Dueño de pistola implantada a Wilson Pérez fue ultimado para callarlo

El crimen de Wilson Ariel Pérez, barrista del equipo de fútbol Real España, encendió las alertas para que el Ministerio Público pusiera énfasis en las indagaciones de los casos de abusos y delitos cometidos por policías que se empezaron a dar con más incidencia al entrar en vigor el estado de excepción.

LA PRENSA, a través de la serie de investigación, reveló los abusos e ilícitos cometidos por policías amparados en esa política de seguridad decretada por el Gobierno.

Las averiguaciones del Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), establecen que la implantación de pruebas es una de las prácticas que ha conllevado a los agentes a cometer otra serie de delitos como secuestros, robos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Los datos del MP indican que agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) son los más denunciados por implantación de pruebas.

Los análisis de la Atic indican esa práctica fue heredada por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) y la siguen ejecutando.

Un ejemplo de eso es el caso del barrista Wilson Pérez. El barrista fue ultimado el 31 de mayo de 2022 en la colonia Moderna, de San Pedro Sula, por agentes de la Dipampco que mintieron al dar la versión que le quitaron la vida porque se enfrentó a tiros con ellos con una pistola cuando huía.

Por la muerte de Wilson Pérez fueron acusados cuatro agentes de la Dipampco.

Las pesquisas que realizó la Atic demostraron que la pistola que, según los policías, utilizó el barrista se la implantaron y por lo tanto el ahora occiso nunca disparó y también se estableció que con esa arma más bien lo mataron.

Pérez era buscado por la Policía porque el 29 de mayo de 2022 en el estadio Olímpico cuando se jugaba la gran final de fútbol entre los equipos Real España y Motagua agredió a una subinspectora a quien tras pegarle una patada la hizo rodar por las graderías.

Las indagaciones de la Atic establecieron que la pistola que le implantaron a Wilson la decomisaron agentes de la desaparecida FNAMP en un operativo el 16 de octubre de 2020 en Quimistán, Santa Bárbara, donde capturaron a tres expolicías y un oficial de la Policía junto a cuatro hombres más.

El dueño de la pistola implantada a Wilson Ariel Pérez era el expolicía Limbert Aníbal Baca, uno de los capturados en Quimistán y que según la FNAMP era parte de una banda delictiva que traficaba armas y drogas.

Cuando se dio la detención de Baca y los otros siete hombres, los agentes de la FNAMP decomisaron tres pistolas.

Una de esas armas era propiedad de Limbert Baca, la cual no fue presentada como evidencia cuando el expolicía y los otros detenidos fueron puestos a la orden de los juzgados. Limbert Baca, al igual que los otros imputados, estuvieron presos dos años y cuatro meses acusados de los delitos asociación ilícita, tráfico de drogas y porte ilegal de armas.

En febrero de 2023, nueve meses después de la muerte del barrista, los imputados recobraron su libertad luego de que su defensa demostrara a través de un vídeo del sistema nacional de emergencia 911 que les implantaron las pruebas que presentaron los agentes de la FNAMP.

A Baca lo ultimaron 15 días después de salir libre para que no declarara en la causa que se le sigue a los agentes de la Dipampco por la muerte del barrista. Pero los agentes de la Atic ya le habían tomado declaración a Baca antes de salir de prisión la cual ya está judicializada.

Baca le confirmó a los investigadores que la pistola implantada al barrista era de su propiedad.