Ministerio Público dejará inmensa mora fiscal

El Ministerio Público desempeña un papel fundamental para darle tracción al sistema judicial de cualquier país, pero en Honduras a lo largo de los años ha sido objeto de críticas por sus funciones e impacto en la administración de justicia.

LA PRENSA Premium realizó una radiografía de la labor hecha por el actual Ministerio Público, que dirige el fiscal Óscar Chinchilla, desde septiembre de 2013 a la fecha.

No obstante, debido a la carencia de datos, pese a las solicitudes de información, fue imposible analizar la efectividad de la Fiscalía en estos dos períodos. A través de fuentes a lo interno del MP se conoció que la mora fiscal es inmensa.

A través de una serie de informes anuales relacionados con su gestión, se encontró que esta institución recibió 588,464 denuncias entre los años 2013 y mediados de 2023, así como 38,085 requerimientos fiscales, pero estos registros únicamente datan de entre 2013 y 2016, que es hasta donde aparecen consignados en uno de los documentos analizados; es decir, desde 2017 a la fecha se desconocen los datos oficiales de este tipo, aunque considerando el patrón de requerimientos extendidos por año se supondría que a la actualidad el número alcanza las 200,000 notificaciones.

Resoluciones

Otra documentación indica que hubo 14,554 resoluciones entre sobreseimientos provisionales, definitivos y cerrados por conciliación. Del mismo modo, se contabilizaron 12,096 sentencias condenatorias y 3,052 absolutorias en el marco de juicios orales y públicos.

Los datos anteriores vinculados a la labor fiscal no permiten dimensionar claramente en los últimos años su nivel de efectividad respecto a los diferentes casos investigados, puesto que sus bases de datos están incompletas, solo son cifras cuantificadas en archivos entre 2013 y 2016.

No obstante, LA PRENSA Premium, usando como complemento un conjunto de memorias estadísticas del Poder Judicial entre 2017 y 2022, halló que con los resultados derivados de los juzgados de Letras de lo Penal a nivel nacional como primera instancia, el número de sentencias condenatorias alcanzó las 17,828, mientras que las absolutorias, 4,115.

Por consiguiente, un cálculo matemático valorando el total de ambas resoluciones y años concluyó que del 100% de lo dictado por jueces, el 81% de los casos presentados por la Fiscalía en 10 años terminaron judicializados y menos del 20% de los procesados lograron recibir libertad inmediata.

Cabe mencionar que el total de lo descrito previamente no contiene resoluciones de la Sala de lo Penal, tampoco de cortes de apelaciones ni tribunales de sentencia.

De igual manera, solo se hace referencia a delitos con mayor frecuencia según año y flagrantes (descubiertos durante el hecho) y que son fácilmente comprobables en juicio, entre los que destacan tenencia o porte ilegal de arma, maltrato familiar, narcotráfico, amenazas y lesiones.

Aquí quedan fuera otros hechos como homicidio, asesinato, robo, violación y extorsión. Un fiscal que ha trabajado casos de alto perfil en el país y que pidió anonimato a este rotativo comentó que cada mes e individualmente llevan más de 1,000 casos en promedio de manera paralela.

Se trata de expedientes actuales y pasados que les lleva mucho tiempo evacuarlos, considerando la poca cantidad de investigadores a cargo, que no superan ni los 1,000, una constante queja contra la institución.

Esto también repercute en una mora fiscal inmensa, dato que ni siquiera lleva registrado el Ministerio Público.

Por otro lado, una solicitud de información pública del órgano judicial detalló que de 2017 a diciembre de 2022 entraron 137,937 casos versus 151,695 resoluciones.

Los trabajos hechos no solo alcanzan a la comunidad adulta, también incluye a menores de edad. De septiembre de 2013 a mediados de 2023, la Fiscalía presentó 2,598 acusaciones contra infractores, 34,758 auto motivados de cierre de investigación y 72,897 requerimientos fiscales.

De igual manera reportó 14,554 entre sobreseimientos provisionales, definitivos y definitivos por conciliación. En el área de la niñez enumeraron 3,435 denuncias, adicional a 1,919 por riesgo social, 690 resoluciones entre sobreseimientos provisionales y definitivos, 1,739 sentencias condenatorias y 202 absolutorias.

Acciones

La Fiscalía llevó a cabo unas 100 operaciones en la última década. En 2020 hubo operativos como Júpiter, Tucano, Débora, Octopus y Sigma contra compras irregulares en el marco de la pandemia, una gigantesca red de tráfico de migrantes y ataques a maras y pandillas. Un año antes, en 2019, pusieron en marcha operaciones como Perseo, Zeus, Sultán y Alicanto; contra socios de los Barralaga, el cártel AA y una red transnacional de socios de los Valle Valle. En 2018 y 2017 consolidaron actividades como Dragón, Artemisa, Hércules y una de las más importantes, Avalancha.

Esta consistió en miles de aseguramientos a la Mara Salvatrucha, congelamiento de cuentas bancarias, incautación de fuertes sumas de dinero y múltiples capturas.

Entre 2013 y 2016 le cayeron a bandas del narco, enjuiciaron a un vicepresidente del Consejo de la Judicatura, aseguraron bienes a extraditados, procesaron latrocinios de corrupción como el del Seguro Social, llevaron a los tribunales a exjueces y exfiscales que participaron en actos criminales y obtuvieron sentencias condenatorias en casos emblemáticos como el de la ambientalista Berta Cáceres.

Insatisfacción

Pese a que el Ministerio Público pregona que se ha ido de frente contra la criminalidad organizada, la sociedad civil asegura que este ha sido permisivo y cómplice de algunos corruptos, lavadores y narcotraficantes.

Alejandra Fuentes, oficial técnico-jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indicó que “hemos visto falta de recursos económicos y de personal para investigar casos grandes. Muchas de las dependencias no han prestado la debida atención a ciertos eventos y se ha perdido independencia”, manifestó.

La analista remarcó que es “difícil” una valoración amplia, pues a su criterio hubo situaciones donde fiscales no actuaron con imparcialidad, y eso incidió en casos grandes donde no se logró la correcta aplicación de justicia.

El abogado constitucionalista Raúl Pineda considera que es difícil superar en negatividad al actual Ministerio Público.

El jurista cuestionó, por ejemplo, que “cómo es posible que algunos extraditados hayan vuelto a Honduras y no rindan cuentan por los delitos cometidos”.

Agregó que “el fiscal Óscar Chinchilla comenzó como un caballo andador y terminó trotón, ha habido un desastre administrativo, se convirtió en una Fiscalía obesa y cargada de impunidad”.

Cristian Nolasco, especialista en auditoría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recordó que de más de 140 líneas de investigación enviadas por esa instancia civil, solo judicializaron 27, lo que denota, según su apreciación, un elevado nivel de impunidad, sobre todo en casos de alto impacto.

“Hemos mirado que el Ministerio Público actual se ha convertido en un compañero de trabajo de la corrupción y no ha cumplido con su mandato institucional, que es el de responder por los intereses del pueblo hondureño”, señaló el profesional del derecho.

Los resultados vistos hasta ahora mantienen un ambiente poco esperanzador sobre quienes formarán parte del nuevo Ministerio Público, cuyo fiscal general y fiscal general adjunto deberán ser escogidos antes de septiembre.