Barrio 18 y Los Aguacates llenan de fosas y cementerios clandestinos SPS

San Pedro Sula, Honduras.

“Esta gente cuida su zona, los raptan, se los llevan para arriba, los asesinan e incluso ponen a víctimas a cavar su propio hoyo”, confió con tono de desesperanza y recelo un habitante del sector Chamelecón a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium.

Fuentes entendidas en el tema apuntalan que el Barrio 18 y Los Aguacates han ejecutado esta práctica desde aproximadamente el año 2007 hasta la actualidad, para castigar a los que cruzan sus territorios, a traidores y rivales, con una sentencia de muerte enterrada en la misma tierra que ellos controlan.

En San Pedro Sula, especialmente en Chamelecón, organizaciones encuentran colonias y barrios cercanos a plantaciones de caña su terreno predilecto para enterrar víctimas. En la Rivera Hernández, estas fosas se multiplican en colonias como Quitur y Puerto Escondido. En Los Cármenes, las excavaciones se concentran en las Lomas, una área tan peligrosa que ni la misma Policía se atreve a penetrar según análisis de reportes de la Secretaría de Seguridad y fuentes ligadas a esas investigaciones.

Un líder comunitario de otro sector conflictivo de la ciudad, bajo anonimato, recordó cómo un viejo conocido que ahora está en prisión por rosario de delitos, fue uno de los mercenarios que asesinó brutalmente a una pareja en su casa antes de enterrarlos en una fosa en el patio trasero.

“Los golpearon, este hombre contó que un compañero le dijo que la pareja aún respiraba, a lo que le respondió: ‘Así, tiralos’, y los lanzó a la fosa”, reveló el informante. Desde hace muchos años, estos grupos han usado bates de madera con alambre de púas enrollado para torturar a sus víctimas antes de enterrarlas.

FOTOS: así enterraron 14 personas en cementerio de Lomas del Carmen

En el corazón de las zonas más peligrosas del país hay sitios cavados que han sido el destino final para muchos que desaparecieron sin dejar rastro a lo largo de los años.

Entre el año 2018 y junio de 2024, según datos proporcionados por Interpol Honduras, 8,249 personas desaparecieron, de estos, 998 eran abogados y 876 estudiantes. Los casos en su mayoría fueron registrados en el Distrito Central, Francisco Morazán; San Pedro Sula, Cortés; (935 reportes), Comayagua, Comayagua; Danlí, El Paraíso; y El Progreso, Yoro.

Sebastiana Maradiaga, una madre angustiada de Villanueva, relató a LA PRENSA Premium la desaparición de su hijo de 21 años, quien no halla desde el pasado mayo. A pesar de que su corazón de madre se aferra a la esperanza de que sigue con vida, la realidad no descarta la posibilidad de que haya caído en garras de la criminalidad.

Entre los años 2019 y 2024 se documentaron numerosos hallazgos de fosas y cementerios clandestinos en diversas zonas de Honduras, reflejando el impacto creciente de la violencia y la inseguridad. En total se descubrieron 27 sitios de entierros clandestinos: 14 en Francisco Morazán, 11 en Cortés, uno en Santa Bárbara y uno en Atlántida.

En Francisco Morazán, los descubrimientos se concentraron en áreas rurales y urbanas que han sido mayormente escenario de actividad criminal. Figuran las aldeas El Lolo, El Mimbre, Santa Cruz, El Amatillo, barrio El Rincón, cerro La Montañita, colonias La Era, Nueva Esperanza, Brisas de Oriente, Villa Nueva y El Progreso. Estas ubicaciones abarcan tanto Tegucigalpa y Comayagüela, además de áreas cercanas como Valle de Ángeles.

Entre los distintos momentos en que fueron encontrados y enterrados, varios cuerpos habían sido sepultados una semana antes, otros 24 horas antes, algunos el mismo día, y otros hasta tres años o un año antes. Del total de las víctimas en este departamento, ocho eran hombres.

Mientras tanto en Cortés, la colonia Flor de Cuba (sector Rivera Hernández) fue escenario de un macabro descubrimientos, el 8 de marzo de 2022 se desenterró un esqueleto que había sido sepultado entre noviembre y diciembre de 2021. En Lomas del Carmen (sector Los Cármenes) se encontraron varios cuerpos en reducción esquelética: el 18 de mayo de 2022 se localizaron dos; dos días después, el 20 de mayo, se hallaron otros dos; y el 27 de mayo seis más, todos en campos abiertos.

El 5 de mayo de 2020, en Santa Cruz de Yojoa, tres cuerpos esqueléticos estaban en un pozo séptico. Otros eventos incluyen el hallazgo de un cuerpo esquelético en una zona montañosa de la colonia Grant en Tela, el 30 de julio de 2020; y el 17 de julio de 2019, un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en una hacienda en la aldea Las Queseras, de Santa Cruz de Yojoa. El 3 de febrero de 2020 se halló un cuerpo en estado de descomposición en el patio de una casa en la colonia Suyapa, de Villanueva, la víctima, una ama de casa de 45 años, había sido asesinada por asfixia y su propio hijo estuvo involucrado en el crimen.

En Santa Bárbara, el 27 de febrero de 2017, dos cuerpos en reducción esquelética fueron descubiertos en un campo abierto en Las Vegas, una de las víctimas, una estudiante de entre 12 y 14 años, había sido atacada con arma blanca y contundente. El 31 de mayo de 2017, el cuerpo de una mujer en estado esquelético fue ubicado en un terreno baldío en Chamelecón, San Pedro Sula.

Más recientemente, el 10 de mayo de 2024 se encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un terreno de la aldea Nueva Esperanza, Santa Cruz de Yojoa, la víctima era un hombre de 44 años.

Además de estos casos, entre los años 2017 y 2024 se reportaron dos cuerpos en Santa Bárbara, así como igual número en La Paz, uno en El Paraíso, uno en Ocotepeque, tres en Intibucá, ocho en Olancho y dos en Comayagua. Las causas de muerte en estos hechos incluyeron asfixia por estrangulación, laceraciones abdominales, traumatismo craneal y decapitación, mientras que otros casos siguen bajo investigación o permanecen como muertes no esclarecidas.

En la mayoría de los crímenes, Medicina Forense aún no ha logrado identificar el tipo de arma utilizada, mientras que las autoridades policiales continúan investigando para esclarecer los motivos detrás de las muertes. La falta de información precisa ha dificultado el avance en las investigaciones, prolongando la incertidumbre para las familias de las víctimas.

Al enterrar a sus víctimas en los propios barrios que controlan, los grupos envían un mensaje claro: nadie está a salvo. Esto es una advertencia, una marca de poder en el territorio que han conquistado.

Las familias de desaparecidos enfrentan una pesadilla interminable, buscando respuestas que la criminalidad organizada silencia con la muerte. Las fosas y cementerios clandestinos no son solo una táctica de terror, son una forma de control.

Las familias de las víctimas cargan con un dolor indescriptible, una herida abierta que no cicatriza. La búsqueda de sus seres queridos desaparecidos se convierte en una misión de vida, y la falta de respuestas agrava el sufrimiento.

Para las comunidades impactadas, el miedo de hablar y denunciar es paralizante. Las familias muchas veces callan por temor a represalias, convirtiéndose en rehenes de un silencio impuesto por el terror. La complicidad y el miedo dificultan las investigaciones, y la búsqueda de cuerpos se convierte en un peligroso juego del gato y el ratón con las organizaciones criminales.

La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium accedió a una banco de fotografías con fichas del Ministerio Público que fueron captadas durante la exhumación de 14 restos encontrados entre el 20 de mayo y 6 de junio de este año en un punto montañoso de Lomas del Carmen. Se han identificado al menos cinco víctimas, mientras que el resto continúan como desconocidas por las condiciones en que estaban.

Entre los reconocidos están una madre y su hija, cuyas prendas de vestir estaban junto a sus restos, de otros se hallaron sus implementos de trabajo y documentos personales. Entre los cuerpos había uno mutilado, posiblemente cortado después de ser asesinado.

Aunque algunos de los restos conservaban tejidos blandos, casi todos eran osamentas. En una de las fosas estaban dos cuerpos enterrados, solo divididos por una capa de tierra.

Según indagaciones de este medio, el acceso a estos lugares suele ser difícil, los grupos delictivos eligen estos sitios estratégicamente para mantener sus actividades ocultas. Normalmente se llega a ellos gracias a denuncias o información filtrada.

Generalmente, los restos que se encuentran son óseos u osamentas, a veces segmentos corporales, ya que en ocasiones son enterrados sin cabeza o con mutilaciones. La mayoría suelen estar completos, aunque hay excepciones, como el caso reciente de Lomas del Carmen.

No hay un patrón establecido para estos enterramientos, básicamente las maras meten a sus víctimas en fosas individuales, aunque a veces se encuentran dos cuerpos juntos o más.

Las fosas suelen ser poco profundas y ubicadas en zonas alejadas de la parte urbana. En áreas rurales de La Ceiba, Santa Bárbara o Copán también se han encontrado varios restos de personas dentro de montañas, es la práctica más común.

Normalmente, estos terrenos son propiedades invadidas y sin utilidad, y la mayoría de los restos corresponde a hombres y de edades diversas. El grueso de víctimas han presentado traumas por heridas de arma de fuego, otras por arma blanca o muertes causadas por asfixia o estrangulación.

En general, el 80% de los cuerpos encontrados en cementerios clandestinos no son identificados, en cambio, cuando se trata de fosas, que es donde se ubican habitualmente uno o dos, la mayoría sí son reconocidos gracias a las frecuentes denuncias de personas desaparecidas.

Vladimir Núñez, médico forense con basta experiencia en procesos de exhumación de cuerpos en sitios poco convencionales, explicó que “para exhumar, si nos apegáramos a la práctica internacional, debería realizarse un trabajo de antropología forense. Esta es una rama con la que no contamos en el país, no tenemos especialistas ni personas formadas en ese campo”.

Lo anterior representa una gran limitante porque el trabajo que se realiza es prácticamente empírico, si bien, algunos de los profesionales forenses en Honduras han recibido formación corta en el extranjero, no es suficiente para capacitarlos como especialistas. Estos cursos proporcionan lineamientos generales y amplían el conocimiento, pero no forman expertos.

“Para este tipo de trabajo se requiere la intervención de antropólogos o arqueólogos, así como de equipos de campo especializados. A nivel internacional utilizan sensores o radares que permiten detectar alteraciones en el suelo para identificar posibles entierros, además de emplear drones y otros recursos tecnológicos que no tenemos disponibles en el país”, puntualizó el forense sampedrano.

En su teoría, las exhumaciones deberían durar semanas o meses, pero en la práctica hondureña se realizan druante pocas horas, lo que dificulta hacer un trabajo minucioso y detallado. Este proceso acelerado afecta la calidad de la investigación.

Dependiendo del tiempo transcurrido es posible encontrar cadáveres en diferentes etapas de descomposición, influenciados por las condiciones climáticas. Por ejemplo, en San Pedro Sula, la descomposición es más rápida debido al calor y humedad, pero durante la temporada de lluvias, el proceso se acelera.

Manejar cuerpos en avanzado estado de descomposición es complicado, ya que las características de los tejidos se deterioran, lo que dificulta realizar evaluaciones objetivas. El proceso de descomposición de los tejidos blandos depende de las condiciones ambientales, a la intemperie, por ejemplo, pueden desaparecer durante pocos días, ya que las aves carroñeras aceleran el proceso, mientras que en el interior de las fosas tarda más tiempo.

Aunque no hay estudios estadísticos precisos, la mayoría de los cuerpos encontrados en estos cementerios y fosas fueron enterrados durante semanas o meses recientes.

Respecto a las etapas judiciales que también se siguen en el marco de estos eventos violentos, “el primer paso es identificar los cuerpos, para presentar un caso ante la justicia es crucial reconocer a las víctimas, si no hay familiares o conocidos que las identifiquen, los cuerpos terminan en una fosa común”, pormenorizó Núñez durante la entrevista con LA PRENSA Premium.

Los cuerpos pueden pasar dos, tres meses o más antes de ser trasladados a los nichos ya establecidos. En la morgue de San Pedro Sula se cuenta con un congelador con capacidad de movimiento diario, además de otros dos freezers para mantener unos 40 a 45 cuerpos, y otro de reserva.

Seyda González, experta en perfilación criminal y psicología forense, pormenorizó que estas estructuras se han modernizado y fortalecido a través de la operación de cementerios clandestinos, donde muchas víctimas suelen ser vecinos de los mismos sectores donde se han hallado.

“Las formas en cómo las víctimas son enterradas están diseñadas para evitar que sean descubiertas, los cuerpos son sepultados con sus pertenencias en zonas montañosas y cañeras. Aquí solo los familiares y amistades de las víctimas se atreven a denunciar la desaparición de sus seres queridos”, expuso la analista en seguridad pública.

Detalló que los asesinados suelen ser personas que tenían un negocio, se opusieron a pagar una extorsión o se rehusaron a ceder un bien. “Se han hallado cadáveres mutilados, otros atados de pies y manos, evidenciando que fueron torturados, y algunos con disparos en la cabeza, lo que sugiere una ejecución directa”, resalto González.

Datos dados por la Policía subrayan que entre 2020 y mayo de 2024 hubo un saldo de 15,326 homicidios a nivel nacional. Los cinco municipios con más incidencia fueron el Distrito Central, San Pedro Sula (con 1,263), Choloma, La Ceiba y Catacamas.

Un total de 6,399 hechos fueron atribuidos a enemistades personales, 4,094 aún están en investigación y 1,359 fueron por rivalidad entre grupos. Entre las víctimas se identificaron a 125 miembros de la MS-13 y 97 de la Pandilla 18.

Del total de homicidios suscitados, 285 cuerpos fueron dejados en solares baldíos, 285 en terrenos privados, 165 en fincas, 58 en plantaciones de caña, 28 en basureros, 23 en cementerios y cuatro en pozos de malacate. Estos lugares podrían estar relacionados con restos enterrados o semienterrados en fosas clandestinas.

Personas de entre 23 y 25 años han sido las principales víctimas de la violencia en barrios y colonias, la mayoría solteros o en unión libre, principalmente hondureños, seguidos de nicaragüenses, guatemaltectos y salvadoreños.