En pláticas “secretas”, diputados ya perfilan al nuevo fiscal general

San Pedro Sula, Honduras.

A pocos meses para la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, unos sectores del país insisten sobre la necesidad de tener un órgano independiente y autónomo, mientras que otros aseguran que ya todo está “cocinado” por los partidos políticos en el Congreso Nacional.

La Constitución indica que las nuevas autoridades deberán ser electas antes del 1 de septiembre. Desde el Poder Legislativo, por mayoría calificada (86 votos) escogerán a dos de entre cinco candidatos presentados por la Junta Proponente, la cual tiene como término de envío de nómina, 30 días antes de concluir el período correspondiente.

A través de fuentes consultadas a lo interno del Congreso Nacional se supo que las conversaciones sobre la elección se mantienen “tibias” debido a que aún la Junta Proponente no envía nombres y apellidos; sin embargo, los congresistas ya en sus círculos privados están valorando algunos perfiles profesionales y afines políticos que pudieran entrar en el proceso.

Uno de los escenarios más fuertes es que el fiscal general será alguien de Libre, partido que está en la presidencia del país y tiene la mayoría en el Congreso, mientras que el fiscal adjunto quedaría en manos del Partido Nacional, segunda fuerza política, mientras que el director de fiscales será un liberal.

Sin claridad

Desde la sociedad civil se habla que este proceso no será diferente a los anteriores por favoritismo y sectarismo. Han pasado unos 30 años desde que se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio Público y la población aún demanda un ente fiscal concentrado en las prioridades que impone la realidad de país.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos aseguró que la escogencia del fiscal está fracasada, ya que al aplicar los mismos procedimientos se tendrán iguales resultados.

“El problema es que la Junta Proponente ya está contaminada de política”, puntualizó el analista en derecho, al tiempo que recordó que no es nada nuevo que el partido de gobierno termine quedándose con la Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Fiscalía.

Para Barrientos, aunque sí existen formas de cambiar esta malograda tradición partidaria, a los políticos no les conviene hacer lo contrario.

En contraposición, el diputado de Libre, Ramón Barrios, afirmó que los seleccionados en la Junta Proponente no están contaminados de política y fueron elegidos tal y como lo demanda la Constitución.

El congresista comentó que a la fecha no tienen “ningún ungido” puesto que aún no se ha enviado la nómina. El diputado afirmó que de momento solo han sostenido pláticas informales entre las diferentes bancadas del Congreso, pero será hasta recibir la lista final que comenzarán las conversaciones para llegar a consensos.

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“La correlación de fuerzas nos obliga a sentarnos con los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras, y aunque somos más en el Legislativo, no tenemos la mayoría simple siquiera”, reconoció.

El legislador agregó que buscarán elegir un fiscal general que cumpla con los ideales de representar al pueblo hondureño.

La Junta Proponente apenas ha tenido la primera reunión y están en el proceso de reordenamiento tras nombrar las comisiones, informó Julio Raudales, representante de las universidades privadas.

“Todavía no hemos hecho la convocatoria. Esta es una Junta Proponente compuesta por buenos profesionales y al menos yo no estoy contaminado de política como aseguran”, exclamó el economista.

Mientras los cabildeos comienzan a cimentarse, desde la sección empresarial, a través de Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), se recuerda que contar con un Ministerio Público independiente y competente es imprescindible.

“Es importante que el Congreso siga los procesos según nuestro estamento legal, sin incidencia de ningún otro poder del Estado, institución gubernamental o fuerza política”, expuso.

La empresaria del Distrito Central teme que de no existir un proceso transparente, se termine cayendo en un ambiente de desconfianza que frene el desarrollo social y económico de Honduras, afectando la confianza y seguridad jurídica en un entorno favorable para atraer inversión y generación de nuevos empleos.

Desde la óptica de la academia, es fundamental la restauración de la institucionalidad, pues se piensa que ha existido un deterioro en la administración de justicia.

Armando Orellana, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), hizo hincapié en que se requiere de un liderazgo tanto a nivel del partido oficialista como de los de oposición, así como de un proceso transparente y apegado a ley al realizar la elección.

“Necesitamos que se valoren perfiles idóneos para el cargo, con experiencia y fuerte conocimiento penal”, indicó.

El docente acepta que los grupos de presión y las redes de influencia inciden ampliamente en el tratamiento de la elección del Ministerio Público.

“En el pasado hubo grupos fáticos que manosearon la selección en este tipo de responsabilidades. Sabemos que estos grupos son protagonistas, tomando en cuenta que en el país existe un debate profundo y una normativa incapaz de evitar el manoseo de las élites políticas y económicas”, apuntó.

La elección del fiscal está muy estrecha con el ceder ciertas posiciones, por lo que difícilmente se verá la luz al final del túnel, así lo cree el sociólogo Jorge Larios en el departamento de Cortés.

“Seguimos con más de lo mismo, lo que han cambiado son los liderazgos políticos que van a terminar de decidir, al final será el Congreso quien determine así cómo pasó con la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

Larios lamentó que se ponga en riesgo la calificación profesional a cambio de intereses políticos y mencionó, citando a un diputado del Partido Nacional, que Libre le ofreció al Partido Liberal el fiscal general, pero la institución, debido al temor de desaparecer, rechazó algún tipo de alianza, pues sus bases no están de acuerdo con estas negociaciones.

Los entrevistados concordaron que la independencia fiscal es una aspiración ciudadana, sin embargo, son conscientes que la cultura política de elección en estos cargos relevantes es difícil de quebrar.

Aún así se mantiene la esperanza se continuar poniendo el dedo sobre la llaga para presionar por una justicia imparcial e independiente. La observación crítica de la población y sociedad civil es clave en el marco de garantizar la correcta aplicación de funciones, así como el papel auditor de los medios de comunicación.

Se concluye que el respeto a la nómina por parte del Congreso, la participación ciudadana mediante la presentación de tachas y denuncias, así como la evaluación final y el llenado correcto de la matriz, serán factores cruciales en el proceso de selección, ya que aún pasando con la prueba de conocimiento y audiencias públicas, cada miembro de este bloque multisectorial tendrá un grado de discrecionalidad.