Lisseth Vallecillo, magistrada de Apelaciones, falsificó facturas para no liquidar viáticos

Tegucigalpa, Honduras. -

A pesar de haber sido descubierta en actos de corrupción mientras fungía como jueza en 2016, la abogada Lisseth Rosario Vallecillo Banegas, hermana del exjuez Marco Vallecillo —excoordinador del Circuito de Corrupción y Crimen Organizado y quien guarda prisión por el delito de extorsión— fue ascendida en abril pasado como magistrada interina de la Corte de Apelaciones de lo Penal en Francisco Morazán.

Su designación ocurrió, además, cinco días antes del nombramiento de su hermano en la jurisdicción en materia de corrupción.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium accedió al informe especial N°005-2019-DGSD-CSJ-C del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que revela que la funcionaria, cuando era jueza fue parte de un grupo de burócratas que falsificaron facturas de hoteles para eludir la liquidación de viáticos en giras realizadas por el país.

Este informe fue realizado en 2016 por parte del TSC a funcionarios del Poder Judicial, correspondiente al período 2012-2018, pero fue engavetado durante cuatro años y remitido al Ministerio Público hasta en 2022.

El Poder Judicial asignó aproximadamente L56,925 en viáticos para Vallecillo y un grupo de seis personas que le acompañaron a las giras de cinco días en Tocoa, Colón, Juticalpa, Olancho y San Pedro Sula, Cortés. Sin embargo, al sumar los montos individuales de todos los involucrados en la auditoría, la cifra total asciende a L329,577.5 lempiras en perjuicio del Estado.

La auditoría concluyó en incumplimiento al Código Penal, con delitos contra la fe pública, falsedad de documentos, falsedad de documentos privados y delitos contra la administración pública, por lo que fue emitido al Ministerio Público en 2022.

“Incumpliendo lo establecido en Código Penal Título XXVI Delitos Contra la Fe Pública Capitulo III Falsedades Documentales Sección II Falsedad en Documento Privado Art. 461 Título XXVII Delitos Contra la Administración Pública”, dice el documento, donde se insta a la Fiscalía a proceder con las acciones correspondientes a la Ley.

LA PRENSA Premium consultó sobre el avance de la investigación a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, quien explicó que, aunque la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) sigue trabajando en el caso, el progreso ha sido limitado debido a la severidad de la mora de casos que tiene la entidad.

Según el documento de la TSC, la gira auditada No. 343-2016, inició entre el 2 y 6 de febrero de 2016, cuando Lisseth Vallecillo, entonces jueza del Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal, se desplazó a Tocoa, Colón con motivo de realizar diligencias inherentes a dicha judicatura como una audiencia de prueba anticipada.

La acompañaba un contingente de seis miembros de las Fuerzas Armadas, asignados a su juzgado para proporcionarle “seguridad”. Los acompañantes fueron Samuel Idai Murillo Chávez, Darvin Zalazar Hernández, José Manuel Hernández Moya, Enis Noel Lagos, Juanita del Carmen Rodezno Ortega y Alex Andrés Ramos Velásquez.

Al volver del viaje, el personal entregó toda la documentación de la gira, autorización de viáticos, recibos, bouchers, cheques, liquidación de viáticos y otros gastos de viaje, constancias de las giras y facturas de Hotel La Confianza, correspondiente a las personas que viajaron para efecto de soporte.

De acuerdo al acta levantada en 2019 por la auditoría, se presentaron al hotel en mención, donde entrevistaron a la señora Cristina Ramírez, propietaria del hotel.

“Se le mostraron las facturas y se le consultó si corresponden a las que usualmente se utilizan en la administración del hotel, si las personas con los nombres descritos en el detalle utilizaron los servicios del hotel en las fechas descritas, si el valor descrito en concepto de pago corresponde a los establecidos en el hotel y si la firma es auténtica y corresponde a algún empleado o funcionario encargado del hotel”, dice el texto.

Ramírez declaró que las facturas no corresponden a las emitidas por el hotel, mencionó que las personas descritas en la factura no se encuentran en los registros migratorios del hotel y los valores tampoco son los mismos que maneja el hotel, asimismo, dijo que sus facturas no tienen firmas.

“Según lo manifestado por la propietaria del hotel, la factura presentada a la vista no corresponde a las emitidas por el hotel ya que presenta diferencia en el formato que para ese año se mandó a hacer más grande debido a la información requerida por el cliente, la numeración del talonario nunca fue emitida en la factura del hotel y tampoco reconoce la letra del llenado de la factura, el sello presenta inconsistencias y el tipo de letra original es más gruesa y tiene un borde”, dice el acta.

También mencionó que en la habitación #7, donde supuestamente se habría hospedado Alex Ramos, era utilizada como una bodega en ese entonces. En total, las facturas falsas emitidas en este hotel sumaron 21 mil lempiras en las siete personas.

La siguiente gira No. 1145-2016, debería ser realizada por tres personas, pero solo viajó Vallecillo a San Pedro Sula, Cortés, donde se habría hospedado en el hotel Green Frog Inn del 18 al 22 de abril de 2016. Sin embargo, el acta de auditoría reveló que las facturas tampoco correspondían a las emitidas por el hotel.

“El sello plasmado es diferente al utilizado en el hotel, las facturas No. 841 del 23/01/2016, No. 860 del 07/02/2016, No. 859 del 13/02/2016 y No. 1222 del 22/04/2016 a favor de los señores Liz María Ernestina Núñez Cardona, Víctor Méndez Ordoñez, Lisseth Rosario Vallecillo Banegas (los tres jueces en ese entonces) presentan irregularidades en vista que no tienen las mismas características que las facturas presentadas por la propietaria del hotel”, menciona el texto auditado.

El documento también engloba otra gira No. 123-2016, realizada en del 18 al 23 de enero en Juticalpa, Olancho, donde las cuatro personas de las Fuerzas Armadas, que solían acompañar a Vallecillo a sus giras, falsificaron facturas del hotel Posada del Centro.

“Según lo manifestado por la administradora del hotel, quien labora desde hace cuatro años en el establecimiento, las facturas no corresponden a las emitidas por el hotel, no se encontraron registros de las personas descritas en los libros ni talonarios y los valores son distintos a los emitidos por el hotel, al igual que la firma que tiene la factura no corresponden a los administradores del hotel”, mencionan.

Es decir, que grupalmente solo coincidieron en la falsificación en la gira de Tocoa, Colón, sin embargo, de forma independiente la jueza Vallecillo habría falsificado sus facturas de un viaje a San Pedro Sula, Cortés, junto a otros jueces, mientras que los demás acompañantes de ella (miembros de las FF AA) falsificaron sus facturas en un viaje asignado a Juticalpa, Olancho.

Según el oficio N° 861-CATSC-CSJ del 27 de febrero de 2020, se solicitó a la abogada Lisseth Vallecillo que justificara las facturas irregulares detectadas en la auditoría. En marzo de ese año, respondió por escrito: “Informo que desconozco las razones por las cuales no coinciden dichas facturas, solo realicé el pago correspondiente y se me entregó la factura en cada caso”.

Esta respuesta fue replicada por los demás jueces y funcionarios involucrados, quienes también afirmaron desconocer las causas y aseguraron que la gira se llevó a cabo en tiempo y forma.

Sin embargo, la auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que varios de los funcionarios beneficiados con viáticos nacionales, incluida la jueza Vallecillo, habían falsificado facturas para evitar la liquidación de viáticos.

Ante estos hallazgos, el TSC instó al Fiscal General del Estado en ese momento, Óscar Chinchilla, a iniciar las acciones legales correspondientes, pero cuatro años después el caso sigue engavetado.

LA PRENSA Premium investigó sobre las personas que acompañaban a la jueza Vallecillo en sus giras. La mayoría, están de baja, mientras que solamente José Manuel Hernández Moya, ascendió a mayor de caballería y fue asignado como director del Centro Penal de Choluteca, mientras que Samuel Idai Murillo Chávez, sargento segundo, perteneció al XXI Batallón de Policía Militar y fue dado de baja el 10 de marzo de 2023.

Darvin Zalarzar Hernández, Enis Noel Lagos Núñez, Juanita del Carmen Rodezno Ortega no aparecen en el sistema.

Entre los demás jueces que salpica la auditoría está Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien fue arrestada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) durante la Operación ‘Medusa’. Se le acusa de prevaricato y abuso de autoridad en el caso ‘Shalom’, donde desestimó una prueba crucial que vinculaba a los familiares de Teodoro Bonilla con una organización criminal.

En cuanto a Víctor Méndez Ordóñez, se sabe que en 2020, al igual que Vallecillo, fue trasladado de los Juzgados de Letras Penal con Jurisdicción Nacional a una jurisdicción ordinaria en materia penal, por orden de Rolando Argueta, expresidente de la CSJ.

Es notario y en 2022 se postuló para optar a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. “El primer punto que me motiva es la satisfacción personal y familiar al lograr ocupar tan honorable envestidura como lo es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Considero importante, participar en las decisiones jurídicas de mayor relevancia para nuestra nación y desde ese punto proteger el Estado de derecho de nuestro país”, mencionó en su perfil el juez que había falsificado facturas seis años antes.

La magistrada Vallecillo ha cultivado una imagen de discreción en cada uno de sus cargos. No tiene redes sociales, no aparece en los organigramas oficiales del PJ y sus cambios de puesto han sido tan sigilosos como cuestionables.

Reside en la capital, en una exclusiva residencial de alto nivel y, aunque pocas personas la conocen realmente, sus contactos bien posicionados han sido clave en su carrera.

Vallecillo ha ocupado puestos clave en el Poder Judicial bajo tres diferentes presidencias de la Corte Suprema de Justicia (del Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre). Primero con Jorge Rivera Avilés, en 2009; luego bajo Rolando Argueta Nacional entre 2016 y 2023; y actualmente bajo la dirección de Rebeca Ráquel Obando.

Hace 15 años, exactamente el 17 de agosto de 2009, ingresó al Poder Judicial en un cargo administrativo. Rápidamente ascendió a defensora pública y luego fue promovida a jueza de garantías. Más tarde, se convirtió en juez de Letras con Jurisdicción Nacional. Sin embargo, Argueta la bajo de rango en 2020, asignándola al Juzgado de Letras Penal en Tegucigalpa.

Su nombramiento como magistrada de la Corte de Apelaciones ocurrió luego de que la abogada Yessenia Julissa Aguilar, quien se venía desempeñando como magistrada de Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, fuera nombrada como directora de la Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro”.

En el cargo de Aguilar fue nombrado el abogado Adán Guillermo López Lone, quien prestó sus labores en ese ente jurisdiccional, según una circular del Poder Judicial. De modo que el puesto que ostentaba López Lone como magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Penal, en Francisco Morazán, fue nombrada la abogada Vallecillo.

Aunque no hay registros públicos de este nombramiento, La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium accedió a documentos oficiales del mismo, con fecha del 19 de abril de 2024, cinco días antes del nombramiento de su hermano Marco Vallecillo, como coordinador del Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Vallecillo ostenta ahora uno de los cargos más poderosos de la CSJ y es una de los tres magistrados asignados a la Corte de Apelaciones de lo Penal en Francisco Morazán.

Según los registros salariales del Poder Judicial, verificados por este medio, percibe un sueldo mensual de 103,889.32 lempiras, sumado a un plus adicional de 2,000 lempiras, lo que eleva su salario total a casi 106 mil lempiras, de acuerdo con la planilla de julio de 2024.

De acuerdo a su expediente, tiene al menos 10 denuncias por “procesos irregulares”, donde la única sanción que le ha sido impuesta es una audiencia de descargo en 2015 por posponer sin motivo alguno las audiencias de diversos imputados.

Una fuente del Poder Judicial reveló a este medio que la actual magistrada ha sido protegida por sus influyentes contactos, quienes no solo la han mantenido en posiciones de poder a lo largo de los años, sino que también han facilitado su ascenso, a pesar de las denuncias que pesan en su contra.

Según los artículos 180 al 185 del Reglamento de la Carrera Judicial, los funcionarios judiciales pueden enfrentar sanciones como multas, suspensión sin remuneración y destitución, dependiendo de la gravedad de sus faltas.

Las faltas leves pueden derivar en amonestaciones, mientras que las graves pueden llevar a la suspensión o exclusión de la carrera judicial. Sin embargo, Vallecillo, pese a haber sido vinculada a sanciones penales, no ha sido sometida a ninguna de estas sanciones internas hasta la fecha.

Lisseth Vallecillo también ha sido señalada por su papel en el caso Guapinol, donde fue acusada de abuso de autoridad y violación de derechos humanos. Como jueza, ordenó la detención arbitraria de ocho defensores del agua que se oponían a un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Los activistas fueron encarcelados por más de 900 días en cárceles de máxima seguridad.

Sin embargo, en 2021, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de los ocho defensores del Río Guapinol fue arbitraria, al no cumplir con las normas internacionales sobre un juicio imparcial.

Según su dictamen, la detención violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que los defensores ejercían su derecho a la libertad de expresión y reunión. Además, el Grupo de Trabajo instó al Estado de Honduras a liberarlos inmediatamente y garantizarles indemnización y reparación por la violación de sus derechos.

En la denuncia se le acusa de acusación falsa, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y omisión de los deberes de los funcionarios, pero curiosamente esa información no está detallada en su expediente.

Ocho años después, lejos de estar en el banquillo de los acusados, Vallecillo, es ahora una figura de poder en la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, donde su hermano —acusado de extorsión— interpuso un recurso de apelación el pasado martes para revertir la medida de prisión preventiva que le fue impuesta en su audiencia inicial.

Debido a su ausencia en redes sociales, LA PRENSA Premium intentó localizar a la magistrada Vallecillo a través de varios abogados y funcionarios del Poder Judicial, pero ninguno aseguró tener su contacto directo.

Por otro lado, desde el Poder Judicial afirmaron no tener conocimiento previo de la auditoría mencionada hasta ser consultados por este medio, motivo por el cual han decidido iniciar una investigación de oficio conforme al Reglamento de Supervisión General.