Honduras: en 8 de cada 10 disputas por custodia de hijos se favorece a la madre

San Pedro Sula, Honduras.

”¿Le gustaría mirar las imágenes que utilicé como pruebas de que no los dañaba?”, expresa Ramiro, un ingeniero sampedrano, mientras extrae su celular Samsung Galaxy del bolsillo. En el dispositivo exhibe más de 10 fotografías que capturan momentos felices de vacaciones en las playas de Puerto Cortés, torneos de fútbol en la escuela y celebraciones navideñas con sus hijos, Diego y Camila (nombres ficticios para ilustración).

Sin embargo, estos momentos de alegría y amor se desvanecieron con una denuncia presentada por su exesposa en mayo de 2021. Ramiro, originario del departamento de Lempira, pensó que al separarse de su ahora expareja y renunciar a la custodia de sus hijos evitaría problemas y lograría una separación pacífica.

Ganar la custodia, a ella no le impidió llevarse a sus hijos a Tegucigalpa, limitando la comunicación a temas de manutención. Ramiro alega que ella empleó diversos métodos para evitar que los mirara, desde informar “falsamente” sobre enfermedades hasta influenciar a los niños para que creyeran que él no quería estar cerca. La situación culminó con una denuncia por violencia, acusándolo de acosar y agredir psicológicamente.

Ramiro forma parte de los 2,794 hombres que perdieron la custodia de sus hijos entre los años 2018 y septiembre de 2023, según datos del Poder Judicial analizados por LA PRENSA Premium.

En Honduras al igual que en muchos otros países del mundo, la custodia de los hijos tiende a otorgarse a la madre, como ponderan los datos procesados. Durante este lapso de tiempo, sumado a los ingresos acumulados desde tiempo atrás, se registraron 4,435 disputas legales en los juzgados, siendo 1,208 encabezadas por hombres y 4,435 por mujeres.

A pesar de que muchos casos quedan estancados por falta de acuerdos o demoras judiciales, en casi seis años se dictaron 2,794 resoluciones a favor de la madre y 743 a favor del padre. Por lo tanto, durante este período de tiempo, aproximadamente el 79.06% de las resoluciones dictadas fueron a favor de la madre, mientras que el 20.94% para el padre.

Expertos consultados, en el marco de una visión objetiva sobre las razones detrás de estos conflictos familiares, concordaron que entre los factores clave se encuentran los estereotipos de género arraigados, expectativas culturales y percepciones sobre las habilidades parentales. Lo anterior significa que continúan las creencias preconcebidas y generalizadas sobre roles y características asociadas a hombres y mujeres; es decir, permanece la idea tradicional de que las mujeres son naturalmente más adecuadas para la crianza de los hijos.

La mayoría de demandas por custodia y que concluyeron en resoluciones firmes, incluyendo ingresos del tiempo analizado y de años anteriores, se realizaron en el departamento de Francisco Morazán (1,625), seguido de Cortés (896) y Yoro (621). Estas se desprenden principalmente de grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Inventar situaciones de violencia, cambiar de residencia, afirmar que los niños están enfermos o desacreditar al otro progenitor son tácticas que algunos padres utilizan como venganza contra exparejas, según especialistas en derecho y psicología.

Cifras de los Juzgados de Letras a nivel nacional, entre el año 2018 y julio de 2023, especifican que se concretaron 13,355 divorcios de parejas por la vía contenciosa y en gran parte de estos procesos se acudió a la disputa por la custodia de hijos. En el curso de los divorcios contenciosos, los tribunales realizan evaluaciones detalladas de la capacidad parental de cada cónyuge, que incluyen el historial de cuidado de los hijos, la estabilidad emocional, las condiciones de vida y la disposición para fomentar la relación con el otro progenitor.

Mientras tanto, 14,637 personas lograron separarse legalmente por muto acuerdo. Los cónyuges deben haber llegado a un acuerdo por escrito sobre cómo se ejercería la patria potestad después del divorcio, este suele incluir disposiciones sobre la custodia física y legal de los hijos, así como otros aspectos relacionados con su bienestar. Aunque los padres pueden acordar los términos del ejercicio de la patria potestad, el tribunal siempre evalúa si estos puntos son consistentes con el interés superior de los hijos, y si considera que el acuerdo no favorece adecuadamente el bienestar de los menores, solicita modificaciones antes de aprobar el divorcio.

Mario Herrera, exfuncionario y abogado privado con experiencia en temas de niñez y familia, destacó la frecuencia de los juicios ordinarios debido a la falta de acuerdo entre las partes. Aunque los convenios regulares se concretan rápidamente en casos de divorcio y otorgamiento de custodias, la demora surge cuando no hay conciliación por diversas razones.

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La ley establece que los menores de cinco años deben estar con la madre, a menos que haya riesgo social. Después de esa edad, el padre puede demandar la custodia, considerando factores económicos.

Herrera señaló que la mayoría de los jueces en Honduras son mujeres, lo que genera un sistema judicial desequilibrado. “De cada 10 casos, la mujer gana en reiteradas ocasiones casi el 100%, pues al final, y generalmente, el hombre se ve obligado a renunciar por las presiones”, ejemplificó el abogado.

El proceso legal, que debería durar en promedio seis meses, puede extenderse hasta un año o mucho más tiempo debido a demandas extraordinarias, apelaciones o mora judicial. Al finalizar el proceso, se establece la cantidad económica por concepto de manutención, que debe pagarse hasta que el hijo tenga 21 años, y en caso de incumplimiento, se cita a la parte correspondiente a los juzgados, pudiendo llegar hasta la rebeldía.

El profesional enfatizó que las disputas legales no conocen fronteras ni estatus sociales, ocurre entre todas las familias. Entre líneas, recomendó a mujeres de áreas rurales, por ejemplo, aceptar lo que se ofrece debido a condiciones económicas persistentes. Esto, porque en el interior del país, los padres suelen no hacerse responsables, y algunas disputas no surten efecto debido a acuerdos respaldados por sectores protegidos.

Herrera advirtió que, siempre que no haya violencia intrafamiliar ni doméstica, no se puede obligar a alguien a pagar más allá de sus posibilidades financieras.

Según estadísticas proporcionadas por los Juzgados de Letras y Paz en el ámbito de la violencia doméstica, se registraron un total de 34,156 denuncias declaradas con lugar entre los años 2018 y julio de 2023. Es relevante destacar que, en la gran mayoría de estos casos, se favoreció a las mujeres afectadas.

En cuanto a las denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar durante el período comprendido entre 2018 y junio de este año, se emitieron 159 sentencias condenatorias y 117 sentencias conciliatorias. Además, se dictaron 13 sentencias absolutorias, 395 sobreseimientos definitivos, y en 11 casos la acción prescribió. También hubo 143 sobreseimientos provisionales, 69 suspensiones condicionales de persecución y 69 autos de apertura a juicio.

Estas cifras ofrecen una visión detallada de la actuación de los tribunales en casos de violencia intrafamiliar y doméstica, evidenciando la diversidad de resultados y medidas adoptadas en respuesta a las denuncias presentadas.

Judith García, psicóloga, terapeuta de trauma y sistémica familiar, comentó sobre el impacto emocional en los menores producto de estas disputas legales. Destacó que este golpe varía según la edad y por cómo se manejen las situaciones. “Ya con el solo hecho de escuchar la palabra disputa se sabe que habrá un ambiente tenso, un clima de oposición o poder, el problema es que desde el tema legal solo buscan favorecer a una de las dos partes, pero no tienen en cuenta la activación de inseguridades, sentimientos de miedo, depresión y rabia que se puedan sufrir”, dijo.

La experta pormenorizó que los niños menores de seis años, que no asisten a un entorno escolar, tienen como responsabilidad central su hogar. Por otro lado, los niños de 6 a 11 años buscan desarrollar autonomía, la cual se alcanza a través de la participación activa en la escuela. En el caso de los adolescentes, se hace indispensable abordar de manera específica las áreas psicosocial y psicosexual.

La carencia de supervisión y un entorno de convivencia saludable pueden dar lugar a la aparición de ansiedad, angustia, comportamientos compulsivos y un retroceso en el proceso de desarrollo.

“El menor piensa que si se queda con una parte es porque la otra le está fallando, entonces él queda en medio y puede experimentar culpa de que si ama a uno pareciera que al otro no, entonces hay un bucle de miedo. Hay que entender que el problema es con papá y mamá, no con nadie más, entonces, cuando son adolescentes y están en medio, incluso pueden llegar a adicciones como el cigarrillo o el alcohol en la calle, además de volverse antisociales”, apuntó la especialista en salud mental.

García recomendó que ambos padres resuelvan su situación como adultos, manejando un mismo discurso y brindando información pertinente según la edad del hijo. Destacó que estas disputas reflejan que los padres no han resuelto sus vidas personalmente y subrayó la importancia de entender que lo que no funcionó fue la vida en pareja, no la separación de roles.

La psicóloga reconoció que, aunque el sistema del país sugiere que el mejor lugar para un hijo es con su madre, por sus lazos fisiológicos, psicológicamente hablando, el niño necesita de ambos padres para configurar el vínculo familiar y sus raíces.

Es crucial tener en cuenta que la custodia de los hijos, a menudo confundida con el término de patria potestad, puede extinguirse, suspenderse o perderse por diversas razones. El Código de Familia, en sus artículos 199 en adelante, proporciona un detallado análisis de los escenarios específicos en los cuales es posible solicitar esta medida o, incluso, perderla por completo.

Entre las consecuencias diversas se incluyen las costumbres depravadas o escandalosas de ambos padres o de uno de ellos, así como la aplicación de un trato excesivamente severo e irrazonable hacia los hijos, o incluso el abandono de estos últimos.

Además, la pérdida puede derivar de la comisión de un delito por parte de uno de los progenitores en perjuicio del otro o de cualquiera de los hijos, siempre y cuando exista una condena judicial al respecto.

Asimismo, la pérdida de la custodia puede resultar de la reincidencia en delitos de orden común por parte de los padres, con la condición de que la pena impuesta supere los tres años en cada caso. También se contempla la posibilidad de perder la custodia por trastornos mentales declarados judicialmente en los padres o uno de ellos. Por último, una sentencia firme en un juicio de divorcio o nulidad del matrimonio puede ser causa suficiente para la extinción de este derecho.