Magistrada Vallecillo, investigada por liberar a socio de “Los Cachiros”

Tegucigalpa, Honduras.

La magistrada de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, Lisseth Rosario Vallecillo, también es investigada por dictar un sobreseimiento provisional en 2015, cuando fue jueza de Letras con Jurisdicción Nacional, a favor de un socio del grupo criminal “Los Cachiros” y uno de sus guardaespaldas en un caso de lavado de activos de 2013.

LA PRENSA Premium accedió a documentos oficiales que revelan lo ocurrido con uno de los tantos casos gestionados por la jueza Vallecillo, por el cual está siendo investigada, según confirmaron fuentes cercanas.

El caso, registrado bajo el expediente 244-16 y que data desde 2013, involucró a Ninrod Eliel Sierra Orellana (67), conocida por agencias antinarcóticos como hombre de confianza y lugarteniente de “Los Cachiros”, la organización criminal dirigida por Javier y Leonel Rivera Maradiaga (ambos presos en Estados Unidos por narcotráfico).

También incluyó a sus guardaespaldas David Alfonso Mejía Escobar (40), Nery Portillo de Dios (39) y una mujer identificada como Yadira López Cartagena (32), quienes se trasladaban a bordo de dos vehículos cuando fueron capturados en el departamento de Yoro.

El Ministerio Público presentó la respectiva carga probatoria, pero la jueza y hermana del exjuez Marco Vallecillo — acusado de extorsión— dictó sobreseimiento provisional a Ninrod Sierra y a su escolta David Mejía.

Esta decisión fue tomada a pesar de que el Ministerio Público había presentado evidencia sólida, incluyendo el decomiso de 282,263 lempiras, de los cuales 240,000 lempiras estaban ocultos en uno de los dos vehículos involucrados.

Vallecillo argumentó que no se había probado la coordinación y planificación en el transporte del dinero y otorgó al Ministerio Público un plazo de cinco años para continuar con las investigaciones y fortalecer su caso.

El Ministerio Público apeló su decisión y un año más tarde, en 2016 para ser exactos, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento provisional para Sierra y Mejía porque determinó que existían suficientes indicios de la comisión del delito y que los elementos probatorios presentados justifican la apertura a juicio.

Luego de que la jueza fuera notificada de la resolución de la Corte de Apelaciones, convocó a los imputados y su defensa a una audiencia AD-HOC (audiencia para un punto en específico o especial), en este caso para notificar de la resolución, a pesar de que la Secretaría de la Corte ya había notificado la misma.

Con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones, la jueza debía citar a la defensa y por ende, a los imputados para presentarse y realizar la apertura a juicio, de lo contrario, debía librar una orden de captura en contra de los dos involucrados.

Sin embargo, la togada convocó en reiteradas ocasiones a la audiencia AD-HOC, pero la defensa no se presentó a ninguna convocatoria, acción que se interpretó por algunas partes involucradas como una forma de dilatar o prolongar el proceso sin justificación alguna por parte de Vallecillo, pues esa audiencia era innecesaria.

En la cuarta convocatoria, a inicios ya de 2017, se realizó la audiencia AD-HOC, la cual estaba a cargo del juez Victor Méndez, pues la abogada Vallecillo tenía un permiso especial por la muerte de su padre.

Sin embargo, minutos antes de la audiencia, sorprendió su llegada al despacho del Juzgado con Jurisdicción Nacional, donde aclaró que no tenía ningún interés en el caso de mérito y acató la orden de la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán sobre librar las órdenes de captura e iniciar la apertura a juicio de los involucrados.

Sin embargo, ni Ninrod Sierra ni David Mejía fueron recapturados, pues siguen prófugos de la justicia. Entre tanto, el expediente del caso escaló a juicio porque el imputad Nery Portillo de Dios (también guardaespaldas de Sierra) se declaró culpable.

En la madrugada del 13 de febrero de 2015, en un operativo policial en el municipio de Yoro, fueron requeridos dos vehículos, cuyos ocupantes resultaron ser supuestos socios de “Los Cachiros” que trasladaban casi 300 mil lempiras, armas de fuego y 10 celulares

La primera detención se produjo en un vehículo del año marca Ford, una camioneta gris oscuro, donde viajaban tres personas: Yadira López Cartagena, Nery Portillo de Dios, y Ninrod Eliel Sierra Orellana. Portillo de Dios, quien estaba al volante, llevaba consigo ocho mil quinientos nueve lempiras (L.8,509.00), mientras que Sierra Orellana portaba once mil trescientos cincuenta y cuatro lempiras (L.11,354.00).

Sin embargo, la verdadera sorpresa se dio con la inspección del segundo vehículo, una Toyota Tacoma blanca, donde se descubrió una cantidad oculta de doscientos cuarenta mil lempiras (L.240,000.00), elevando el total de dinero incautado a doscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y tres lempiras (L.282,263.00).

El operativo se tornó tenso cuando Ninrod Eliel Sierra Orellana se opuso al registro, alegando que ambos vehículos eran de su propiedad. Su resistencia levantó sospechas adicionales sobre la procedencia del dinero.

Los agentes, tras la inspección, hallaron los fondos en el Toyota Tacoma en un compartimento falso, lo que llevó a la inmediata detención de los involucrados y su entrega a las autoridades. Al no poder justificar el dinero, la Fsicalía los acusó por el delito de lavado de activos.

Ninrod Eliel Sierra Orellana se conoció por ser un hombre de confianza de “Los Cachiros”. Administró los bienes -productos de la venta de drogas- a los hermanos Rivera Maradiaga, actividad con la que ha costeado una gran cantidad de propiedades.

De acuerdo a la Fiscalía, operaba con total impunidad en la zona de Colón, amenazando y sobornando a diversas autoridades.

En junio de 2016, la Fiscalía inició la operación Aguán I y II, dirigida al aseguramiento de las primeras 20 propiedades de origen ilícito, entre ellas 150 manzanas de terreno de la hacienda El Jaral, 76 cabezas de ganado, 71 terneros, siete caballos de raza, 30 ovejas, vehículos y diversas casas en Tocoa, Iriona, Sabá, Sonaguera, Colón y La Ceiba, Atlántida.

En el 2008, Sierra también había sido vinculado al vehículo Dodge Ram 1500 con placas PBW-6814, el cual fue dejado abandonado en la comunidad de Limón, Colón, con barriles de combustible para abastecer una lancha rápida que transportaba narcóticos.

Este caso es solo uno de los varios en investigación relacionados con la magistrada Lisseth Vallecillo, quien en 2016 fue auditada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que determinó responsabilidad penal por falsificación de facturas y la falta de liquidación de viáticos en el Poder Judicial.

Sin embargo, el Ministerio Público todavía no ha tomado acción en su contra, atribuyendo la demora a la acumulación de casos. Mientras tanto, el Poder Judicial abrió una investigación tras la revelación de la auditoría del TSC, publicada por LA PRENSA Premium.