“Brindaremos la información requerida al fiscal general”: Luis Redondo

Tegucigalpa

Aunque no está en Honduras, Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, afirmó que entregarán toda la información requerida por el fiscal general del Ministerio Público.

El titular del Congreso reaccionó ayer luego de que equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ingresaran a las instalaciones del Poder Legislativo para decomisar documentos relacionados a actos de corrupción investigados por dos fiscalías.

Pero el objetivo no fue logrado, pues personal del Congreso les impidió el acceso a los departamentos de pagaduría y contabilidad de donde iban a extraer los documentos que son parte de la investigación en contra de los parlamentarios.

Luego del impedimento para requerir la información, el fiscal general Johel Antonio Zelaya, en su cuenta de “X”, publicó: “ante la negativa y obstrucción a cumplir con la ley; he instruido a los agentes fiscales requerir respetuosamente al presidente Luis Redondo Guifarro, para que en un plazo de 72 horas, ponga a disposición del MP la documentación e información electrónica sobre el caso de la red de diputados (Ufecic- Maccih) y otras líneas de investigación ligadas a graves actos de corrupción”.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, explicó que como el jueves no se pudo concluir el decomiso de los documentos que requería la Atic y a la fiscalía, el fiscal general ordenó a los fiscales que enviaran un oficio al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que en un término de 72 horas, desde el momento que se hace la notificación, pueda entregar la información que solicitan de las líneas de investigación que tienen.

Dijo que trabajan en las investigaciones la Uferco así como la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública que solicitaran información con especificaciones que aún no las conoce y que están en reserva en poder dar detalles para no entorpecer las investigaciones.

La documentación que requieren los fiscales es de las oficinas de pagaduría y contabilidad del Congreso Nacional, con el fin de indagar una de las líneas de investigación denominada “subvenciones”, la cual se refiere a la entrega de fondos a los diputados para realizar proyectos y ayudas sociales; pero no son liquidados, por lo que genera sospechas de que hubo desviación del dinero.

También se investiga la entrega del denominado Fondo Departamental durante la administración que dirigió el exdiputado Mauricio Oliva.

Como parte de esas investigaciones, Rodolfo Isaula, vocero del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), confirmó que se han emitido 88 informes correspondiente al Fondo Departamental, de los cuales 7 ya fueron enviados al Ministerio Público por encontrarse indicios de responsabilidad penal y tres están en proceso de su respectiva notificación. Indicó que los informes fueron el resultado de las auditorías especiales que les fueron encomendadas al TSC.

Dijo que, según el decreto emitido por el Congreso Nacional, ordena al Tribunal Superior de Cuentas realizar las investigaciones de tres periodos del 2006 -2018 y no de la administración actual.

Según el Ministerio Público, la documentación que requerían del Congreso Nacional es la relacionada con irregularidades denunciadas en el año 2022.

En ese año asumió como presidente del Congreso Nacional Luis Redondo y activaron la entrega de subvenciones para los diputados.

Redondo, en ese año, repartió entre los diputados oficialistas 100 millones de lempiras por concepto de subsidios para la ejecución de proyectos comunitarios y sociales.

Datos del Congreso Nacional establecen que en 2023 y 2024, entregó alrededor de 315 millones de lempiras, pero esa cifra puede ser más porque el portal de transparencia desde agosto no es actualizado.

En su cuenta de “X”, Luis Redondo dijo que lo ocurrido el 28 de noviembre es una clara violación al artículo 201 de la Constitución de la República que establece la inviolabilidad de los edificios e instalaciones del Congreso Nacional.

“Lamentamos profundamente el desconocimiento y la no aplicación de la Constitución por parte de los funcionarios que se presentaron”. Agregó que no existió ninguna obstrucción por parte de los funcionarios de este poder del Estado. Por el contrario, se ha exigido el respeto a la Constitución ante una flagrante violación que, como quedó evidenciado, culminó con la inmediata puesta en libertad de los afectados.

Expresó que les causaba extrañeza la forma de proceder de algunos funcionarios del Ministerio Público, lo cual transmite un mensaje equivocado de que el Congreso Nacional se rehúsa a colaborar, cuando la verdad es completamente opuesta.

Manifestó que han hecho denuncias como la presentada desde 2018, conocida como el “Robo Parlamentario del Siglo”, así como muchas otras relativas al saqueo ocurrido en administraciones pasadas del Poder Legislativo.

“Estas acciones fueron formalizadas desde el 9 de mayo de 2022 recibieron plena colaboración, incluyendo la entrega de documentación, equipos de cómputo y videos para los procesos de investigación y los elementos probatorios se encuentran en manos del Ministerio Público”, aseguró.

Expuso que con el objetivo de garantizar una colaboración efectiva, el Congreso Nacional formalizó los canales de comunicación mediante el Oficio No. PCN-074-2024, de fecha 6 de marzo de 2024, reforzado posteriormente mediante el Oficio PCN-487-2024, de fecha 15 de noviembre de 2024, dirigido al fiscal general electo los cuales están a disposición para que el Fiscal General del Ministerio Público pueda solicitar toda la información requerida conforme a las formalidades establecidas.

En su escrito, Redondo mencionó que actualmente se encuentra fuera del país y que darán toda la información requerida “pero reconozco y respaldo la actuación de los funcionarios legislativos en defensa de la Constitución”.

Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que “las primeras investigaciones de corrupción las realizó la Maccih y hay dos casos que vinculan el otorgamiento de recursos, como lo es Red de Diputados y Planeta Verde y se hablaba que eran más de 82 líneas de investigación y entiendo que solo unas 36 pasaron a la fase de requerimiento fiscal”.

“Desafortunadamente, el Congreso pasado realizó dos pactos de impunidad para los diputados, el decreto 119, que existe desde 2019, que era la ley del fondo de pagamento y el decreto 57 de 2020, que era una interpretación, en este caso, a la norma procesal que limitaba la posibilidad de secuestro de documentos por parte del Ministerio Público, que fue derogado por este Congreso, de hecho yo era la presidenta de la Comisión”.

Para Mena, la acción de la Atic fue correcta en función de recolectar toda la información vinculada al otorgamiento de dinero, ya sean subsidios, fondos o pensiones. “Sin embargo, creo que la reacción del Congreso es una reacción cegada y de protección a grupos particulares ahora afines del gobierno quienes se negaban a entregar la información correspondiente”.

Por su parte, Maribel Espinoza, diputada liberal, señaló que no existe un mecanismo constitucional para disolver el Congreso Nacional, y que los fiscales sí tienen libre acceso a todas las oficinas públicas con motivo de sus investigaciones junto con sus agentes.