Poca inteligencia policial provoca alta impunidad

SAN PEDRO SULA

Con premeditación y con suficiente logística han sido cometidas la mayoría de las 25 masacres ocurridas en lo que va de 2024 en Honduras, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Yoro, donde un alto porcentaje de casos queda en impunidad por falta de investigación.

Gran parte de las muertes múltiples apenas están en etapa preliminar de la investigación y de muy pocas hay captura de los hechores, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según un monitoreo independiente y datos de organismos oficiales, siete de los 25 homicidios múltiples ocurrieron entre agosto y septiembre, lo que confirma un repunte en los últimos dos meses, cuando la tendencia venía a la baja.

Casi la mitad de los crímenes múltiples (48% para ser exactos) han ocurrido en apenas tres departamentos, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Los tres registran el mismo número de masacres, pero con distinto saldo de víctimas: en Francisco Morazán asesinaron a 14 personas en cuatro hechos, mientras que la misma cantidad de crímenes dejó en Olancho 13 víctimas. En Yoro fue un poco menor, con 12 personas sin vida.

En total, 11 de los 18 departamentos de Honduras han sido afectados por las muertes múltiples en lo que va del año, conforme a reportes oficiales.

De las 77 víctimas producto de estos crímenes, al menos 18 han sido del sexo femenino, según el Centro de Derechos de la Mujer.

Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que si bien la Policía ha manifestado que la reducción de la tasa de homicidios ha bajado en comparación a otros años, el problema que existe actualmente en la sociedad son otros fenómenos relacionados con delitos contra la vida, como las masacres, feminicidios, muertes de transportistas, asesinato de defensores de derechos humanos.

Como los casos no reciben la atención debida del Gobierno y sus fuerzas de seguridad se genera una mala percepción del trabajo ejecutado.

Además, poco se habla después de capturas, requerimientos fiscales y sentencias condenatorias, “entonces el sistema no está dando respuestas al pueblo hondureño con la justicia que se requiere”, reclamó.

“Muy bien que se promete que para este año se reduce a un 27 por ciento la tasa de homicidios —alertó—, pero todos estos fenómenos y la impunidad le están generando este rechazo de la ciudadanía a los resultados en materia de seguridad de parte del Gobierno”.

Por ejemplo, la masacre en Roatán, Islas de la Bahía, ocurrida el pasado 23 de agosto y donde fueron asesinadas tres mujeres y un hombre en una vivienda, dejó expuesta a la isla y su imagen de sitio turístico seguro. Lo mismo sucedió con la desaparecida Angie Peña, cuya investigación, que implicó movilizar recursos y logística desde Tegucigalpa, no ha dado con el paradero de la joven.

Señaló que este tipo de situaciones demuestra que no hay capacidad instalada, no hay recurso humano ni logístico para enfrentar investigaciones efectivas.

Esta debilidad institucional, falta de controles y poca investigación causa, en entornos como el de Islas de la Bahía, problemas asociados al narcotráfico, trata de personas, abuso sexual infantil, asaltos y hasta asesinatos múltiples, enumeró.

Castañeda destacó que las masacres generalmente son acciones premeditadas, con una planeación muy trabajada antes de ejecutarla y muchas se atribuyen a riñas entre grupos criminales. Además, suelen ocurrir en zonas donde opera el crimen organizado, “pero si contáramos con una investigación eficiente sería mucho menos el registro de estas muertes múltiples en el país”, valoró.

Para el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas, no se puede negar la reducción de masacres asociadas a las maras y pandillas, pero las últimas presentan particularidades vinculadas al sicariato, donde se presenta una planificación, la compensación monetaria del crimen múltiple y que no queda rastro de la ejecución.

“Esto se ha convertido en un negocio del crimen, eliminar a personas sin ningún tipo de consideración y sin importar la cantidad”, apuntó.

Para Galeas, la proliferación de armas, la falta de control y las facilidades de adquisición en el entorno del crimen organizado da notables ventajas por encima de una persona normal que ha sido perfilada como objetivo.

También es del criterio de que la ruta de la narcoactividad desde Gracias a Dios hasta Cortés, extendiéndose hasta occidente, así como en Yoro, Olancho y El Paraíso, convierte estas zonas en sitios de proliferación de armamento.

Sin embargo, las capacidades de inteligencia son limitadas, no hay articulación entre agencias ni cooperación local de las autoridades.

“Si no se tiene inteligencia para la prevención, esto repercute también para la captura y judicialización, por lo que la incapacidad para investigación vuelve toda esta situación impune y la deuda seguirá siendo alta”, expuso.

Lara Bohorques, de la unidad de investigación del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), dijo que las mujeres suelen ser víctimas circunstanciales de estos crímenes, como exparejas, hijas o amigas que se situaban en el mismo lugar del principal objetivo del ataque, pero hay casos de alto impacto donde es notable que es un crimen de género.

“Estos hechos tienen una carga bastante de género y estamos viendo esta nueva modalidad de feminicidios múltiples, que en algunos casos hay capturados porque este tipo de hechos llaman la atención a nivel de sociedad que exige justicia”, apuntó.

Indicó que en este año hubo respuesta por el homicidio múltiple de Roatán, donde un hombre mató a tres mujeres en enero, pero el acceso a la justicia ha sido tardado y pone en detrimento a los familiares, que se sienten desprotegidos.

Una de las masacres que más ha consternado este año, por la angustia vivida entre los familiares tras su desaparecimiento y el macabro hallazgo de las víctimas, ocurrió en las afueras de la capital

Annie Villalobo y su pareja Roger Coleman, junto con sus amigos Kenneth Cruz, Alejandro Aceituno y Elvin Izaguirre, fueron asesinados el 1 de junio luego de haber sido llevados a una montaña de Tatumbla, municipio vecino de la capital.

Annie y su esposo Roger Coleman estaban en labores de mudanza hacia una casa en Mirador de Oriente en la capital cuando miembros de una pandilla los privaron de su libertad y se los llevaron junto con sus acompañantes.

El móvil que ha manejado la Policía es que la pareja iba a ocupar una casa que era de “interés” para los pandilleros, de los que seis fueron capturados.

En septiembre han ocurrido cuatro masacres, incluyendo el asesinato de los esposos Ángel Alfaro y Amalia Romero junto a su hija de tres años en la aldea Pajonal, Comayagua, el primer día del mes.