ajustes tecnológicos e implementación de nuevas medidas, el panorama no ha cambiado tanto hoy para 2,576 cámaras que opera el 911 en el país, de las cuales 623 no están funcionando, sea por fluctuación en energía eléctrica y desperfectos al momento de interrupciones del servicio público, accidentes de tránsito que provocan daños en estructuras donde están instaladas, acciones de vandalismo como corte de cable de energía eléctrica y de fibra óptica que afecta a transmisión.

Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt), destacó que, pese a los obstáculos técnicos, los resultados positivos se han sostenido en el tiempo, especialmente en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Subrayó la importancia de contar con estas cámaras como herramienta para determinar responsabilidades en casos específicos, ya que el vídeo sigue siendo fundamental para validar los hechos.

“Gracias al apoyo de estas cámaras podemos ubicar placas y localizar personas que se dan a la fuga, aunque, con o sin cámaras, como técnicos, siempre podemos establecer la responsabilidad”, afirmó.

El jefe policial recordó las dificultades que enfrentaron cuando comenzaron las fallas en las cámaras de la estatal, afectando no solo la investigación de accidentes de tráfico, sino también la resolución de incidentes violentos.

“Como investigadores tenemos técnicas, pero al tener un vídeo todo se vuelve más fácil, podemos concluir con mayor precisión quién es el responsable de delitos como el robo de un vehículo o incluso homicidios”, señaló el oficial.

De su lado, Nelson Sabillón, director del 911 en San Pedro Sula, aseguró a LA PRENSA Premium que un 80% de las cámaras en el valle de Sula funcionan y argumentó que el resto no opera debido inconvenientes eléctricos, robo de cometida y destrucción de equipo.

“No es cierto que no hay soporte para todas las cámaras, recién empezamos a trabajar con Huawei como proveedor de sistema y se ha comprado por parte del Estado”, apuntó el funcionario. Recordó que anteriormente se trabajó con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation S.A. de C.V, pero que esta empresa generó contratos altamente nocivos para las arcas del Gobierno, por lo que una comisión interventora decidió retirar el contrato y comprar un nuevo sistema, propio del Estado de Honduras.

Sabillón, quien es odontólogo de profesión, cuestionó las críticas dirigidas a la calidad del sistema de cámaras, ironizando que si realmente fuera tan deficiente, no sería posible visualizar tantas cámaras en funcionamiento.

Además, sugirió la necesidad de consultar a otras instituciones, como la Dirección Policial de Investigaciones, el Ministerio Público y diversos organismos de investigación, para obtener una visión más clara sobre cómo ha mejorado la respuesta a los casos en comparación con años anteriores. Con este enfoque, buscó subrayar que la efectividad del sistema no puede medirse únicamente por percepciones, sino a través de datos comparativos y resultados.

Explicó que la fibra óptica es en colaboración con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), y afirmó que, hasta el momento el servicio ha sido favorable. Atribuyó algunos de los problemas a la sobrecarga en el tendido eléctrico en ciertos postes, así como a cables de otras empresas de telecomunicaciones que, al incendiarse, provocan daños temporales en la fibra óptica que utiliza el 911. A pesar de estos contratiempos, aseguró que se trabaja para minimizar el impacto y restaurar el funcionamiento lo antes posible cada vez que ocurren.

Aunque evitó detallar cuántas personas trabajan específicamente en el monitoreo de las cámaras del 911 y en la recepción de las comunicaciones, dijo que cuentan con el personal suficiente para cubrir la demanda. De forma no oficial se conoció que el número de empleados asignados al área de monitoreo de cámaras en San Pedro Sula no supera la decena, lo que plantea dudas sobre la capacidad de respuesta ante el volumen de incidencias.

Con evidente satisfacción, Sabillón recordó cómo el sistema de cámaras ayudó a resolver un caso de secuestro que involucraba a un médico el mes pasado. El profesional fue engañado por un grupo de delincuentes que le prometieron llevarlo ilegalmente a Estados Unidos, pero terminaron llevándolo contra su voluntad a un sector de Choloma.

“Gracias al seguimiento continuo del vehículo involucrado, en colaboración con la Unidad Antisecuestros de la Policía, pudimos ubicar el paradero del automóvil, de los malhechores y, lo más importante, de la víctima”, relató.

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Por otro lado, informó que este año se expandirá la cobertura a 112 municipios gracias a un nuevo proyecto impulsado por Xiomara Castro, que incluye instalar 5,000 cámaras a nivel nacional, muchas de estas destinadas para la ciudad de San Pedro Sula. El proyecto ya se puso en marcha y se contempla que finalice durante el mes de abril del próximo año, con posibilidad de continuar durante el 2026.

En respuesta a una solicitud enviada por este diario el pasado 11 de septiembre, bajo el código SOL-SNE-311-2024 al 911, la institución informó escuetamente que entre 2022 y septiembre de 2024 se registraron 2,190,252 reportes de asistencia a nivel nacional; sin embargo, la respuesta, además de tardía porque sobrepasó el tiempo establecido según normativa de acceso a información pública, fue respondida de manera incompleta, ya que en la solicitud original se pedían detalles adicionales sobre las incidencias reportadas por cada municipio y departamento donde operan las cámaras, el estatus de su funcionamiento según desglose por centro de control y evidencias documentales que respaldasen la operatividad o no de las cámaras de seguridad.

De manera extraoficial, voceros de la institución indicaron al equipo periodístico que la contestación estaba lista durante menos tiempo, pero “debido a problemas técnicos o de conectividad” a nivel interno no podía ser enviada.